Sebastián Mejías O.

A inicios de mes, Juan Carlos Manríquez fue votado por los miembros de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional para integrar el Comité de Asesoría Legal a cargo de aconsejar legalmente a los litigantes ante el tribunal, además de sus reglas y jurisprudencia.

Actualmente, son cerca de 600 los abogados habilitados para litigar en la CPI, provenientes de todas partes del mundo y pertenecientes a todos los sistemas legales. Se dividen en dos áreas, una enfocada en satisfacer las necesidades de las víctimas y otra, en la que participa Manríquez, dedicada a formar grupos de litigación para defender casos, realizar informes, o bien, recibir encargos de otras partes del mundo.

Personalmente, este reconocido abogado porteño está trabajando en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quienes fueron obligados a salir de su país para encontrarse, ahora mismo, trabajando en el exilio y de manera dispersa en distintas naciones. Junto con ello, está revisando una petición del pueblo kurdo, que alegan continuas agresiones de parte del Estado Sirio y del Ejército de Turquía.

- Usted calificó su elección para integrar el Comité de Asesoría Legal de la CPI como un hecho significativo para el país. ¿Por qué?

- Porque en este rol recibiré las consultas y dudas de los diferentes abogados habilitados para litigar en la CPI, por lo que tendré que producir constantemente informes, así como tener un rol propositivo tanto en la Barra de Abogados (una suerte de colegio de abogados de la CPI), como en la Corte. De ahí es bien importante que nuestra cultura jurídica esté en condiciones de poner sus puntos de vista, pensando en que muchas de esas actividades de la corte tendrán efecto en Latinoamérica en el mediano y corto plazo.

- ¿Qué rol cumple actualmente nuestro país en la Corte Penal Internacional?

- En la CPI hay solamente dos abogados chilenos habilitados para trabajar. Uno es mi amigo y colega, Francisco Cox, que se especializó en la atención de víctimas, mientras que el otro soy yo, especializado en defensa. Además, del ámbito latinoamericano Chile ha sido el país más activo en las distintas instancias y estructuras de la CPI. Eso conlleva a que el idioma español vaya tomando cada vez más fuerza en un Tribunal cuyos idiomas oficiales son el inglés y el francés.

- ¿De Valparaíso al mundo?

-Haberme formado en esta ciudad, en la Universidad de Valparaíso, me ha servido mucho, porque acá siempre ha estado la vanguardia. A pesar de los momentos duros que pasó últimamente, Valparaíso es una ciudad con una tradición de modernidad donde siempre se encontraron múltiples culturas.

- ¿Cuántos procesos está llevando actualmente y cómo hará para equilibrarlos con su rol en la CPI?

- A nivel nacional estoy involucrado en no menos de treinta casos, vinculados a las distintas asesorías que tenemos. Sin embargo, hay muchas aplicaciones telemáticas que a uno le permiten organizar su trabajo e, incluso, la CPI va a seguir utilizándolas para las audiencias urgentes.

- ¿Cuál es la situación actual de nuestro país en materia de derechos humanos en la CPI?

- América Latina y Chile, particularmente, está siendo foco de denuncias a nivel global por el tema de los DD.HH. que pueden desembocar, en plazos relativamente cortos, en investigaciones formales, en tanto la Fiscalía de la corte entienda que existen razonables bases de evidencia, seria y contundente, en materias de posibles delitos de atentados sistemáticos contra los DD.HH. Son cerca de doce las denuncias que se han recibido de parte de organismos nacionales pero también europeos después del 18 de octubre, donde algunos denunciantes entienden una política activa u omisiva de violaciones a los DD.HH. de parte de agentes del Estado en el uso de instrumentos de contención del orden público.

- La CPI tiene también competencias medioambientales. ¿Cómo afectaría eso en el caso de Chile?

