Redacción

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, negó las acusaciones formuladas por funcionarios de esa cartera, quienes denunciaron el presunto uso de recursos públicos para favorecer la candidatura a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino.

El domingo, Canal 13 emitió un reportaje en el que trabajadores del ministerio acusaron, en forma anónima, que Rubilar coordinaría acciones de apoyo al candidato, impartiendo instrucciones a los trabajadores de la Dirección de Prensa a través de grupos de WhatsApp.

Los denunciantes aseguran que Pino participa en el chat de dicha unidad y que en estas instancias se pide a los trabajadores preparar material para el aspirante al Congreso por el distrito 8. A modo de ejemplo, señalan que "las gráficas utilizadas por el candidato en sus redes personales son diseñadas al interior de la oficina ministerial".

"No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido", dijo la ministra. "Porque digo la verdad les pido que me crean", señaló en un video.

Dijo además que envió un oficio a la Contraloría para que determine si existió alguna falta administrativa "ante unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp, que la jurisprudencia además señala no son un canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios, y un Zoom con computador e internet personal de amigos que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación".

Antes, Contraloría había anunciado que pediría un informe al ministerio de Desarrollo Social ante denuncias ciudadanas y de parlamentarios sobre el caso. Uno de ellos fue el diputado Gabriel Ascencio (DC), que envió un oficio de fiscalización.

A su juicio, los hechos denunciados "constituirían una abierta intervención electoral de parte de la señora ministra y de funcionarios de su ministerio en favor de la campaña de su pareja, aprovechando la imagen institucional, recursos fiscales y a funcionarios públicos en horario de trabajo".

Según Ascencio, estas acciones podrían constituir infracciones a diferentes normas sobre probidad administrativa, además de contravenir las instrucciones que ha dado la propia Contraloría sobre la participación de funcionarios públicos en campañas electorales. En La Moneda "perdieron toda vergüenza" y "se quieren llevar hasta los muebles para la casa", agregó.

La ministra Rubilar, en tanto, informó la apertura de un sumario en la cartera "con el objeto de determinar la veracidad de la denuncia efectuada".

El viernes 15 de octubre, el mismo día que el Registro Civil adjudicó el desarrollo de pasaportes y cédulas de identidad a la empresa china Aisino, un exfuncionario del organismo presentó una querella contra su director, Sergio Mierzejewski, acusándolo de privilegiar a la firma asiática.

El querellante es Bruno Opazo, quien fue jefe de desarrollo informático del servicio entre los años 2006 y 2013 y que habría tenido a su cargo la aprobación de los informes de cumplimiento presentados por Morpho, hoy llamada Idemia, empresa que actualmente opera el sistema de identificación.

La acción judicial es por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información reservada. Además del director Mierzejewski, va dirigida contra otros funcionarios y exfuncionarios, a quienes acusan de haber ejecutado diversas acciones para lograr que Aisino ganara la licitación.

La querella menciona, por ejemplo, al excoordinador del proceso de licitación e implantación del Sistema de Identificación de Chile en 2010, Luis Fuentes, quien habría sido recontratado en 2018 para participar en la elaboración de las bases de la licitación que acaba de concluir. "Luego de haber tenido conocimiento de ellas, realizó gestiones a nombre de la empresa Aisino Corporate", señala el libelo.

Respecto a Mierzejewski, la acción argumenta que este no ha dado suficientes respuestas sobre la baja ponderación (30%) de la oferta técnica en las bases de la última licitación, lo que a juicio del querellante demuestra "la necesidad de ocultar" la identidad de quienes elaboraron dichos documentos.

"Existen claros indicios que demostrarían que funcionarios públicos y ex funcionarios públicos tuvieron acceso a información reservada o secreta y posteriormente develaron o entregaron dicha información a terceros, lo que habría tenido como efecto que en la licitación ya antes mencionada fuera privilegiada una empresa en particular", agrega la querella.

La comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera inicia hoy el análisis del libelo presentado por parlamentarios de oposición, por la venta de la participación en minera Dominga de la sociedad Piñera-Morel a la familia Délano en 2010.

La instancia, presidida por la diputada Maya Fernández (PS), recibirá durante la jornada el testimonio de distintos invitados, entre ellos el fiscal nacional Jorge Abbott y los periodistas de Ciper y LaBot, medios que publicaron la información contenida en los denominados Pandora Papers.

El objetivo es conocer en detalle los últimos antecedentes revelados sobre el negocio y si estos estuvieron a la vista de la Fiscalía cuando investigó el caso en 2017.

Previo al inicio del trabajo de la comisión, los diputados de la Democracia Cristiana (DC) acordaron respaldar en bloque la acusación constitucional, de acuerdo a lo informado por el diputado José Miguel Ortiz.

"Puedo decir de forma oficial que los 11 diputados y 1 diputada vamos a votar a favor de la acusación constitucional. Ya nos definimos, es por eso que el jefe de bancada firmó la acusación, sino no la habría firmado", manifestó el parlamentario.

Ortiz aseguró, además, que la votación se realizará antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

En tanto, desde el oficialismo la senadora UDI Jaqueline Van Rysselberghe reiteró su rechazo a la arremetida de la oposición, calificándola como un "golpe de Estado".

"A uno podrá gustarle o no el presidente Piñera, pero que un presidente electo democráticamente sea sacado, sacar de su cargo a un presidente electo democráticamente, en todas partes se llama golpe de Estado. Podrá ser un golpe de Estado blanco, pero un golpe de Estado al fin", expresó en radio ADN.

El mandatario tiene hasta el próximo 28 de octubre para presentar su defensa a la Cámara de Diputados.

La cadena de retail Walmart, propietaria de los supermercados Líder, Ekono y Acuenta, presentó su respuesta a la demanda por abuso de posición dominante que interpuso hace un año en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (Agip).

El gremio acudió al TDLC acusando a la compañía de "imponer" a los proveedores la contratación y cobro de servicios por concepto de reposición y centralización. En su respuesta, Walmart señala que "no existe ningún tipo de imposición comprobable" y que los acuerdos con estas empresas son fruto de largas negociaciones.

La firma señala que la demanda de Agip "obedece a un tema netamente comercial y no de libre competencia". Además, argumenta que los sistemas de reposición de los proveedores generan efectos negativos en las salas de venta por la menor disponibilidad de productos, y en las inmediaciones de los supermercados por los atochamientos que producen sus camiones. Walmart también aseguró que son los proveedores los que intentan hacer imposiciones y cuestionó que actúen "en bloque".

La Agip agrupa a empresas como CCU, Carozzi, Agrosuper, Softys, Coca-Cola, Nestlé, P&G y Soprole, entre otras.