Días cruciales y frenéticos han marcado a la Convención Constitucional. Es que tras el receso obligado del pasado viernes luego de que se detectara un caso de covid positivo, lo que provocó la suspensión de la sesión, el lunes 27 se retomó la votación de las indicaciones para el reglamento general, el cual ya había generado disputas cruzadas entre los constituyentes y la semana, como era de esperar, no estuvo exenta de polémicas. Aunque, ciertamente, comenzó un tanto más complicada de lo que se pensaba.

Esto porque según informó El Mercurio, el pasado fin de semana la Agrupación de Abogados por Libertad y Democracia presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, el cual buscaba dejar sin efecto las votaciones de las sesiones 18 y 20 del pleno, momento en que inició la discusión del reglamento interno y los mecanismos por los cuales se aprobarían. Una presentación a la cual después de sumaron los diputados oficialistas Gonzalo Fuenzalida (RN) y Jorge Alessandri (UDI).

Y aun cuando dicho escrito fue declarado como inadmisible por el tribunal de alzada, que se declaró incompetente apuntando que ninguna autoridad o corte "podrá conocer acciones o reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución asigna la Convención", la arista legal no quedó ahí. El lunes, un grupo de convencionales de Vamos por Chile, también presentó un recurso de protección contra la mesa directiva, acusando una vulneración a su libertad de expresión y trabajo, acusando imposibilidad de hacer uso de la palabra.

La acción tuvo el mismo destino que el texto que entregó la Agrupación de Abogados por Libertad y Democracia: la Corte se declaró inadmisible. Eso sí, Teresa Marinovic (IND/RN) advirtió que "independientemente de lo que decida la Corte, presentaremos recursos de protección cada vez que estimemos lesionadas nuestras garantías individuales. La pasividad permanente de la derecha en defender sus principios es la que nos tiene en la situación actual".

Agridulce sabor de los dos tercios

Dejando las disputas legales de lado -a las cuales se sumó este miércoles un oficio de la derecha dejando en claro su intención de recurrir a la Corte Suprema por ciertas "vulneraciones" en la votación del reglamento-, sin duda que las últimas decisiones respecto del documento que regirá los destinos de la Convención no dejaron contentos a todos, particularmente con lo sucedido con los dos tercios, que más de un dolor de cabeza han dado a los constituyentes.

Pese a las aprensiones expresadas por varios representantes de izquierda, el órgano terminó ratificando el discutido guarismo, luego de rechazar con 90 votos en contra, 63 a favor y una abstención la enmienda presentada por el Partido Comunista, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y Escaños Reservados, que buscaba colocar un quórum de tres quintos. Además, los 2/3 fueron apoyados por 96 convencionales y solo 54 lo rechazaron, zanjando uno de los principales temas de controversia en el reglamento interno, que fue despachado el miércoles.

Pese al amplio respaldo en la votación, hubo visiones bastante disímiles respecto de lo aprobado. En el caso del oficialismo, los cuestionamientos apuntaron al denominado "plebiscito dirimente", el cual propone una consulta ciudadana en materias que no se logren zanjar por dos tercios, pero que conciten una mayoría, aunque no se estableció la forma en que esto operará. "La incorporación de plebiscito dirimente intermedio hace irrelevante el quórum de 2/3 (no habrá necesidad de alcanzarlo para aprobar una norma) y anticipa el siguiente paso: eliminarán plebiscito de salida 'por innecesario'. Pasada de máquina, en buen chileno", puntualizó Marcela Cubillos en redes sociales.

Por su parte, convencionales de la ex Lista del Pueblo centraron sus críticas en la ratificación del guarismo fijado en el Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución. "Aprobado el quórum de 2/3. Frente Amplio da el poder a la derecha y a la ex Concertación para frenar los cambios profundos que necesitamos. El Frente Amplio se va convirtiendo en el principal aliado de la burguesía chilena y extranjera para defender su modelo económico", apuntó María Rivera; postura compartida por Manuel Woldarsky, quien remarcó que "votar a favor de los 2/3 es no entender nada de lo que pasó en octubre" de 2019.

En la mesa directiva, sectores de centroizquierda y el FA, en tanto, se mostraron conformes con la determinación. La presidenta Elisa Loncon, por ejemplo, señaló que "mi voto es un llamado al Gobierno, acá respetamos la palabra y la Constitución, esperamos de su parte la misma reciprocidad, que cumplan con el mandato de colaborar a la Convención"; mientras Fernando Atria indicó que "hay quienes dirán que la Convención decidió que las normas constitucionales se aprueban por dos tercios, otros dirán que esta era una cuestión que ya estaba decidida, pero ambos llegan a la misma conclusión y creemos que este tema puede quedar zanjado".

Incertidumbre por negacionismo

Aprobado el reglamento interno, el jueves se inició con la discusión de las reglas de Ética, un documento que ya había generado varios reparos -la mayoría oficialistas- en su discusión en la comisión respectiva. En esta ocasión y como si fuera parte de un déjà vu, los mismos temas que habían generado polémica, nuevamente crisparon los ánimos entre los convencionales, donde sin duda la materia más compleja fue la que dice relación con el negacionismo.

En la votación, con 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones, se terminó ratificando la definición que provenía de la instancia respectiva, la cual indica que "se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este", sumando además "las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile".

La medida generó duras críticas en la centroderecha, donde también apuntaron al apartado bajo el cual "se entenderá por desinformación la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso". El exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, planteó que "insistir con censura del que piensa distinto es revelar que no tienen argumentos para defender sus posiciones. No nos van a callar a los que pensamos distinto".

Y si bien la iniciativa fue respaldada, entre otros, por el representante del PC, Marcos Barraza, quien afirmó que "son muchas las violaciones a los DD.HH. que en Chile han existido, ciertamente las de la dictadura y las ocurridas desde el estallido social en adelante que están consignadas en informes y también las que han vivido los pueblos originarios", en sectores más moderados de oposición no hubo el mismo apoyo.

La periodista Patricia Politzer, (Independientes no Neutrales) remarcó que "prohibir el negacionismo no evita dichos discursos. Como judía -cuya familia sufrió el Holocausto- conozco el dolor frente a la negación de violaciones a los DD.HH. La solución es más debate". El reglamento de Ética fue despachado durante la noche del jueves, mientras que el viernes partió la discusión de las reglas de Participación Indígena y Participación Ciudadana. 2

Nicolás Reyes Acevedo

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