- Sobre ese tema, Chile está ahora mismo con un semáforo naranja, considerando que estoy trabajando en la comisión que regula las bases de estudio para tipificar un quinto delito, que es el de ecocidio. De avanzar, esto podría traer más de un coletazo a nuestro país, por cómo se ha venido explotando el agua y la minería, pero también por cómo se debate en torno a la existencia o no de zonas de sacrificio, la pesca de arrastre y los procesos de deforestación y defaunación de zonas nativas. De tipificarse el ecocidio, se perseguirán estos graves atentados contra la naturaleza. Hay harto apoyo a nivel global.

"De avanzar la tipificación del delito de ecocidio, esto podría traer más de un coletazo a nuestro país por cómo se ha venido explotando el agua, la minería y la existencia de zonas de sacrificio".

Un total de 12.700 artículos incautados fue el resultado del análisis de inteligencia y posterior revisión física realizada ayer por los fiscalizadores de la Aduana de San Antonio, quienes seleccionaron un contenedor que ingresaba vía marítima desde China, con una carga que, según la documentación aduanera, contenía carros para compras.

El trabajo de la Unidad de Análisis de Riesgo de esa repartición determinó las inconsistencias y procedió a "marcar" la carga. Así, el conteo presencial arrojó un total de 57 cajas que contenían 3.000 pistolas eléctricas, 700 linternas de descarga eléctrica o "electroshock" y 9 mil unidades de gas pimienta.

Según regula el artículo 3 de la Ley de Control de Armas, estos productos, que tenían como destinatario un importador de la Región Metropolitana, están prohibidos en el país.

El subdirector administrativo de la Dirección Nacional de Aduanas, Gustavo Poblete, destacó el trabajo institucional a lo largo de todo Chile: "Los esfuerzos desplegados en el trabajo de análisis de inteligencia hoy nos permiten llegar a este tipo de hallazgos, de elementos altamente sensibles por el daño que pueden provocar a las personas al ser comercializados informalmente, o bien para ser utilizados directamente en la comisión de delitos. Si bien este se produce en San Antonio, tenemos levantadas alertas permanentes y funcionarios constantemente capacitados para alertar el ingreso ilícito de estos productos".

"Durante el periodo enero-julio del presente año hemos aumentado un 249% las incautaciones. En términos globales, hemos aumentado en 53 mil elementos incautados, como los son fuegos de artificio y cajetillas de cigarro, que tienen que ver con la Ley de Tabaco", agregó.

Por su parte, la administradora de la Aduana de San Antonio, Silvia Mack, comentó que "esta incautación se suma a otra muy relevante ocurrida en julio, cuando logramos detectar un contenedor completo con 24 toneladas de fuegos artificiales. Tenemos el encargo de proceder con especial atención ante la posibilidad de que existan cargas sospechosas de ingresar a Chile, en nuestro caso, vía marítima, con mercancía de contrabando, oculta o simulando ser otro producto lícito. Como Aduanas ponemos a disposición la tecnología y la experiencia para detectar a tiempo estos ilícitos y así impedir que lleguen a comercializarse."

En esa misma línea, el subdirector de Fiscalización, Alonso Vega, informó que durante el primer semestre de este año el Plan Integrado de Fiscalización en Seguridad de Aduanas logró 53.795 unidades de productos incautados, entre armas, sus partes y piezas, municiones, además de los 681.702 tiros de fuegos artificiales incautados por San Antonio en julio.

Cabe destacar que este servicio se unió a fines del año pasado a la mesa de trabajo convocada por el Ministerio del Interior, y que está conformada por las policías, la Dirección General de Movilización Nacional y la Subsecretaría del Interior. Sus objetivos han sido compartir datos que permitan realizar perfilamientos de riesgo, así como operativos cada vez más eficaces y selección de operaciones de importación enfocadas a perfiles de riesgo previamente definidos.

"Los esfuerzos desplegados en el trabajo de análisis de inteligencia hoy nos permiten llegar a este tipo de hallazgos".

Gustavo Poblete, Dirección Nacional de Aduanas