Sebastián Mejías O.

"Somos consecuencia de no haber podido acceder a la banca, aun cuando mi marido se descresta trabajando de las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde todavía, y eso que ya somos viejos", asegura Verónica Belmar, quien reside en uno de los paños con más de 4.800 casas construidas en loteos irregulares en el bosque de Huaquén, en La Ligua.

Fue a mediados de 2016 que llegaron hasta el sector costero de la comuna, atraídos por su cercanía con el balneario La Ballena y por loteadores que les prometían que el sitio estaría regularizado en un plazo máximo de cinco años.

Pero nada de eso se concretó y, a cambio, lo que tienen es un terreno que, a la mayoría, nos les fue finalmente cedido de manera legal, y en el que tampoco pueden construir. Para estas familias el día a día se vive desde la incertidumbre.

El agua, la luz, caminos y servicios que, para buena parte de la población son de uso cotidiano, para estas personas representan la inestabilidad, de que la luz sea cortada cada momento o que el precio del metro cúbico de agua, de la que se abastecen por medio de camiones aljibe, cueste más de un 1.000% por encima de lo normal.

Avanza regularización

El aumento de loteos irregulares en distintas comunas de la región viene siendo una constante. A los casos dados a conocer durante los últimos meses, referidos a numerosas ventas de terrenos destinados a uso agrícola según el plano regulador en Laguna Verde, lo que provocó una expansión en la cantidad de habitantes, se agrega lo de La Ligua. Según datos extraoficiales, la cantidad de viviendas construidas en este tipo de terrenos, desde el 2001, superan las quince mil.

Verónica Belmar es una de las tantas mujeres que habita en este sector y representa, además, a los afectados en la mesa de trabajo para avanzar en la regularización. En ese grupo está presente el alcalde, su equipo municipal, además del diputado Diego Ibáñez. Lo que buscan, cuenta Belmar, es "democratizar los terrenos para todos los que accedieron a comprar con la promesa de la regularización".

"Nosotros compramos hace cinco años, muchas familias llegaron a vivir el mismo año que compraron. Tenemos familias que se casaron y que han criado a sus hijos acá, porque no estamos hablando de segundas viviendas, sino que de personas que invirtieron sus ahorros para radicarse en un lugar tranquilo, cercano al mar y lejos de las grandes ciudades", recalca esta dirigenta.

DE futuro complejo

A raíz de este tema el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, se reunió con el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, quien manifestó haber trabajado en torno a "temas tan importantes como hacer frente a los loteos irregulares y cómo se les da una solución a las familias, pero vamos a fiscalizar, vamos a hacer estudios de título y hacer una hoja de ruta que nos permita poner esos terrenos al servicio de la comunidad". Pese a estos dichos, el alcalde de la comuna siente que es complicado dar una solución que satisfaga a todos.

Desde su perspectiva, lo ocurrido se trata de un engaño que no fue fiscalizado en su momento, "hacia personas, muchas de las cuales son adultos mayores, que soñaban con tener su primera o segunda vivienda".

A pesar de ver complicada una solución a futuro, en la reunión el alcalde le solicitó al ministro Isamit "considerar caso a caso lo que ocurre con las familias, sobre todo por la gran cantidad de adultos mayores que no tienen acceso al agua". Sin embargo, insiste que el ministro "no puede ir contra la ley".

Por estos días el problema mayor, sostiene Pallares, es que los loteadores irregulares "siguen vendiendo terrenos que adquieren a bajo costo, para después multiplicar sus ganancias, ofreciéndolos con la esperanza de que serán regularizados en un plazo de cinco años".

"Somos consecuencia de una situación porque no pudimos acceder a la banca, aun cuando mi marido se descresta trabajando".

Verónica Belmar, Dirigenta de propietarios

"Le pedí al ministro considerar caso a caso lo que ocurre con las familias, especialmente por los adultos mayores que no tienen acceso al agua".

