"Nuestro horizonte es que en el año 2022 volveremos plenamente a la presencialidad"
Los gastos asociados a la pandemia, debido a la inversión en el equipamiento que exigieron las nuevas circunstancias, sumados a una baja en las matrículas que en promedio bordea el 6%, es el mayor problema que ha aquejado a las universidades del CRUCh en los años 2020 y 2021, lo que les ha significado una merma en sus arcas equivalente a más de 250 mil millones de pesos el año pasado, y a 188 mil millones de pesos el año en curso, déficit del cual no está exento el Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), que actualmente preside el rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Osvaldo Corrales.
"Quisiera poner en valor el aporte extraordinario que las instituciones del CRUV -en este caso la UV en particular, pero hemos sido todas- ha realizado en la lucha contra la pandemia. Acá en la región, las universidades del CRUV hemos sido parte de la red de laboratorios que permitió ampliar la cobertura en PCR, todavía estamos haciendo ese esfuerzo, hemos instalado en nuestras aulas centros para la trazabilidad y el seguimiento de los pacientes contagiados, nosotros como UV instalamos un vacunatorio, también hemos participado del comité covid y el programa Epivigila, que se utiliza para hacer seguimiento de la pandemia, es un desarrollo de la UV, y de hecho nosotros lo administramos, a través de nuestra carrera de Ingeniería Civil Informática", destacó.
En ese contexto, subrayó que "entonces una parte de lo que nosotros le estamos pidiendo a la política pública como apoyo presupuestario para el año 2022 también se correlaciona con ese esfuerzo que las universidades tradicionales hemos hecho en favor de la lucha contra la pandemia. También la UV participó en los procesos de prueba de la vacuna Coronavac, entonces también eso ha significado que nosotros invirtamos recursos propios incluso, para llevar adelante esas actividades, y es por eso que estamos pidiéndole a la política pública que pueda tener hacia nuestras instituciones un gesto de apoyo que de alguna manera se correlacione con ese apoyo que hemos ido prestando. Nosotros hemos invertido cerca de 500 millones de pesos en el año 2020 para llevar adelante esas acciones, y lo hemos hecho, por supuesto, respondiendo al compromiso que nuestras instituciones tienen con la comunidad, y por lo mismo es que nos permitimos pedirle un apoyo a la política pública, para poder seguir haciendo eso en el futuro".
- ¿Qué soluciones buscan?
- Como CRUCh, y también como CRUV, hemos solicitado al Gobierno y al Parlamento que se considere añadir recursos adicionales por medio de un fondo de emergencia, para que las universidades, durante el año 2022, podamos enfrentar esta situación.
- ¿Y qué respuestas han obtenido a esa solicitud?
- Desafortunadamente, en principio no hemos obtenido una respuesta favorable, si bien el presupuesto en educación superior para el año 2022 crece en algo así como un 6%, la mayor parte de ese crecimiento va a financiar a las nuevas instituciones que ingresan a la gratuidad, y no tanto a las instituciones que ya estamos adscritas al sistema, por lo tanto, ese crecimiento, por así decirlo, se traduce en un aumento de cobertura hacia instituciones que hasta este año no están en la gratuidad, pero no viene a resolver la situación presupuestaria de nuestras universidades. Junto con el establecimiento de ese fondo de emergencia, los rectores también estamos pidiendo que se renueve la autorización para utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este año tuvimos una autorización para usar una parte, de una línea el 35%, de otra el 25%. Lo que estamos pidiendo es que para el año 2022 esa autorización se extienda al 50% de los excedentes del Fondo Solidario, que son recursos que las universidades tenemos en nuestras arcas, pero que no podemos utilizar, porque tiene un fin específico establecido por la ley. Esta segunda petición no irroga más gasto público, porque son recursos que tenemos acumulados y pertenecen a las universidades; haciendo un parangón, es equivalente a retirar el 10% de las AFP. Del mismo modo, estamos pidiendo que se posponga la aplicación del artículo 108 de la Ley de Gratuidad, que hace que los estudiantes que exceden la duración teórica de las carreras pierdan la gratuidad, y estamos pidiendo que, al menos por los años 2020 y 2021, que han sido tan excepcionales desde el punto de vista de la dictación de las carreras, se suspenda la aplicación de ese artículo, y esos estudiantes, no obstante se retrasen, puedan seguir recibiendo los aportes vía gratuidad.
- Esa es una lucha que vienen dando desde hace años los rectores. ¿Qué perspectivas hay de que esta vez tenga éxito?
- Estamos en un intenso proceso de diálogo, y bueno, con el Gobierno, en principio no hubo un buen resultado, porque esta solicitud sí que irroga gasto público, de modo que hemos puesto nuestras esperanzas en la discusión que ahora el Congreso tenga que dar acerca de los recursos para educación superior. En ocasiones anteriores hemos obtenido buenos resultados cuando se ha dado la discusión en el ámbito parlamentario, así que estamos también haciendo gestiones ante las comisiones respectivas, para ver si al menos algunos de estos aspectos puedan ser considerados en la Ley de Presupuesto.
- ¿Cómo ha sido la vuelta a la presencialidad?
- El retorno a la presencialidad, especialmente en este segundo semestre, ha tenido un impulso debido a la mejora en las condiciones sanitarias. Nosotros -hablo por la UV- ya comenzamos a tener presencialidad el primer semestre, especialmente en aquellos aspectos de la formación de estudiantes que estaban relacionados con aspectos más prácticos, y en este segundo semestre nosotros tenemos más de un 40% de nuestra oferta académica en modalidad híbrida, esto es, con la posibilidad de que los estudiantes vengan presencialmente a las clases o se conecten a ellas por vías remotas y telemáticas, porque nosotros no podemos obligar a los estudiantes a volver a la presencialidad, debido a que tenemos un porcentaje muy importante de estudiantes que viene de fuera de la región, a los cuales les cuesta trasladarse o acceder a alojamiento, pero todos nuestros estudiantes tiene la posibilidad de acceder, al menos una vez a la semana, a una actividad en modalidad presencial. Nuestra intención es que en el mes de noviembre esa oferta en modalidad híbrida escale al 50% en modalidad, y obviamente, nuestro horizonte es que en el año 2022 volveremos plenamente a la presencialidad en la UV.
- Esta semana se conoció de un oficio que enviaron dos diputados de derecha a universidades estatales, solicitándoles nombres de académicos (as) que dictan cátedras de lo que denominan "ideología de género". ¿Le llegó ese oficio a la UV?
- A nosotros no nos llegó ese oficio, porque yo entiendo que el acuerdo que tienen los diputados era sólo dirigirlo a la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, pero a nosotros nos parece, en primer lugar, que cuando uno advierte el tenor de la solicitud, se observa un cierto desconocimiento respecto de las obligaciones que la ley de universidades estatales, de educación superior y la última de acoso sexual en la universidades le imponen a las universidades en materia de promoción de la igualdad de género, y en materia también de eliminación de todas las formas de violencia y discriminación con razón de género, sexo u orientación sexual, cuerpos legales que han sido aprobados por este mismo Parlamento. Y también me parece que hay un cierto sesgo en la forma en que los parlamentarios lo plantean, porque en algún punto hablan de "ideología de género", que es una expresión que nosotros no reconocemos, no hay algo así como una ideología de género, lo que hay -y con lo que las universidades estamos comprometidas- es una promoción de la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación, porque entendemos que eso tiene que ver con el compromiso que instituciones como las nuestras mantienen con la promoción de los derechos humanos.
Más allá de las facultades fiscalizadoras del Congreso, creo que a través de este tipo de solicitudes se está transgrediendo la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, consagrada por ley; nos parece que este tipo de solicitudes, sobre todo con el tenor que está hecha, de alguna manera interfieren sobre nuestra autonomía y la libertad de cátedra, lo veo como una solicitud desafortunada, que de alguna manera tensiona esos valores.
- ¿Como una especie de cacería de brujas?
- Yo no quisiera usar ese término ni atribuirle esa intencionalidad, pero por ejemplo, me parece riesgoso y extraordinariamente polémico que se pidan listados de personas, que se individualice a personas.
"Una parte de lo que pedimos a la política pública como apoyo presupuestario para 2022 se correlaciona con el esfuerzo que hemos hecho en favor de la lucha contra la pandemia".
"No hay algo así como una ideología de género, lo que hay -y con lo que las universidades estamos comprometidas- es la promoción de la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación".