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Nuevos lineamientos ante la crisis
A propósito del recrudecimiento de la migración irregular y de los ataques xenófobos, el Gobierno anunció una serie de medidas, entre las que incluyó un reforzamiento de las fronteras en puntos de control y observación, lo que se traduciría en la instalación de un nuevo campamento, con espacio para 50 efectivos policiales y un mayor contingente por parte del Ejército.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio cuenta el miércoles que las personas que logren ingresar al país "van a tener una entrevista especial y específica en las dependencias que estamos creando para aquello. Pero también quiero ser muy claro en esto, en los últimos 15 días el ingreso clandestino por esa zona, con las medidas que ya habíamos tomado, ha ido a la baja progresivamente y estamos monitoreando en tiempo real, esos números". Además, se anunció la creación de centros de acogida en Iquique y Colchane, que atenderán a 600 niños, niñas y adolescentes, y 480 adultos.
Medidas que si bien pudieran significar un cambio en la estrategia del Ejecutivo, no acalla los reparos por parte de la oposición. La diputada Camila Rojas (Comunes), por ejemplo, tilda esta respuesta como "insuficiente e irresponsable", aseverando que "un problema central que estamos observando es que no hay integración con el entorno y los albergues planteados carecen de garantías en ese sentido, pudiendo devenir campamentos de refugiados y, en definitiva, guetos migrantes. No hay garantías tampoco de que dichos albergues no terminarán en la expulsión de dichas personas, como lo fue la experiencia de enero y los overoles blancos".
La parlamentaria frenteamplista remarca además que "tampoco se atiende la necesaria regularización de las personas migrantes, reconociéndoles como refugiados, ya que la diáspora venezolana tiene un objetivo de asilo". En ese sentido, cita soluciones implementadas en otros países, como es el caso del asilo colectivo implementado el 2019 en Brasil o lo ocurrido en Colombia, "que consiste en una regularización temporal de las personas migrantes independiente de si llegaron por pasos habilitados o no. Hasta que ello no se produzca, las personas no pueden arrendar si tienen recursos, las mujeres no pueden comprar píldoras anticonceptivas o ser atendidas en consultorios"
No menos categórica fue la diputada Carolina Marzán (PPD), quien subraya que "la migración es un hecho y una acción absolutamente democrática, libre. Todos y todas tenemos derecho a migrar, a llegar, a partir, en fin. Creo que ningún ser humano puede quedar indiferente frente a lo que pasó en Iquique y frente a lo que sigue pasando".
Pero no se quedó ahí y disparó: "El Gobierno debe asumir su responsabilidad en esta materia. El presidente fue a Cúcuta, incentivó la llegada de migrantes venezolanos, creó una visa especial de entrada, es decir, el Gobierno propició, incentivó la llegada de migrantes y debe asumir los costos de esta catástrofe humanitaria. En segundo lugar, cualquier política pública sobre migración debe centrarse en el respeto a la persona, en su dignidad y derechos, siempre de cara a la comunidad y a sus inquietudes".
Problema de larga data
En el oficialismo, en tanto, existe una buena evaluación del actuar de la administración de Sebastián Piñera, apuntando que es un fenómeno que se remonta a varios años atrás. En ese sentido, de acuerdo a cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, se estima que para diciembre de 2020, la población foránea en el país, alcanzaba las 1.462.103 personas, un aumento de 11.770 respecto del año anterior y de 160.722, comparándolo con 2018. Respecto de las nacionalidades de los ciudadanos que entraron entre 2018 y 2020, la mayoría provienen de Venezuela (30,7%), seguido por Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%).
En ese sentido, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) sostiene que el punto más álgido sucedió "durante la anterior administración, donde se permitió el ingreso de miles de migrantes que venían con visa de turistas, sabiendo las autoridades que la intención real era radicarse en nuestro país. Y pese a que el gobierno anterior lo sabía, no hizo absolutamente nada por controlar dicha situación".
