El apoyo explícito dado por varios alcaldes del Gran Valparaíso a la candidatura de Gabriel Boric llegó con poca sorpresa, porque supone un alineamiento natural de los líderes locales de la izquierda conformada por el pacto Apruebo Dignidad, más el movimiento del alcalde Jorge Sharp, pero plantea un escenario nuevo para los municipios que administran las comunas más populosas de la Región y representa ciertos riesgos que son importantes de puntualizar.

Primero, las señales de respaldo surgen en medio de un ambiente de autocrítica, ya que la diferencia entre Gabriel Boric (127.524) y José Antonio Kast (122.256) es de 5 mil sufragios, una cifra que no expresa las altas votaciones obtenidas en sus contiendas por los alcaldes Jorge Sharp, en Valparaíso; Macarena Ripamonti, en Viña del Mar, y Javiera Toledo, en Villa Alemana. Aunque Boric sí se impuso en Concón con más votación que Freddy Ramírez, quedó superado por Kast, en tanto que los menos de mil sufragios que separan a los dos candidatos al balotaje de diciembre permiten decretar un empate técnico en Quilpué, de la alcaldesa Valeria Melipillán.

Quizás de forma inadvertida, al plantear este apoyo tan explícito los jefes comunales transformaron la segunda vuelta en una evaluación de sus propias gestiones al frente de cada municipio. El más ambicioso en ese sentido ha sido el alcalde Jorge Sharp, quien inició una cruzada personal para sumar 500 mil votos a Gabriel Boric, apostando en ello que habrá una masiva participación el 19 de diciembre, cuando se realice la segunda vuelta de la elección presidencial. El llamado del abogado magallánico resulta aún más curioso si se advierte que no pudo traspasar su alta votación personal de mayo a sus candidatos en la parlamentaria, Marco Brauchy y Alejandro Escobar. ¿Podrá hacer Sharp por su exaliado del Frente Amplio lo que no pudo por sus aspirantes a diputado? En este intento por transferir efectivamente los votos personales a su candidato presidencial, los alcaldes deberán tener cuidado sobre el uso de recursos fiscales a los cuales tienen acceso, así como equilibrar el tiempo que dedican a una actividad que, si bien es importante para el conjunto de sus alianzas políticas, rivaliza con la atención que exigen las necesidades de los vecinos y vecinas de cada comuna. En este punto, el diputado Osvaldo Urrutia ya anunció la presentación a la Contraloría de un oficio para que se investigue tanto al alcalde como a "un grupo de operadores que cumple funciones remuneradas en el municipio de Valparaíso", por la organización y ejecución del acto público a favor de Boric que lideró Sharp la mañana del miércoles, en la plaza Victoria. Asimismo, independiente de sus preferencias personales, los alcaldes deberán cuidar la diversidad de opiniones políticas dentro de sus municipios. Polarizar el clima interno municipal con afán presidencialista tendría graves consecuencias en el servicio que prestan a la ciudadanía.

El 26 de octubre de este año fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados el Proyecto de Resolución N° 802, que solicita al Presidente de la República que considere declarar estado de emergencia sanitaria en Chile, con el fin de enfocar los recursos necesarios para atacar el alza en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad.

Este acto aprobatorio marca un precedente en la lucha contra la malnutrición por exceso y debiera dotar de las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea al personal sanitario adecuado, particularmente a los nutricionistas. Sin embargo, considerar este hito como algo único y esperanzador pareciera una respuesta tardía frente una crónica sanitara anunciada: la malnutrición por exceso ya se perfilaba como una pandemia. De acuerdo con el informe OCDE, en 2016 Chile presentaba un 25,1% de obesidad en adultos, en 2018 esta cifra aumentó al 34,4%. Asimismo, el índice de sobrepeso y obesidad infantil el año 2019 era casi del 45%. En efecto, los datos nos muestran que la malnutrición por exceso corresponde a una problemática crónica y de larga data en nuestro país, que se ha mostrado implacable a las medidas y políticas establecidas.

Con estos antecedentes, las medidas ya adoptadas por el país, que abarcan desde impuestos a una ley de etiquetado, parecieran no surtir efecto, por tanto, la solicitud de declaración de estado de emergencia sanitaria responde inevitablemente al fracaso en las medidas existentes. En razón a esto, es inevitable preguntar lo siguiente: si contamos con políticas públicas para que ataquen esta problemática, ¿por qué no surten efecto? La respuesta, definitivamente, no es única, sencilla o breve. No obstante, es posible aventurarse en alguna de estas: se requiere de personal capacitado para combatir el sobrepeso y obesidad, medidas subsidiarias efectivas y, definitivamente, educación alimentaria. Esta última se propone como el cimiento para que cualquier otra acción que se ejecute en el plano de política pública en el combate del sobrepeso y obesidad pueda ser exitosa; sin ella, la población no es capaz de comprender la urgencia de mantener una alimentación saludable hasta que se enferma.

La educación alimentaria y la promoción de salud debieran ser los pilares, la puerta introductoria a una serie de regulaciones y normativas. Hay que dar el espacio para educar a la población antes de castigar la malnutrición. Debemos preguntarnos qué sabe la población de los alimentos que consume y por qué los consume, aunque de esta última podemos intuir la respuesta. Después de todo, la malnutrición por exceso es una desnutrición encubierta.