Fueron cerca de 250 los pescadores de la ex Caleta Sudamericana que, arriba de 50 embarcaciones, zarparon ayer desde Quintero para retornar al muelle Prat y mantenerse en ese lugar indefinidamente, por lo menos hasta que el Gobierno cumpla con los requerimientos que realizaron. Reclaman no haber podido realizar sus labores en estos últimos 75 días, luego de concluir el contrato con Caleta El Manzano que los acogía, tiempo en que se llevaron adelante intensas negociaciones con el Gobierno que, a día de hoy, dijeron los pescadores, están en fase de ultimátum cuya fecha de vencimiento es hoy al mediodía.

Desde la movilización de los pescadores manifestaron que si tomaron la decisión de retornar al espigón es que están en la "búsqueda de subsistencia, porque ya no hay más tiempo". Advirtieron que si el Gobierno no satisface el petitorio realizado, de subsidiar mensualmente, por los próximos cuatro años, a los cerca de 273 trabajadores que quedan de la ex Caleta Sudamericana, "harán uso indefinido del espigón para poder trabajar".

Un total de 450 mil pesos mensuales, por los siguientes cuatro años, es los que piden los pescadores al Gobierno para retirarse del muelle Prat. Si bien reconocen que la cifra es elevada, el cálculo fue realizado en base a datos de Sernapesca, que señalan que esa sería una parte de las ganancias que ellos podrían percibir, de seguir trabajando en su lugar de toda la vida.

"ellos incumplieron"

Felipe Olea, abogado, representante de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, fue claro con respecto a las intenciones de la movilización: "si el Gobierno no nos da el subsidió que pedimos, los 273 trabajadores permanecerán en el espigón".

Olea cree que, con lo de ayer, "el Gobierno traspasa un problema que tenía una solución de diálogo y pacífica, a un ambiente de choque con las Fuerzas Armadas, para que los marinos repriman".

"Después de todo, los incumplidores fueron ellos. Tras ocho años, son ellos lo que no construyen la caleta. No fueron un par de meses, fueron ocho años", subrayó el representante de los pescadores.

En este tiempo, añadió Olea, "no se ha puesto ni la primera piedra y como no hay nada, técnicamente nuestra gente tiene la razón de retornar a su lugar".

Para este abogado, "lo que el Gobierno hizo en 2013 y lo que pretende hacer ahora es erradicar, eliminar a los pescadores de la Caleta Sudamericana, porque si tú los sacas ocho años, que ya se cumplieron, y los mantienes cuatro años más, que sabemos que nunca en estos cuatro años construirán la nueva caleta, se cumplirán 16 años donde se perderá toda una generación de pescadores".

Nueva caleta

En definitiva, Felipe Olea comentó que los afectados no tienen mayor certeza, considerando que se venció el contrato con la Caleta El Manzano, pero también que "la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), reconoció hace un mes atrás que recién van a iniciar en cinco años más las obras de ampliación del terminal 2".

La alternativa que planteó fue que "los pescadores podrían perfectamente retornar a su caleta, radicarse y trabajar en los próximos cuatro años y, luego, cuando la nueva caleta esté terminada, desalojar el sitio y que EPV dé inicio a su proceso de ampliación".

Mejorar habitabilidad

La respuesta del Gobierno sobre esta medida de presión de los pescadores llegó de parte de la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, quien recordó que todos ellos ya fueron indemnizados en 2013.

Dicho esto, a la autoridad le interesa garantizar que la labor de estos trabajadores de la pesca continúe dándose en Caleta El Manzano, de Quintero, ofreciéndoles ayudas especiales "para mejorar su habitabilidad, así como también apoyo en los traslados desde Valparaíso".

La subsecretaria Alicia Gallardo añadió en este tema que "los dirigentes de Caleta El Manzano están abiertos a firmar un acuerdo para mantener a los pescadores en ese lugar, hasta que ellos tengan su caleta definitiva". Y sentenció que la "van a tener, y el propio director de obras portuarias ha estado atento en avanzar en esos procesos, realizando labores en terreno para identificar este nuevo espacio que estará disponible en 2024".

