Pamela Boltei

El Ministerio Público solicitó una nueva ampliación de plazo de investigación en la arista denominada "horas extra 1" que fue reabierta y que indaga los montos específicos defraudados para el pago de turnos en la Municipalidad de Viña del Mar. El Tribunal de Garantía de Viña del Mar otorgó 60 días más para la indagatoria.

En una audiencia realizada la mañana de ayer, el fiscal Cristián Andrade hizo la solicitud al Tribunal de Garantía de Viña del Mar para poder realizar algunas diligencias que faltan relacionadas con el Informe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) que solicitó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante.

La arista "horas extra 1" fue reabierta en septiembre de este año tras la solicitud del CDE. El objetivo es que se lleve a cabo un peritaje contable, a cargo de la Bridec que ratifique y/o determinar con exactitud el monto de los dineros defraudados y, con ello, se logren reforzar mediante un nuevo medio de prueba los hechos investigados, así como la participación de los imputados formalizados. En esa misma fecha se anunció la investigación de una nueva arista en la investigación de irregularidades y eventuales delitos en la Municipalidad de Viña del Mar, denominada "horas extra 2", que tiene como objetivo investigar períodos distintos al formalizado en la primera causa, que abarca de junio de 2014 y marzo de 2015.

"Diligencias pendientes"

Pues bien, Andrade explicó que la solicitud de ampliación por "horas extra 1" se justifica "atendido que existen diligencias pendientes". Al término de este plazo, indicó, esperan "tener los antecedentes suficientes para tomar las decisiones procesales que correspondan".

La solicitud fue bien mirada por los querellantes de la causa. El abogado Ricardo Sacaan, quien representa a la exconcejala Marcela Varas, expuso que "estimamos que es necesario efectuar la pericia contable que solicitó el Consejo del Estado para poder determinar la cuantía del monto efectivamente defraudado por los imputados y los eventuales otros responsables. Este monto incide en la pena que se le va a aplicar a los responsables".

Paulo Pérez, abogado que representa a los diputados querellantes Daniel Verdessi y Rodrigo González, manifestó que "está pendiente todavía la realización del peritaje contable respecto de los periodos 2014 y 2015 en el cual están involucrados los imputados objeto de esta investigación. Esa ampliación era necesaria, ninguno de los querellantes se opuso porque es una diligencia relevante".

En tanto, el querellante Javier Gómez, indicó que "el peritaje que ellos solicitaron es importante porque va a determinar la cuantía de la defraudación y con ello la penalidad. Los montos que inicialmente había sostenido el Ministerio Púbico así como el Consejo de Defensa del Estado nos parecían totalmente exiguos, menores, hablaban de entre los tres imputados unos $25 millones, pero los informes de Contraloría han sido lapidarios y hablan de miles de millones de pesos y basta ver cómo un solo funcionario de alta jerarquía duplicaba su sueldo todos los meses por diez años y así se puede dar cuenta de que la defraudación es muchísimo mayor".

"Metaperitaje"

En esa línea, aseguró que "hay que ver qué arroja ese informe pericial, porque si sale una suma pequeñísima sin duda vamos a objetarlo y vamos a pedir un metaperitaje, que es un peritaje al peritaje. Más allá del tiempo que tome esto, lo importante es la certeza jurídica de la prueba que se aporte para acreditar los delitos y que la formalización y acusación que hizo la Fiscalía se acredite. Esperamos que no ocurra lo que ha pasado en otros casos contra municipios en que se termina absolviendo a las personas por la falta de pruebas del propio Ministerio Público. Esta es una prueba relevante".

"(Esperamos) tener los antecedentes suficientes para tomar las decisiones procesales que correspondan".

Cristián Andrade, Fiscal de caso

"Hay que ver qué arroja ese informe pericial, porque si sale una suma pequeñísima pediremos un metaperitaje".

Javier Gómez, Querellante

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó ayer veredicto condenatorio contra Manuel García Queirolo, declarándolo, de manera unánime, culpable de los delitos reiterados de abuso sexual a mayor de 14 años y de producción y almacenamiento material pornográfico infantil, en el caso denominado Ámbar 2.

En la audiencia, el juez Fernán Rioseco indicó sobre este último delito, que "conforme a la valoración que se ha hecho de las pruebas rendidas en el juicio oral es posible dar por establecidos los siguientes hechos: en el periodo comprendido entre los años 2016 y hasta el mes de julio de 2020, en fecha no determinada y en más de una oportunidad, en circunstancias que Manuel García Queirolo se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Covadonga 133, Villa Alemana, en compañía de la menor Ámbar B.C.LL., nacida el 14 de febrero de 2004, hija de su exconviviente, en conocimiento de la minoría de edad de la víctima, la captó y fotografió en más de una oportunidad desnuda, exhibiendo sus genitales con fines primordialmente sexuales, también en ropa interior y semidesnuda, imágenes que en su totalidad alcanzan más de 400 y que almacenó en su teléfono celular".

Con respecto al abuso sexual, detalló que el condenado, en el mismo periodo de tiempo, "realizó acciones de significación sexual y relevancia que afectaron el cuerpo de Ámbar".

Fiscal destaca justicia

Tras la audiencia, la fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, señaló que "estamos tranquilos de que se haya hecho justicia con Ámbar respecto a esta arista de la investigación, que surge a propósito de las incautaciones de teléfonos que se realizaron en el contexto de la búsqueda de Ámbar, en su desaparición los primeros días de agosto del año pasado".

El Ministerio Público solicita al tribunal que aplique la pena de 16 años de presidio en total -ocho por cada delito- y la lectura de sentencia se fijó para el lunes 27 de diciembre a las 12.00 horas.

"Estamos tranquilos de que se haya hecho justicia con Ámbar respecto a esta arista de la investigación".

María José Bowen, Fiscal jefe de Villa Alemana

Hasta la Contraloría Regional llegaron el diputado electo Luis Cuello (PC), la consejera regional Nataly Campusano y el abogado John Parada para presentar una denuncia contra el Ministerio de Transportes por no fiscalizar la frecuencia de microbuses en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

En la denuncia realizada se evidencian tres grandes problemáticas ocurridas el pasado 21 de noviembre: Incumplimiento o poca regularidad en las frecuencias exigidas, falta de servicios en el tramo Valparaíso-Viña del Mar y viceversa, además de un déficit de oferta en relación con la demanda de pasajeros en esa jornada. Así lo confirmó Cuello: "En la primera vuelta el sistema de transporte en Viña del Mar y Valparaíso fue bastante deficitario. Notamos que hubo una ausencia de recorridos, falta de frecuencia y eso tuvo como consecuencia que muchísimas personas no pudieron votar porque no habían microbuses".

"Eso nos parece grave y nos parece también que acá existe responsabilidad del Ministerio de Transportes. Y es por esto que hemos presentado hoy en la Contraloría Regional una denuncia", agregó el diputado electo del Partido Comunista.

Por su parte, Nataly Campusano, consejera regional, aseguró que esperan que esta situación no se repita el domingo en la segunda vuelta: "El 19 de diciembre tenemos que darles garantías a todo aquel que quiera participar en este momento tan relevante e histórico para Chile. Y una de ellas es que el transporte funcione como corresponde. Acá no se está pidiendo que hagan algo extraordinario".