Cadena perpetua por el crimen de Ámbar
Tribunal Oral de Viña del Mar sentenció a la madre de la menor y a Hugo Bustamante a la máxima pena que contempla nuestras leyes. El caso desnudó las carencias del sistema de protección de menores, que tiene entre sus objetivos, precisamente, evitar que niños y adolescentes sean vulnerados en sus derechos por familiares y cercanos.
Con la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, que condenó ayer a Hugo Bustamante Pérez y a Denisse Alicia Llanos Lazcano a la pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con femicidio y de violación con homicidio, respectivamente, de la joven de 16 años Ámbar Cornejo Llanos, comienza a cerrarse uno de los capítulos policiales más horrorosos de los que recuerde la Región.
El caso no solamente remeció a los vecinos de la calle Covadonga, en Villa Alemana, donde en agosto del año pasado quedó al descubierto el crimen de la pequeña Ámbar. También llenó de estupor a un país que vivió durante varios días el calvario de la búsqueda de la menor perdida y, luego, el pavor que desató el hallazgo de su cuerpo. Todo lo ocurrido dejó al desnudo las debilidades de nuestro sistema de protección a la infancia, que soslayó todas las alertas sobre los terribles peligros que acechaban a Ámbar Cornejo. Este fue un fracaso del Estado en su deber de amparar de forma efectiva a los más pequeños, pero también fue una demostración de que muchas veces nuestras certezas como sociedad se transforman en una fragilidad cuando se encuentran con almas despiadadas e incorregibles Hugo Bustamante Pérez y Denisse Llanos Lazcano, ambos condenados también con diez y siete años de pena, respectivamente, por el abuso sexual, estupro y corrupción de menores cometido contra el hermano menor de Ámbar.
¿Cómo puede el sistema resguardar la seguridad de un niño cuando la amenaza viene del mismo seno familiar? La pregunta es difícil de asimilar y las respuestas suelen ser imperfectas, pero el Caso Ámbar sirve de recordatorio, porque debe ser una interrogante permanente, cuyas soluciones sean capaces de adaptarse a una realidad que cambia de forma acelerada y siempre construye nuevos espacios donde los derechos de los niños pueden ser vulnerados.
Es imposible apartar la historia de la pequeña Ámbar de la vida de miles de menores en situación de vulnerabilidad que se encontraban bajo la tutela de un Estado indolente durante tantos años. La implementación de una Defensoría de la Niñez y del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia viene a reparar las deficiencias del antiguo Sename; sin embargo, ambas instituciones son recientes y aún queda trabajo pendiente para afirmar con convicción que la sociedad se hace cargo de forma adecuada de aquellos más necesitados.
Con la dura sentencia, el Poder Judicial da una clara señal de la rigurosidad con la cual define estos dramáticos casos, aunque todos sabemos que el crimen de Ámbar dejará una terrible huella que la sociedad podrá superar solamente cuando termine de instalar un adecuado sistema de protección para la infancia.