Las explicaciones resultan débiles ante la realidad y la gravedad del caso: el rechazo de la Municipalidad de Viña del Mar a una conferencia del Festival Puertos de Ideas. Cuando Sergio Silva, gerente de Puerto de Ideas, planteó la solicitud de un espacio para este efecto, la funcionaria Camila Brito Hasbún la rechazó, aduciendo que era una actividad financiada por la Embajada de Israel. La conferencia era una exposición del historiador Rafael Sagredo sobre la Constitución de 1828, tema de actualidad para el debate de ideas que promueve la exitosa jornada cultural que se desarrolló en Valparaíso y se buscaba proyectar a Viña del Mar.

Este veto, por el supuesto origen del financiamiento que la Embajada estaría dando a Puerto de Ideas, fue rechazado por destacados intelectuales y por la Comunidad Judía de Chile. El presidente de esa Comunidad, Gerardo Gorodischer, pidió que la alcaldesa Macarena Ripamonti "se pronuncie si es o no una postura oficial, agregando que hasta ahora el hecho se circunscribe a alguien que aprovechó un cargo para "reivindicar" una posición personal como "hermana de un diputado que promueve una ley para boicotear productos de Israel".

La aludida hermana, Camila Brito, es directora ejecutiva del Programa de Cuidados, ingeniera comercial, contratada por la nueva administración con un sueldo de $5.092.491, información del sitio Transparencia Municipal. (Los cuidados del sacristán, mataron al señor cura…)

La municipalidad se refirió al hecho en una declaración de tres párrafos que evade el supuesto antisemitismo y da como razón que "el trabajo realizado debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho, estándar que dicha organización no pudo alcanzar para trabajar junto a esta administración".

¿Acaso el estándar de Puerto de Ideas carece de seriedad y profesionalismo y no se ajusta a derecho? Eso es lo que se desprende de la explicación municipal para rechazar la realización de la aludida conferencia, parte de una jornada que anualmente concentra a grandes figuras del pensamiento nacional e internacional. Pero hay más. El gerente Silva afirma que a través de la Ley de Lobby intentaron conversar con la alcaldesa Macarena Ripamonti, solicitud rechazada, pues "no explicamos suficientemente lo que queríamos conversar y después que no tenía agenda hasta fin de año", dice el ejecutivo. Pobre pretexto. Similar al de Elisa Loncon, que, por problema de agenda, se negó a recibir a Juan Sutil, presidente de la CPC.

Además, en el veto denunciado aparece nuevamente en la administración viñamarina un poder fáctico, ahora con el generoso rótulo de "Cuidados".

En este episodio hay un freno a la libertad de expresión y daño a la proyección internacional lograda por Viña del Mar a través de actividades culturales del más alto nivel.

Estamos en tiempo de elecciones. Y más allá del debate amplio, con pleno respeto y democrático, es necesario elevar la mirada multidimensional y apreciar ponderadamente el escenario macroeconómico que va a encontrar el proyecto político que gane en diciembre. Una primera aproximación es reconocer que los principales desafíos macroeconómicos que tendremos como sociedad serán crecer, consolidar las cuentas fiscales y aumentar el gasto social. Cada uno de ellos se reseña como un objetivo deseado y sensato, pero no son fáciles de compatibilizar.

Respecto al crecimiento, tendremos durante el 2021 una recuperación económica muy importante del orden de un 11%, pero un crecimiento bastante menor proyectado para el 2022, entre un rango de un 1,5% a 2,5%. El crecimiento de este año ha sido consecuencia de las políticas fiscales, monetarias y crediticias que ha llevado a nuestra economía a tener una de las recuperaciones más rápidas y pronunciadas a nivel global. No obstante, como ha planteado el reciente Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile, el fuerte aumento del consumo privado, consecuencia de los apoyos fiscales a los hogares e indirectamente de los retiros de los fondos previsionales, ha empujado a la economía chilena más allá de su potencial y es importante reconocer y advertir que la actividad económica creció en septiembre un 8,1% por sobre el nivel que había en septiembre del 2019, antes del estallido social.

Además, han debilitado las cuentas fiscales y las liquidaciones forzosas de activos de los fondos de pensiones han afectado de manera directa el financiamiento de largo plazo, lo que ha redundado en restricciones relevantes en el mercado de capitales y muy especiales en el mercado hipotecario.En consecuencia, tenemos que estar plenamente conscientes que enfrentaremos importantes desequilibrios macroeconómicos tales como un déficit estructural del 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un déficit en cuenta corriente del 2,5% del PIB y una inflación que ya alcanza el 6% anual, alza que ya está afectando el costo de los bienes y servicios de los sectores más desposeídos y adultos mayores, como lo ha cuantificado recientemente un estudio del centro de estudios CLAPES-UC.

El agravamiento del problema de las pensiones conllevará a largo plazo la incubación de un pasivo contingente de magnitud, relacionado con las personas que ya retiraron la totalidad de los recursos de los fondos previsionales. En el caso de nuestra región, ya hay 370.000 personas que tienen saldo cero en sus cuentas. En el largo plazo, el Estado, a través de diversas modalidades, tales como el pilar solidario, deberá considerar un pasivo contingente de una magnitud no dimensionada y que impactará los déficits presupuestarios futuros.

Por último, una reflexión sinóptica desde nuestra Región de Valparaíso que grafica el deterioro de nuestro desarrollo productivo. En relación al crecimiento, la región ha tenido durante los años 2018, 2019 y 2020 un decrecimiento de su economía local, es decir, tenemos una economía en recesión desde antes del estallido social; y en términos de PIB por habitante al 2020, hemos retrocedido a un PIB equivalente a los de una década atrás.