Patricio Pallares, Alcalde de La Ligua

"Vamos a fiscalizar, vamos a hacer estudios de título y hacer una hoja de ruta que nos permita poner esos terrenos al servicio de la comunidad".

Julio Isamit, Ministro de Bienes Nacionales

Hace solo unas semanas, en el marco de una de las tantas reuniones realizadas para gestionar soluciones a estos propietarios, apareció una noticia que pese a que no afecta a todos, fue un verdadero golpe a sus pretensiones de regularización. Se trata de una posible expropiación por la extensión de la Ruta 5 Norte, que en este momento no es más que un proyecto, y que perjudicaría a unas 500 casas de las 4.800 que hay en el paño ubicado en el bosque de Huaquén. Vecinos temen que no haya compensaciones justas por el valor que tienen estos terrenos agrícolas, además de la situación compleja de familias que no tienen otro lugar donde llegar.

Parlamentarios liderados por los diputados Tomás Fuentes y Camila Flores (RN) presentaron la "Ley del Mono Rural", un proyecto que pretende regularizar aquellos terrenos adquiridos a través de loteos irregulares. Si esta iniciativa tiene éxito, los dueños tendrán la oportunidad de ser reconocidos legalmente como propietarios.

La idea es dar una solución a la proliferación de estos denominados "loteos brujos", regularizando la situación de quienes tengan terrenos inferiores a los 5 mil metros cuadrados, a través de un mecanismo transitorio y excepcional, que les permitirá la inscripción del espacio ante el Conservador de Bienes Raíces.

Desde 1980 que en Chile se regula la división de terrenos rurales, destacando el hecho de que, como regla general, está prohibido practicar una división que resulte en predios de una superficie inferior a los 5 mil metros cuadrados.

En el proyecto presentado por el diputado Fuentes se puede leer que, al no reconocerse estos loteos inferiores a 0.5 hectáreas, "no es posible transferir un terreno que no cumpla con esa condición mínima, ya que no se encuentra inscrito como propiedad en el respectivo Conservador de Bienes Raíces y, como consecuencia de esto, tampoco tiene rol tributario, ni avalúo fiscal para tales fines".

En la mayoría de los casos ocurre que, además, la urbanización no está autorizada, ni tampoco se ha desarrollado formalmente, por lo que puede ocurrir que estos terrenos no tengan acceso a electricidad, ni tampoco a servicios sanitarios, telecomunicaciones o caminos públicos.

Aun así, plantea el proyecto de "Ley del Mono Rural", y pese a las limitaciones que actualmente existen, "los loteos y divisiones ilegales, que contradicen tales normas, han proliferado. Esto a raíz de dos dimensiones. La primera "tiene que con la necesidad de vivienda ante el déficit habitacional y el encarecimiento de éstas en las zonas urbanas o céntricas".

El segundo motivo que explica el aumento de loteos irregulares, señala el proyecto, guarda relación con "la disposición de los dueños de bienes que son divididos bajo la especial forma de "cesión o venta de derechos", figura mediante la cual se traspasan los derechos hacia quienes adquieran sus divisiones.

Prohibición de vender

Camila Flores (RN), una de las parlamentarias que promueve esta iniciativa, aseguró que, en un plazo de 18 meses, "las personas en esta situación podrán realizar la inscripción de sus terrenos ante el Conservador de Bienes Raíces".

Luego de que esto ocurra, añadió la diputada, los "terrenos tendrán la prohibición de ser vendidos en un período de cinco años y solo podrán ser comercializados una vez que se haya cumplido el plazo y cuenten con los permisos administrativos necesarios y pertinentes para la total regularización del predio".

"Los loteos y divisiones ilegales han proliferado. Esto surge por la necesidad de vivienda ante el déficit habitacional".

"Ley del Mono Rural"

"Terrenos tendrán la prohibición de ser vendidos en cinco años y solo podrán ser comercializados una vez que se haya cumplido el plazo y cuenten con los permisos".

Camila Flores, Diputada RN