"El Gobierno traspasa un problema que tenía una solución de diálogo, a un ambiente de choque con las Fuerzas Armadas".

Felipe Olea, Abogado de los pescadores

"Queremos garantizar que seguirán trabajando en Caleta El Manzano, para ello hemos dispuesto de ayudas especiales".

Alicia Gallardo, Subsecretaria de Pesca

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desechó la acusación ingresada por la funcionaria del municipio de Valparaíso, Cecilia Ugalde, contra nueve concejales porteños, para quienes pedía la sanción de remoción por una serie de hechos que calificaba como irregulares.

En su fallo, que es inapelable, el Tricel apoyó la tesis defendida por los ediles respecto de que Ugalde no tenía atribuciones para emprender la acción legal que pretendía.

"Doña Cecilia Ugalde Oliveros, en su calidad de Alcaldesa Subrogante de la Municipalidad de Valparaíso, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, y dentro del lapso de 3 días en que ostentó esa calidad, interpuso requerimiento de remoción de algunos concejales del mismo municipio, por hechos acaecidos durante el año dos mil veinte", explica el texto de la sentencia dado a conocer ayer.

Allí también el Tricel precisa que la actual legislación no entrega al alcalde subrogante, facultades para perseguir la remoción de autoridades electas por sufragio universal. Por ello, el fallo estima que "se procede acoger el recurso de apelación interpuesto" por los concejales y se declara que "la Alcaldesa Subrogante del Municipio de Valparaíso, señora Cecilia Ugalde Oliveros, carece de legitimación activa para incoar la acción de remoción de los concejales requeridos".

En su acusación, presentada en primera instancia ante el Tribunal Regional Electoral (TER), Ugalde afirma que los concejales Iván Vuskovic, Eugenio Trincado, Ruth Cáceres, Claudio Reyes, Daniel Morales, Yuri Zúñiga, Marina Huerta, Pedro Solís y Jaime Bahamonde cometieron irregularidades e infracciones a la legislación vigente.

Los ediles adquirieron notoriedad debido a su permanente cuestionamiento del alcalde Jorge Sharp y la mayoría de ellos firmó la acusación por notable abandono de deberes que aún se tramita contra el jefe comunal porteño.

De todos los mencionados, solo Daniel Morales fue reelecto como edil de Valparaíso.

Reacciones

Sobre la decisión del Tricel, el exconcejal Iván Vuskovic expuso que "este fallo ha vuelto a las cosas a la normalidad". "Era completamente fuera de todo rango que la señora administradora municipal, doña Cecilia Ugalde nos acusara por el hecho de haberla destituido. En el fondo, eso es lo que ella está haciendo, tratar de desquitarse, digamos así, del hecho de que la hayamos destituido".

Agregó que "el punto es bien sencillo. Ellos pedía que hubieran una serie de formalidades que había que hacer para destituir", indicando que tales exigencias eran una invención de ellos, ya que "en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, está visto que los concejales solo pueden destituir a una persona: el Administrador Municipal. Incluso pueden hacerlo sin expresar causal".

En tanto, el concejal Daniel Morales expuso que "nunca sentí que hubiera abandonado mis deberes. Muy por el contrario, sentí que estaba haciendo uso de mis facultades fiscalizadoras para las que estoy mandatado, por lo tanto esto es una buena noticia, pero ni siquiera cae en el ámbito del alivio porque siempre sentí que estaba en lo correcto. Nunca me intimidó esta acusación, que la sentí más política y comunicacional que real".

"Nunca sentí que hubiera abandonado mis deberes. Muy por el contrario, sentí que estaba haciendo uso de mis facultades fiscalizadoras para las que estoy mandatado; por lo tanto, esto es una buena noticia".

Daniel Morales, Concejal de Valparaíso