El juez peruano Rafael Martínez resolvió en la última jornada, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra el ex Presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.

En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de septiembre, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional reveló finalmente su fallo y terminó con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.

Martínez decidió investigar en sede judicial a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.

Para que se inicie el proceso penal contra Fujimori, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar primero la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el ex Mandatario fuese detenido en suelo nacional

La Fiscalía de Perú ya anunció que presentará la solicitud de extradición, y mientras se concreta la respuesta de Chile, el juez ordenó la suspensión del proceso en el caso exclusivo de Fujimori y dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

Un "HITO"

En la sesión del sábado, Martínez leyó los más de 1.300 nombres de las mujeres a las que se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad, quienes celebraron a través de las redes sociales "este primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas".

En anteriores audiencias, el magistrado consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza.

Fujimori, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Colombia extenderá su Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 para incluir "a las personas que transitan por Colombia en zonas fronterizas, indistintamente de su estatus migratorio", según el Ministerio de Salud.

El director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud, Julián Fernández recordó que los migrantes "con vocación de permanencia", como los casi dos millones de venezolanos que viven en Colombia, ya estaban incluidos en el Plan de Vacunación.

Pero ahora "permite incluir a estos migrantes que se internan en el país transitando hacia otras regiones del continente o que cruzan de manera intermitente a lado y lado de la frontera por razones económicas, por buscar servicios de salud o porque tienen familias binacionales", dijo Fernández.

Según el Gobierno, esta medida, que busca evitar brotes en zonas de frontera, es importante "dadas las bajas coberturas de vacunación que tiene Venezuela, país con el que se comparte la mayor extensión de frontera".

Protestas y pronóstico

En paralelo, unas 20.000 personas protestaron en Viena contra las restricciones impuestas por covid-19 y la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero. Anoche finalizó el confinamiento general, pero la medida continuará para los no vacunados, por lo que acusan una "dictadura" sanitaria.