"Histórico" acuerdo global permitirá fijar impuestos a las grandes multinacionales
MULTILATERALISMO. Ayer, 136 países, incluido Chile, ratificaron un nuevo marco tributario alentado por la OCDE para disminuir uso de paraísos fiscales.
Agencias / Redacción
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció ayer el exitoso término de las negociaciones para un nuevo marco fiscal global, que derivaron en un "histórico" acuerdo que permitirá fijar un impuesto mínimo del 15% a las firmas multinacionales, cuyos beneficios se repartirán en los países donde ese tributo se genere.
El acuerdo logrado incluye a 136 naciones y jurisdicciones -entre ellas Chile-, las cuales engloban más del 90% del PIB mundial. Solo cuatro países se restaron del consenso: Pakistán, Nigeria, Kenia y Sri Lanka.
Según la OCDE, este pacto generará ingresos para los estados de unos 150.000 millones de dólares anuales gracias al alza tributaria, y la redistribución de otros 125.000 millones de dólares entre los países.
LARGAS NEGOCIACIONES
La llegada al gobierno de Joe Biden supuso un reimpulso a las negociaciones internacionales que buscaban reducir el uso de paraísos fiscales por parte de las grandes empresas, luego que la administración de Donald Trump bloqueara el avance de la iniciativa.
A ello se sumó la anuencia de tres países europeos con baja carga de impuestos a las empresas, que se sumaron al acuerdo luego de su renuencia inicial: Irlanda, Hungría y Estonia. Ello permitió el logro simbólico de tener a todo el G20 y a la totalidad de los países miembros de la OCDE comprometidos con la iniciativa.
"El acuerdo de hoy hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado", destacó el secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.
Ayer se celebró una reunión virtual entre los 140 países y territorios que forman parte del llamado "marco inclusivo" para crear, por primera vez, de un mecanismo para que las grandes empresas paguen impuestos por los beneficios que generan en cada Estado o territorio, así como una fiscalidad mínima para los impuestos de sociedades.
Este acuerdo se debatirá en la cumbre del G20 del 30 y 31 de octubre en Roma, donde se estudiarán los próximos pasos para que lo pactado pueda aplicarse ya desde 2023.
Un primer paso será que los países ratifiquen durante 2022 un convenio multilateral, que evitará entramparse en el proceso de renegociar y ratificar miles de tratados bilaterales en todo el mundo, un proceso que podría alargarse muchos años.
El segundo paso consistirá en que la OCDE desarrolle un modelo de legislación para que los países puedan someter a una aprobación rápida las medidas incluidas.
Los pilares
El primero de los pilares del acuerdo fija el volumen del beneficio residual -el queda después de que el país sede haya descontado el impuesto del 10% de la rentabilidad- que se repartirá entre los países donde operan las compañías, que se acordó fijarlo en 25%.
Ese pilar se refiere a grandes empresas con facturación mundial superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad de 10%, cuyo reparto de beneficios se haría entre los países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros (o 250 mil en pequeños estados). Su aplicación permitirá la redistribución unos 125.000 millones de dólares anuales.
El pilar 2 establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías que facturen al menos 750 millones de euros.
Esta nueva tasa mínima generará ingresos fiscales de unos 150.000 millones de dólares en todo el mundo, según la OCDE, que también prevé beneficios adicionales "por la estabilización del sistema fiscal internacional y por el aumento de la seguridad fiscal".
"Hará que las disposiciones fiscales sean más justas. Es una victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado".
Mathias Cormann, Secretario de la OCDE
"Las corporaciones que tienen beneficios pagan su parte justa y los gobiernos tienen recursos para sus trabajadores".
Joe Biden, Presidente de EE.UU.
136 países y jurisdicciones, entre ellos Chile, formarán parte del acuerdo que esperan se aplique desde 2023.