Sebastián Mejías O.

Sin lograr sus objetivos venció ayer, al mediodía, el ultimátum de 24 horas que los pescadores de la ex Caleta Sudamericana dieron al Gobierno para que cumpliera con la principal demanda que tienen: un subsidio mensual de $450 mil, por los próximos cuatro años, para cada trabajador.

Al término del plazo, los manifestantes, que habían pasado la noche en sus embarcaciones, intentaron apropiarse del Muelle Prat, dando pie a un intenso y extenso enfrentamiento con personal de la Armada, situación que terminó con tres personas heridas, dos de ellas en el rostro. Además, hubo barricadas en Errázuriz, frente a las oficinas de EPV.

Los pescadores responsabilizaron a la Armada por no contar, a su juicio, con los protocolos adecuados para enfrentar este tipo de conflictos, ya que debieron disparar balines de goma antidisturbios para reprimir su desembarco.

Fue entonces cuando quienes protestaban incendiaron algunos de los neumáticos que están dispuestos en el muelle, cuya función es proteger a las naves en su recalada. El objetivo, aseguraron, fue repeler la acción de la Armada que, desde tierra, "llevaba adelante sus disparos, así como también lanzamientos de agua a presión a los manifestantes".

En base a las declaraciones realizadas por el delegado presidencial regional, Jorge Martínez, es que los pescadores esperan continuar con su propósito de apoderarse del muelle y, así, salir a pescar. Concretamente, la autoridad de Gobierno desestimó por completo las pretensiones económicas de los pescadores, las que consideró excesivas. Además, anunció acciones legales en contra de los manifestantes que realicen daños o perjuicios a la actividad portuaria.

Críticas

Felipe Olea, abogado representante de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, adelantó que la intención, hasta ahora, sigue siendo hacer uso del sector del espigón para que los trabajadores puedan llevar adelante sus faenas, lugar del cual salieron hace ocho años debido a los proyectos de ampliación aún pendientes.

Los pescadores cumplirán cerca de 80 días sin poder ejercer sus labores en la caleta El Manzano, de Quintero, a raíz del vencimiento del contrato que los alojaba, así como del estancamiento en las conversaciones con la Subsecretaría de Pesca. A juicio de Olea, es el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien debe dar las respuestas pertinentes a las demandas realizadas por los trabajadores. Sin embargo, acusó que, hasta ahora, la autoridad hace "oídos sordos, ya que estando enterado de lo que ocurre, se ha limitado a mandarnos a negociar con la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo".

"Ella no entiende nada. Cree que todavía esto se trata de que los pescadores vuelvan a Quintero y estamos lejos de eso", subrayó Olea, quien además emplazó al delegado presidencial, Jorge Martínez, asegurando que fue él "quien inició la mesa de diálogo con los pescadores, la que luego fracasó, terminando con un rotundo silencio de su parte que, además de mostrar inoperancia, exhibe una falta de educación así como indiferencia con los propios trabajadores".

Violentos y repudiables

Por su parte, Jorge Martínez adjetivó lo ocurrido ayer en el Muelle Prat como unos "hechos violentos y repudiables".

Puntualizó que lo acontecido fue "llevar las cosas al extremo y creer que los problemas se solucionan a través de la violencia".

El delegado mostró firmeza al mencionar que, para él, la mesa de trabajo cumplió con sus objetivos, hasta que llegó a su poder el petitorio económico de los pescadores. Agregó que para quedarse en Quintero nos están pidiendo "bonos por $ 27.586 millones, además de bonos de término de conflicto a todo evento, correspondientes a $ 12 millones para cada propietario de bote, $ 8 para cada uno de los 273 pescadores y $ 4 millones para pasivos y malabaristas".

Sumado a lo anterior, la autoridad regional de Gobierno recordó que en el petitorio también aparecen montos que compensan "daño moral, lucro cesante y daño emergente por $25.450 millones". Por si eso fuera poco, Martínez habló también de un aporte mensual para cada pescador, por los próximos cuatro años, que llega a los 2 millones de pesos, los que se transforman en cuatro en caso de ser propietario de bote.

Todo eso, según el delegado, "para trabajadores que no han tenido ningún perjuicio económico en su trabajo hasta ahora y están haciéndose los estudios porque, incluso, es probable que hayan obtenido mayores productos y beneficios trabajando en Quintero que donde lo hacían antiguamente".

"Martínez miente"

Ante tales afirmaciones, el abogado de los pescadores, Felipe Olea, sostuvo que el delegado Martínez no está al tanto de los últimos 45 días de negociaciones con la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, esto porque debido a "su indiferencia se bajó de las conversaciones prematuramente".

El jurista cree que el delgado Martínez "miente respecto de las cifras, o bien no se encuentra al tanto de lo que ha pasado en todo este tiempo".

Lejos de los casi 50 mil millones de pesos de los que habló el delegado presidencial regional, la última propuesta que realizaron los pescadores en este mes de octubre fue de 450 mil pesos mensuales por cuatro años, a 273 pescadores, lo cual se complementa con un bono por término de conflicto que alcanza los dos millones de pesos.

La cifra total de este último petitorio, que ya está en manos de la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, no llega a superar los 7.000 millones pesos.

Además, en conjunto, los 273 pescadores le hicieron entrega de una carta al actual gobernador regional, Rodrigo Mundaca, solicitándole que interceda por ellos ante el Gobierno "y solicite la remoción del delegado presidencial, Jorge Martínez". Mundaca se reunió con los pescadores en el Muelle Prat para ofrecerles la conformación de una mesa de trabajo de carácter "inmediata, ojalá mañana (hoy), a primera hora, de manera tal de poder ayudar a que sus demandas se transformen en realidad y que no tengan que seguir migrando por el territorio, ya que merecen un trato digno".

Balance de la jornada

El gobernador marítimo de Valparaíso, Nelson Saavedra, dio cuenta de que el martes la manifestación se realizó de manera pacífica; sin embargo, ayer incendiaron "cinco neumáticos de la gran minería".

"Personal naval hizo uso de la fuerza por medio de perdigones de goma, los cuales fueron tirados a las diferentes lanchas para que terminaran con sus acciones que, de producirse, iban a causar un tremendo daño".

Por su parte, la Empresa Puerto Valparaíso (EPV) lamentó y condenó los ataques incendiarios que afectaron en la tarde de ayer a los sitios de los terminales de Puerto Valparaíso, "protagonizados por un grupo de personas que ocuparon la poza de abrigo, ejerciendo acciones violentas que dañan la propiedad pública y comprometen la seguridad de un servicio esencial como es la actividad portuaria, además de la vocación turística".

Desde la firma TPS, donde se produjeron algunas de las escaramuzas, expusieron que no tenían ninguna vinculación con las peticiones de los pescadores.

"No sé qué es peor, que el delegado Martínez mienta o desconozca lo que pedimos, por eso Valparaíso necesita una nueva autoridad como delegado presidencial".

Felipe Olea, Representante de pescadores

"Es probable que los pescadores hayan obtenido mayores productos y beneficios trabajando en Quintero que donde lo hacían antiguamente".

Jorge Martínez, Delegado presidencial regional

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