Cristián Rojas M.

Los diputados de oposición de la Región de Valparaíso se mostraron dispuestos a apoyar la acusación constitucional que se evalúa presentar en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los denominados Pandora Papers que, entre otras cosas, lo ligarían a una evasión de impuestos en la venta de la minera Dominga a su amigo Carlos Délano, celebrada en las Islas Vírgenes, reconocidas como un paraíso fiscal.

De presentarse la acusación, para tener éxito se requiere de 78 votos en la Cámara Baja, donde la oposición tiene 82 diputados. Sin embargo, las dudas surgen porque la anterior acusación constitucional contra Piñera, por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, no tuvo éxito debido a que algunos diputados de la DC y del PR no la votaron favorablemente.

Votos a favor en la región

"Sin lugar a dudas que hay cuestionamientos sobre la probidad en la actuación del Presidente de la República, por ello, debemos contrastar las causales constitucionales establecidas para una acusación constitucional en su contra, con el cuestionable comportamiento de Sebastián Piñera, atendiendo su temporalidad y procedencia, y si de ese análisis se concluye que existen antecedentes fehacientes de que hay vulneraciones abiertas a la Constitución y a las leyes, sin lugar a dudas que vamos a apoyarla", dijo la diputada del Distrito 6, Carolina Marzán (PPD).

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) planteó que "como oposición definimos transversalmente recabar toda la argumentación necesaria para configurar una acusación robusta que nos permita alejarnos de las tradiciones de impunidad que han reinado en la política chilena. El matrimonio que existe entre el gran empresariado y un sector de la política es algo que no podemos seguir permitiendo y, como parlamentarios, estamos en la obligación de hacer uso de nuestras herramientas fiscalizadoras. De darse una argumentación sólida, por cierto que contaría con nuestro voto favorable".

A su vez, el diputado Daniel Verdessi (DC) sostuvo que "la acusación constitucional contra el Presidente Piñera parece justificada en un primer análisis, por dos hechos fundamentales: en primer lugar, el hecho lamentable de que se haya eludido impuestos a través de realizar una venta de una propiedad en un paraíso fiscal como es las Islas Vírgenes. El único objetivo que tiene hacer una operación en estos lugares es la evasión de impuestos, lo cual realmente es algo inaceptable y afecta gravemente la imagen del país el que un Presidente de la República realice ese tipo de operaciones".

Asimismo, añadió que "lo que fundamenta más aún esta acusación es el hecho indudable que está en la cláusula tercera del contrato que se realiza con Délano, en la que establece que se debe evitar el que ese sector pase a ser un área protegida de tipo ambiental, lo cual es una facultad de Gobierno, por lo tanto, no es posible aceptar que esta operación se realice de acuerdo a ese contrato. Esos elementos forman parte de un hecho cierto que determina una factibilidad real de la acusación constitucional".

En tanto, el diputado Marcelo Díaz (Unir) se declaró "a favor de la acusación constitucional, creo que hay hechos en el anterior periodo del Presidente Piñera que dan cuenta de una actuación que favorece intereses privados, en algunos casos de la familia del Presidente, y en otros casos de Carlos Délano, dueño del proyecto minero Dominga e íntimo amigo del Presidente".

"la voy a votar a favor"

En ese sentido, el parlamentario precisó que "entre otras cosas, por ejemplo, la falta de medidas de protección ambiental, a pesar de que había propuestas sobre la mesa del Presidente, y la convocatoria extraordinaria, subrepticia, de la Comisión de Evaluación Ambiental, para respaldar y para aprobar Dominga, a pesar de haber fallos judiciales pendientes, y sin antecedentes nuevos, con documentación de hace ocho años, por lo tanto, yo estoy de acuerdo en la acusación constitucional y la voy a votar favorablemente".

A su vez, la diputada Camila Rojas (Comunes) señaló que "los antecedentes que ha reunido la investigación internacional de más de 600 periodistas y medios asociados, arroja antecedentes que, si bien algunos de ellos conocidos, dan cuenta de una notable infracción del principio de probidad (artículo 8 de la Constitución) y que, a su vez, compromete el honor de la Nación. Es por dichos motivos que se conformó un equipo jurídico que está dando forma a una necesaria acusación constitucional contra el Presidente-empresario, Sebastián Piñera. El texto se presentará la próxima semana y tiene apoyo de todos los partidos de oposición. Apoyaré porque considero que hay fundamentos para tomar esta acción".

Por su parte, el diputado Rodrigo González (PPD) detalló que "ya tomamos una decisión como bancada del PPD, de apoyar la acusación constitucional, pues estamos convencidos de que hay conflictos de interés de parte del Presidente, desde el inicio, pero que se han reiterado en el tiempo, dando distintas señales de que quiere favorecer a la minera Dominga".

En tanto, el diputado Jorge Brito (RD) puntualizó que "como bancada de Apruebo Dignidad, en conjunto con la oposición, estamos trabajando el sustento jurídico para llevar adelante la acusación constitucional. Entre los antecedentes está que desde La Moneda se habrían negado a declarar como Zona Marítima Protegida al sector de La Higuera, comuna donde precisamente se busca emplazar en la Región de Coquimbo la minera Dominga. Además, los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental acusaron presiones para aprobar la resolución del proyecto".

"Ya tomamos una decisión como bancada del PPD, de apoyar la acusación constitucional".

Rodrigo González, Diputado (PPD) Distrito 7

"La acusación constitucional contra el Presidente Piñera parece justificada en un primer análisis".

Daniel Verdessi, Diputado (DC) Distrito 6

"El texto se presentará la próxima semana y tiene apoyo de todos los partidos de oposición. Apoyaré".

Camila Rojas, Diputada (Comunes) Distrito 7

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), si bien no quiso pronunciarse sobre cómo votará, ya que de tener éxito el libelo en la Cámara Baja y pasar al Senado le tocará ser juez en esa instancia, calificó lo ocurrido como "gravísimo, y Piñera tendrá que responder". A su juicio, "acá habría causas suficientes -y es parte de lo que hay que evaluar con la acusación- respecto de evasión de impuestos en paraísos fiscales; también conflicto de interés por Dominga, de su amigo íntimo, el señor Délano; un proyecto que este segundo Gobierno de Piñera está queriendo acelerar, dar luz verde y aprobar".

La decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de ordenar a las Juntas de Vigilancia del río Aconcagua de regular sus compuertas de forma permanente para asegurar el caudal a la zona metropolitana del Gran Valparaíso ha generado diversos cuestionamientos en las autoridades del sector.

Esta resolución apunta a reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía y el riesgo de desabastecimiento de agua potable a la población del Gran Valparaíso.

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, reconoce que la finalidad de esta medida es importante, sin embargo, cuestiona la forma en que se hará: "Tiene como propósito bastante loable favorecer el suministro de agua de consumo humano en la zona metropolitana de la región, pero esto no se puede hacer a expensas de sacrificar un vasto territorio, los identitarios culturales, territoriales, sacrificar la vocación productiva en el Valle de Aconcagua, particularmente la agricultura familiar campesina".

"Una iniciativa de esta naturaleza significa secar 25 canales, favorecer la infiltración de las aguas en la primera y la segunda sección, beneficiando a los mismos de siempre, particularmente a los grandes productores del Valle de Aconcagua que destruyeron toda la flora y la fauna nativa de los cerros y que hoy día lo que hace ahí es campear el monocultivo de palto", complementó la autoridad.

En esa misma línea, Mundaca criticó duramente la medida de la DGA, enfatizando además que en ningún momento se le consultó al respecto: "Son iniciativas unilaterales, arbitrarias y que tienen como fin, una vez más, favorecer a los grandes productores y más poderosos de palto en el Valle del Aconcagua, pero también sacrificar a una comunidad que hoy ve con espanto como decisiones unilaterales de esta naturaleza atentan contra el proceso de descentralización. Este gobernador regional, electo democráticamente en la Región de Valparaíso, también se enteró por la prensa".

Alcaldes se oponen

A través de una declaración pública en conjunto, los ediles de las comunas de Calle Larga, San Esteban y Los Andes también mostraron su repudio e indignación frente a la decisión de intervenir la primera sección del río Aconcagua y así favorecer con recurso hídrico a las comunas que componen el Gran Valparaíso.

Los jefes comunales temen por el peligro inminente de "secarse" el valle de Aconcagua, en desmedro de los pequeños agricultores, regantes, crianceros y los habitantes de toda la provincia.

Manuel Rivera, alcalde de Los Andes, aseguró que "nuevamente se demuestra una mala señal de centralismo regional, en desmedro de nuestros agricultores y nuestro consumo humano".

"No compartimos esta decisión, porque nos genera problemas cuando estamos en plena época de brotes, y luego vienen las cosechas. Existe falta de fiscalización del río, por ende, ha sido asesinado, devastado y su uso ha sido indiscriminado", señaló, por su parte, el alcalde de San Esteban, Christian Ortega.

En tanto, Dina González, jefa comunal de Calle Larga, enfatizó su sorpresa frente a la medida: "Estamos preocupados y sorprendidos porque no se nos toma en cuenta. Ahora no podemos asegurar el consumo humano. El agua se nos está acabando, es urgente retomar la propuesta de región Aconcagua y avanzar en medidas desde ya".

"Son iniciativas que tienen como fin, una vez más, favorecer a los grandes productores y más poderosos".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional