Formalización de carabineros por 18-O
La Fiscalía formalizará próximamente a tres efectivos por supuestos delitos cometidos en los días del Estallido Social. La Justicia determinará los méritos en cada uno de los casos ocurridos en Viña y San Antonio.
La nueva Unidad de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Valparaíso anunció el viernes por la tarde la solicitud al Tribunal de Garantía de Viña del Mar de una audiencia de formalización en contra de los carabineros Mario Arancibia González y Mario Guzmán Yuri, los cuales -según especificó el fiscal Juan Sebastián de la Fuente- serán imputados el próximo 29 de noviembre por los delitos de homicidio frustrado en contra de ocho personas, disparos injustificados con resultado de lesiones y falsificación de instrumento público en uno de los casos, los dos primeros actos en el marco de una manifestación en la plaza Sucre de Viña del Mar el martes 22 de octubre de 2019, solo tres días después del inicio de los desmanes en Santiago, los cuales se multiplicaron con enfrentamientos, atentados incendiarios y saqueos ese mismo fin de semana en nuestra Región.
A la de ambos efectivos se le suma una segunda formalización, esta vez el 10 de diciembre, en contra del también carabinero de la Primera Comisaría de San Antonio, Alejandro Orellana Vera, por apremios ilegítimos durante los días del Estallido Social sobre una manifestante que, de acuerdo con la versión de Fiscalía, ya había sido detenida.
Sin intentar justificar un ápice cualquier potencial abuso por parte de los referidos carabineros, sí es necesario contextualizar el desmadre de aquellos días, con incendios intencionales simultáneos y consecutivos en distintas esquinas de la zona (sin ir más lejos, el edificio institucional de este mismo Diario fue atacado e incendiado con trabajadores dentro, en su mayoría mujeres, durante la noche del sábado 19 de octubre), ante lo cual la única defensa existente fue la actuación de los propios carabineros, jamás preparados -ni en la forma ni en el fondo- para una situación de magnitud apocalíptica como que la se vivió por ese entonces.
Dicho eso, resulta un tanto desconcertante también advertir que el trabajo de la Fiscalía en relación a la violencia y saqueos de 2019 no ha dado los mismos frutos, sin existir hasta hoy una sola persona formalizada por los incidentes de Valparaíso o Viña del Mar, en tanto marcadas deficiencias en la investigación del incendio intencional de la Municipalidad de Quilpué terminó, como ya hemos visto esta semana, con los cuatro imputados absueltos.
Simultáneamente, comienza a llegar información de nuevas formalizaciones contra carabineros por violación de derechos fundamentales en Concepción, San Felipe, Santiago y otras ciudades, acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y cuyo número total, según el propio organismo, alcanzaría a 70 personas afectadas que podrán postular a una pensión de gracia que otorga el Presidente de la República, según estableció la Glosa 12 de la Ley de Presupuesto 2021, que entregó al INDH la tarea de acreditación de las víctimas.
Tal reparación a las víctimas, noble potestad de un Estado que se precie de democrático, no puede ser cuestionada. Como tampoco el hecho de que el 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un después en la historia de Chile y que, lamentablemente, volvió a abrir heridas jamás cicatrizadas del pasado. Tampoco ayudó mucho la romantización de la primera línea y la justificación (Atria y otros dixit) del incendio social que vivió el país. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Existirá alguna vez un ánimo, por peregrino que éste sea, de reconciliación? ¿Busca esto forzar un indulto generalizado? ¿Se aplicaría a los citados carabineros?