Justa o injustamente, las empresas tienen una imagen opaca, realidad presente en diversas encuestas que ha sido abordada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en un trabajo reflexivo de meses. Richard von Appen, actual presidente de la entidad empresarial y líder en la actividad portuaria y naviera, reconoce en entrevista con este Diario, rechazando condenas absolutas, que "hay empresas buenas, malas y regulares". Sostiene que "hay un sentido de autocrítica, pero también de optimismo… hay una intención real y genuina de mejorar y esto no va ser de un día para otro, pero espero ver resultados en los próximos meses".

En cuanto al centralismo, plantea que así como existe en el sistema estatal, también se presenta en el mundo empresarial y se refiere, como ejemplo, a los bancos que no participan en las organizaciones gremiales locales, "sino que solo lo hacen a nivel central". Indudablemente, esa situación aleja al sistema financiero de las realidades regionales.

Von Appen reconoce una inquietud que cruza muchas actividades nacionales: "Hay incertidumbre, lo que es muy complicado para el mundo empresarial, porque cuando uno toma decisiones de inversiones, el inversor ve qué se vislumbra para los próximos 10 o 15 años y esa certidumbre pasa mucho por la institucionalidad".

Y esa materia refiere directamente a la formulación del proyecto constitucional, tarea sobre la cual el presidente de la Sofofa tiene un "moderado optimismo", ya que "lentamente ha habido más diálogo entre las distintas partes de la Convención Constitucional y, también, en los debates presidenciales".

Ante la instancia constitucional los empresarios pedirán reuniones con las comisiones de la Convención que correspondan. ¿Serán escuchados olvidando consignas políticamente correctas?

Abordando el punto concreto de la desigualdad en los ingresos, Von Appen precisa que "las grandes empresas tenemos la responsabilidad de pagar mejores salarios" y ese fue un tema dentro de la amplia reflexión de Sofofa. ¿Se concretará esa saludable disposición?

Se trata de una interrogante que exige respuesta, especialmente cuando el líder empresarial afirma que "ojalá que en Chile nadie ganara menos de un millón o un millón y medio de pesos… pero para esos tenemos que ir evolucionando y esto no va a llegar solo por voluntarismo, también tiene que haber esfuerzo en educación, capacitación, incorporando tecnología. Yo creo que lo podemos lograr".

Buenas intenciones que se expresan en momentos de esa incertidumbre para muchos justificada por elecciones parlamentaria y presidencial y, de mayor peso aún, por un cambio constitucional donde aparecen inquietantes ánimos refundacionales.

La voz de los empresarios, con sus aciertos y desaciertos, merece ser escuchada con un sentido convocante, valorizando y estimulando decisiones que deben ir en beneficio de todos los sectores sociales.

Durante las últimas semanas, la Convención Constitucional ha debatido sobre la duración del mandato del próximo Presidente de Chile. El vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, señaló en Tolerancia Cero que el próximo Mandatario podría gobernar por menos de cuatro años. Este hecho ha generado un interesante debate a nivel político y también a nivel jurídico por las implicancias de las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

En este sentido, el Artículo 138 de la actual Constitución entrega respaldo a los dichos de Bassa, al señalar en su inciso segundo que la nueva Carta Fundamental no puede poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo en dos excepciones. Primero, si la autoridad electa forma parte de una institución que ha sido suprimida; y, segundo, si ha sido modificada de manera sustancial.

Si la Convención Constitucional decide avanzar en su propuesta, por ejemplo, hacia un régimen semipresidencial, parece del todo razonable sostener que dicha modificación se enmarca en lo que el artículo califica como "sustancial". Por lo tanto, estaría en sus facultades el reducir el periodo del próximo presidente de Chile y proponer dicha modificación a la ciudadanía en el plebiscito de salida a realizarse en el segundo semestre de 2022.

Sin embargo, la discusión de fondo no guarda relación con la dimensión jurídica -y en ese sentido, existe cierto consenso entre los constitucionalistas-, sino con la arista política y con el grado de información que los ciudadanos tendremos al momento de concurrir masivamente a las urnas. Esto quiere decir que enfrentaríamos una elección presidencial sin saber si el siguiente mandato tendrá o no un periodo más corto que sus antecesores. Uno de los problemas principales que genera esta situación, por la cercanía de las elecciones, es que existe una gran probabilidad que no sea zanjado antes de noviembre.

La Convención Constitucional deberá asumir con gran responsabilidad ética y política este proceso eleccionario, pues son depositarios de la confianza de una ciudadanía miope que se enfrenta a un resultado electoral incierto, en un contexto especialmente inédito y complejo y que se verá inexorablemente afectado por las decisiones que adopten en relación con la propuesta de un nuevo texto constitucional.

Lo que no puede ocurrir es que al momento de acordar las reglas que definan un eventual régimen de transición, las decisiones de la Convención se tomen en función de un criterio a la medida, según el resultado de las próximas elecciones presidenciales y la conveniencia o no que les signifique a los grupos de interés que la conforman, aun cuando exista un plebiscito de salida.

Es de esperar, por el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad del país, que la Convención Constitucional esté a la altura de las circunstancias, dado que está en juego el éxito o el fracaso de este proceso.