Hoy nos encontramos en una crisis hídrica severa producto del cambio climático que estamos viviendo. Cada vez hay menos precipitaciones promedio anuales, éstas son más concentradas y con cotas de isoterma cero más altas, lo que implica menor acumulación de nieve.

Hay múltiples acciones para hacer frente a este problema, entre otras, el mejor aprovechamiento del recurso, una buena gestión de este, el aumento y perfeccionamiento de los mecanismos para obtener la información respecto de la disponibilidad y uso, y el alza de la oferta.

Nos parece que bajo el contexto actual, el incremento de la oferta es fundamental y para ello la desalación es una de las alternativas. Sin embargo, nos parece relevante dimensionar qué significa esta opción para entender cuáles podrían ser los impactos de medidas de este tipo.

En Chile hay una demanda total de 645,4m3/seg de agua para el consumo humano (8%), para el agro (82%), para las industrias (7%) y para la minería (3%). Esta demanda es muy diversa según la zona, producto de las características de cada región. Mientras en la macrozona norte norte se demandan 71m3/seg (XV a IV), en la zona central 451m3/seg (V a VII), en la zona sur 110,77m3/seg (Región del Ñuble a X) y en la austral 11,25m3/seg (XI y XII).

Las plantas desaladoras en Chile van desde los 1,4lts /seg hasta los 2.500lts/seg (algunas en operación y otras en construcción o en proceso de evaluación), lo que parecen cantidades menores, en particular en los proyectos pequeños, para hacer frente al problema de forma global. Estos son proyectos individuales que buscan solucionar problemas específicos para distintos fines (consumo humano, minería, otros) o para una combinación de ellos en un sector acotado, pero siempre promovidos por quienes tienen intereses en un sector puntual, muchas veces no aprovechando en plenitud las oportunidades que una planta desalinizadora significa.

Es aquí donde nos parece que el rol del Estado es fundamental. Más que recibir propuestas para aprobar proyectos de desalinización, se debiera establecer una política integral de largo plazo. Esta debiera incluir las distintas necesidades de aumento en la oferta de agua, con las capacidades y diferentes formas de generar esta nueva oferta, y con las posibilidades que el territorio pueda entregar para llevar adelante iniciativas de este tipo. Siempre, por supuesto, considerando los costos y efectos económicos de las distintas alternativas en su conjunto y minimizando los impactos que los proyectos puedan tener en el medio ambiente.

Nos parece relevante que desde esta política se elaboren iniciativas que, en conocimiento de las necesidades de las distintas comunidades y las actividades productivas de los territorios, puedan generar proyectos de desalinización multiuso, junto a sus redes de conducción y proyectos de energía que integrados (y eventualmente con proyectos de oferta de otro tipo), puedan maximizar el aprovechamiento del recurso, considerando siempre en la ecuación los impactos sociales y ambientales.

Gonzalo pérez, Jefe de Estudios Consejo de Políticas de Infraestructura