El término del estado de excepción en todo el país representa uno de los pasos más importantes en el plan de desescalada que comenzó a aplicar el Gobierno junto con la disminución de las cifras de contagios y de muertes por covid-19. En la práctica, la medida significa que el Estado deja de enarbolar las razones sanitarias para restringir la libertad de movimiento durante la noche -toque de queda-, un argumento que comenzó a sufrir serios cuestionamientos en los últimos meses debido, en parte, a la falta de evidencia empírica que demostrara su utilidad práctica en el control de la pandemia.

Desde el punto de vista simbólico y como señal a la población, el fin de estas restricciones pone en manos de los ciudadanos la responsabilidad de adoptar conductas de cuidado y bajo riesgo, así como presiona al conjunto de personas rezagadas para que acudan a los vacunatorios a recibir sus dosis de inmunización.

Al interior de las oficinas de la autoridad sanitaria, el término del estado de excepción significa la desvinculación de una serie de profesionales que habían apoyado numerosas funciones y necesidades surgidas en el fragor del combate contra el SARS-CoV-2 y sus consecuencias. Su partida representa un desafío mayor para los funcionarios que quedan y, principalmente, para las autoridades responsables del ámbito salud, quienes se verán restringidas en la asignación de recursos y deberán decidir sobre la marcha las soluciones pertinentes ante una próxima escalada de contagios, casos activos y muertes. Todas estas consecuencias deberían allanar el camino para que tanto el sistema como la población asuman la enfermedad que gatilla el covid-19 como una más de las presentes en el año, tal como ocurre con la influenza y otras estacionales.De allí que parece del todo razonable que el Gobierno prepare un nuevo plan Paso a Paso que deja fuera las cuarentenas y aquellas medidas que restringen las libertades personales, para enfocarse en las exigencias individuales -pase de movilidad-, una política que va en línea con lo aplicado en otros países que presentan cifras similares a las chilenas.

¿Es este un camino hacia la normalización? Sí, claramente lo es. Un camino que también encierra un peligro: el relajamiento excesivo de las conductas que nos han permitido bajar los niveles de contagio. En ese sentido, el fin de semana que parte hoy representará una prueba mayor a las nuevas responsabilidades ciudadanas. Con un año y medio de prohibiciones, la bohemia porteña se armó de altas expectativas y su preparación se topará con la realización del carnaval Mil Tambores, que estos días 1, 2 y 3 de octubre celebrará sus 22 años de existencia. Aunque los organizadores insisten en que el evento no tendrá la vocación masiva de ediciones anteriores, cuesta imaginar esta actividad sin la algarabía nocturna de sus participantes. Será un buen test para demostrar si somos capaces como sociedad de sacarnos esta pandemia de encima.

Según el Decreto Supremo Nº 125 de 2004, el Día del Adulto Mayor se celebra el 1 de octubre y su principal objetivo es promover los cambios socioculturales necesarios para acoger e integrar a los adultos mayores en la sociedad y, a la vez, trabajar por erradicar la discriminación, los prejuicios sociales y estereotipos asociados a la vejez.

En Chile las personas mayores sufren una serie de problemáticas sociales, tales como la soledad y el aislamiento, que se han profundizado durante la pandemia, además de las brechas digitales y la invisibilidad de una sociedad que tiene un ritmo de funcionamiento vertiginoso y que parece no incluir a la ancianidad. Esto, sumado a las dificultades de acceso a instituciones y beneficios públicos, además de problemas de conectividad y desplazamiento, junto con dificultades de acceso eficiente y oportuno a los servicios que aporten en su salud y bienestar social.

A su vez, resulta innegable que los adultos mayores contribuyen económicamente a las familias, por medio del cuidado de sus nietos, pero subsisten su vejez con pensiones exiguas provenientes de las serias debilidades del sistema de pensiones vigente, en un país que sobrevalora el consumo y que tiene un elevado costo de la vida. Por ende, el empobrecimiento de las personas mayores, sumado a la discriminación y la exclusión, no genera las condiciones mínimas para su buen vivir y eso nos pone como sociedad en un desafío urgente: ¿cómo nos hacemos cargo de esta realidad que viven las personas mayores en Chile?

Desde la política pública vigente, bajo las directrices de la OMS, los municipios en conjunto con la academia nos hemos venido haciendo cargo de levantar los diagnósticos de ciudades amigables con los adultos mayores en los territorios, instancia que va a permitir mejorar una serie de situaciones que hoy se constituyen como brechas y barreras físicas, sociales y culturales que dificultan la vida de las personas mayores, donde hemos encontrado muchas debilidades, pero también mucha disposición de los municipios a avanzar y de los encuestados a participar; personas mayores motivadas, con voz, con opinión y con ideas creativas y potentes, para ser parte activa del cambio social que permita avanzar en materia de adultez mayor, aportando desde su capital humano y sus experiencias, fortaleciendo y procurando un verdadero envejecimiento activo que sume también a una sociedad más sana y reconciliada con el ciclo vital del ser humano.

Finalmente, no podemos olvidar que actualmente el país atraviesa un momento histórico, donde el proceso constituyente aún no ha hecho notar con fuerza que la adultez mayor es uno de los grandes temas con los que tiene la obligación ética de hacerse cargo y generar los espacios que permitan cumplir a cabalidad sus derechos constitucionales y un real mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, donde se le reconozca su enorme valor, su aporte a la sociedad y se respeten plenamente sus derechos humanos.