Tras un año de mediática exposición, el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar entregó su veredicto unánime sobre la violación y el asesinato de la menor Ámbar Cornejo, según el cual declaró culpables a los acusados Hugo Bustamante y su pareja y madre de la menor de 16 años, Denisse Llanos. Asimismo, se agregaron los cargos de estupro para el hombre y de abusos sexuales a mayor de 14 años y corrupción de menores en carácter reiterado del hermano de la víctima para ambos.

El caso de Bustamante es tremendamente emblemático, por cuanto fue uno de los beneficiados por la polémica libertad condicional concedida por la comisión respectiva de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras purgar la mitad de su condena por el asesinato de su pareja y el hijo de ésta en Villa Alemana, sepultando luego ambos cadáveres en unos tambores enterrados en el patio de una casa arrendada.

El rol de Denisse Llanos, en tanto, es casi inconcebible respecto del papel que debiera jugar una madre.

Ámbar y su hermano, por último, son las víctimas de la barbarie máxima que puede alcanzar el ser humano y no habrá palabras ni consuelo para describir u olvidar lo que la sociedad permitió que les ocurriera.

Su sentencia será leída en diciembre y, si Dios existe, debieran ser condenados a cadena perpetua calificada.

Simultáneamente, el Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso dictó sentencia para uno de los acusados por el asesinato del turista canadiense Peter Winterburn, ocurrido en junio de 2019 en la calle Templeman del cerro Alegre de esta ciudad. Para él, cadena perpetua calificada por robo con homicidio, mientras que su compañero, Alejandro Prado, también acusado, fue absuelto por falta de pruebas. Esto, por cuanto no se permitió la declaración reservada de un testigo que ubicaba al segundo individuo en el lugar de los hechos. Por ello, la fiscal Lorena Ulloa -de destacado actuar en esta investigación- estudiaría presentar un recurso de nulidad.

Si algo puede rescatarse de positivo en casos tan deleznables como estos, eso es que tanto la Fiscalía como los Tribunales funcionaron correctamente, espantando -al menos por un tiempo- esa confusa sensación de indefensión y relativismo que, de tarde en tarde, se deja caer por nuestra Región.

Las preguntas, con todo, debieran ser otras. ¿Cuál es el camino que debemos tomar como sociedad para defender a nuestros menores, como fue el caso de Ámbar, en el cual la degeneración no solo estuvo en las mentes de los dos condenados, sino también en la de su padrastro ante el silencio cómplice de un sistema que nunca supo escucharla?

Lo del ciudadano canadiense, en tanto, viene a ser la confirmación de que la delincuencia debe ser eliminada de raíz de nuestras ciudades. ¿Es necesario seguir tolerando que en la ciudad todos hagan lo que quieran? Valparaíso, para quien tenga dudas, solo ha caído por un tobogán en términos de seguridad ciudadana durante los últimos años. Que el miedo de un testigo a declarar haya facilitado la absolución de un segundo acusado mucho tiene que ver con eso.

Esa dimensión santificada de la política, constructora de los megarrelatos, generalmente atribuida a asociar su ejercicio a los asuntos de la virtud y la prudencia y que la tiene pagando todos los costos de la desacralización de su rol, tiene por momentos un correlato simplemente sorprendente en la expresión de la ciudadanía y su marcha por nuestras líneas de tiempo.

Así, por ejemplo, en mayo pasado la media marea (porque solo es la mitad la que se expresa) apuntó a una contundente necesidad de cambio de ciclo en la elección plebiscitaria, cuya opción Apruebo alcanzó un 78% de las preferencias. Luego, la siguiente media marea (nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito), expresó una inteligente distribución de escaños, brindando una fotografía donde ninguna de las partes alcanzó un protagonismo tal que le permitiese organizar por sí sola la fiesta y aprovechó de pasar el recado: busquen acuerdos. Por último, ahora, una tercera media marea (desde luego, en parte distinta a las anteriores) definió una conformación del Parlamento que no da mayoría a nadie y, de paso, condicionó el futuro de la discusión constituyente, aterrizándola al encargo original (una reiteración del recado…) y fijando el marco para el próximo gobierno sin mayoría en el Congreso Nacional (como en los tiempos de la vapuleada Concertación y de los últimos 30 años). Qué ironía, ¿no?

La ciudadanía no tiene forma de ponerse de acuerdo ni de generar procesos de conocimiento agregado o innovación abierta para disponer de estos resultados que operan como verdaderas carambolas. En su sentido original, el voto apunta al objetivo individual del elector, pero su consecuencia acumulada es múltiple, mostrando que eso que se ha denominado como la pulsión de la calle, ese sentido común de la ciudadanía o del pueblo, o de los clientes o el público (las acepciones son variadísimas), encuentra siempre una manera de reírse tras de la puerta al ver la cantidad de incordios que producen las decisiones populares. Y vaya que lo saben en la Convención Constitucional, en el Parlamento y en los partidos políticos.