Por su parte, el parlamentario Andrés Celis (RN), asevera que "se está abordando la situación de una manera interdisciplinaria, resguardando los límites del país para evitar el ingreso masificado de personas cuya calidad de vida se ve seriamente afectada y que, en muchos casos, no figuran en nuestros registros, pero también disponiendo de medidas de cuidado para la atención de los niños, niñas, adolescentes y adultos que han llegado a Chile de manera irregular y que requieren urgentemente ser acogidos para no pernoctar en la intemperie y verificar su estado de salud".
En tanto, su correligionario Andrés Longton, valora la respuesta del Gobierno, destacando la actualización de la Ley de Inmigración y Extranjería, que estuvo ocho años durmiendo en Congreso. "También combinarlo con el resguardo y protección de aquellas situaciones humanitarias donde la vida de muchas personas están riesgo y que finalmente se debe a que están escapando de situaciones dramáticas por crisis políticas de gobiernos que pretenden replicar en este país", complementa.
En la misma línea, acentúa que "hay que resolver la crisis humanitaria claramente, y dar resguardo a ello, y eso lo está haciendo el Gobierno, pero más importante aún es tener una migración ordenada para proteger no solamente a los migrantes, que pasan penurias en nuestro país y tienen muchas carencias, y eso también claramente precariza la vida de los nacionales".
¿cómo enfrentar los nuevos flujos?
Críticas más o críticas menos y pese a las visiones contrapuestas, lo cierto es que hay coincidencias en que la solución a este conflicto requiere más de una visión, donde no solo se integre el resguardo de las fronteras, sino también una dimensión humanitaria, para hacer frente a las demandas de los migrantes. Esto último no se vislumbra como algo sencillo, entendiendo que para el Presupuesto 2022, el Gobierno planea un recorte del gasto público, una medida que justificó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda: "Si seguimos con este nivel de gasto en el sector público (como en 2020-2021), podemos tener efectos como que la economía se sobrecaliente".
Sobre esto último, el parlamentario Andrés Celis sostiene que "sin duda el presupuesto 2022 viene con un incremento menor a los años anteriores, sin embargo, debemos tener en cuenta la pandemia y los problemas económicos que ha traído. Además, no podemos ignorar que en años anteriores se ha buscado aumentar el gasto fiscal respecto de los migrantes, intentando reforzar ámbitos de institucionalidad, salud, educación y programas sociales".
Al respecto, la diputada Rojas puntualiza que "lo primero es abrir los ojos y reconocer que este no es un problema que pueda abordarse desde la perspectiva de un solo Estado y es impertinente la formulación de un incentivo o un desincentivo a la migración, que se produce por situaciones humanitarias. Cerrar las extensas fronteras chilenas también es imposible. Tiene que haber un esfuerzo de la comunidad internacional, de las relaciones internacionales para abordar la situación".
Así y todo, cuestiona que "a partir de una política migratoria que hizo crisis, se ha constituido un circuito que produce la irregularidad entre las personas migrantes: desde la imposición de las visas consulares, los procesos de regularización extraordinarios que piden documentos a gente que viajó sin los mismos, las autodenuncias que terminan en expulsiones, etc. Es central regularizar en nuestro país y abordar el fenómeno desde una perspectiva internacional".
El parlamentario Longton pone énfasis en que primero, se deben resguardar las fronteras "a pesar de las dificultades que ello implique" y por otro lado, "darle el trato humanitario correspondiente" a los ingresos irregulares o por pasos no habilitados, al margen de la forma en que se solucionen dichas situaciones, "es decir, ya sea con la expulsión, o con las reunificaciones familiares correspondientes, o bien la situaciones de asilo que se estén tramitando".
De todas formas, el legislador remarca que la aplicación de la nueva ley migratoria "debe ser de manera íntegra para efectos de poder dejar en el pasado esas visas laborales donde se cambiaba la calidad migratoria en nuestro país y eso tendía a la irregularidad, tendía a los abusos y a diversas situaciones que colapsaban nuestro sistema, afectando tanto a migrantes como a nacionales". 2