Recordé un libro de Ferdinando Scianna, fotógrafo italiano que estuvo en Puerto de Ideas hace algunos años y que ha teorizado sobre los efectos y significados de las selfies. Dice entre sus páginas: "Con la práctica de la autofoto y de compartir continuamente instantes de nuestra vida, delegamos en los demás la delicada construcción de nuestra identidad y su existencia misma…". Y continúa, citando al psiconalista Recalcati, quien ve en esta imagen un símil con la figura de Zelig de aquella película de Woody Allen, atribuyéndole un síndrome que sirve para "huir de la depresión a través de inyecciones continuas de narcisismo".

Y claro, el gesto de la selfie con la mano extendida no constituye un saludo político de alguno de los postulantes de turno y menos es la identificación de aquel por quien optaremos el próximo 19 de diciembre. El gesto es más universal que partisano y lo propio nuestro, lo que nos identifica mucho más que esa selfie que busca el juego como unidad, es esa búsqueda del like, de aquel me gusta que refuerza la identidad, aunque por momentos esa identidad no tiene diversidad alguna y solo nos hablamos entre iguales o grupos de referencia a los que adherimos, siendo ese hecho mucho más habitual de lo que podemos imaginar.

¿Narcisismo? Sí, claro. Pero no es solo eso. También es un bajo interés por la acción reflexiva y un disminuido deseo de encontrarse con el otro distinto, lo que Agustín Squella llamaría la práctica de la tolerancia activa, aquella que no es un juego de suma cero y que busca una convivencia armónica y comunitaria, sobria, constructiva.

Verse en el espejo es un ejercicio cada día más complejo, al menos en términos de la vida en común. Corremos el riesgo de no ver nada o que el reflejo no sostenga lo que pretendemos sostener y eso corre para cada uno de nosotros, para nuestros proyectos colectivos y también para las instituciones que suelen no reconocer esta nueva pulsión ciudadana que se entremezcla con una sabiduría popular que pareciera jugar de memoria, como la Roja dorada. Atentos.

La reforma constitucional que permitió el retiro de parte de los fondos previsionales y la posibilidad de pagar con ellos pensiones alimenticias insolutas, catapultó a miles de personas a los tribunales de Justicia a pedir la liquidación de los emolumentos pendientes. La prensa mostró cómo situaciones que se creían aisladas eran, en realidad, mayoritarias en nuestra sociedad: el Ministerio de Desarrollo Social registraba un impago total nacional de 84% entre los años 2015 a abril de 2019, según informe para el Boletín 13.330-07.

Este triste escenario convocó a nuestras autoridades y legisladores a reformar la ley, que, además de la creación del Registro Nacional de los Deudores de Alimentos, modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066. Una vez que termine su trámite ante el Tribunal Constitucional, se agregará un nuevo inciso para el artículo 5, en que se sanciona lo que se denomina violencia económica. Se incorporan conductas ejercidas en ámbitos afectivos o familiares que tengan como objeto directo la autonomía económica de la mujer, la vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia o los hijos, y menciona como ejemplos el incumplimiento reiterado de la obligación de pagar alimentos, siempre que ésta tenga por finalidad: a) ejercer el control sobre ella, sobre sus recursos económicos o patrimoniales; b) ejercer control sobre sus recursos económicos o patrimoniales; c) generar dependencia; o d) generar un menoscabo de dicho patrimonio o de los hijos o hijas. Además, amplía el maltrato habitual a la violencia económica y establece una presunción de habitualidad en el maltrato cuando hay una permanencia prolongada (más de 120 días) en el Registro Nacional de Deudores.

Esta será la primera vez que un texto legal hable de este concepto, ya que hasta el momento la doctrina y los tribunales de la República habían elaborado esta noción como los actos desarrollados por una persona que tienen como finalidad destruir o controlar a la otra, a través del manejo de la economía familiar, las enajenaciones de bienes, la ocultación de patrimonio y diversas fórmulas que importen que el otro "decida cuánto se gasta y cómo se gasta", anulando la posibilidad de decisión del otro.

En no pocas oportunidades se escucha en audiencias sobre alimentos, especialmente, la argumentación de "yo le doy lo que corresponde, porque yo compro lo que necesita mi hijo: si le doy el dinero directamente, lo malgasta"; o "no tendrás un peso mío, y si es necesario, te quito a los hijos" y otros. Además de generar miseria, imprime un costo emocional no solo contra las mujeres, sino contra los hijos y su forma de conceptualizar el amor y las vinculaciones afectivas que, esperamos, comience a contar sus días finales en este país.