Acontar de mañana lunes, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) iniciará el pago de compensaciones por un total de $8.270 millones a unos 1.750 afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la bahía de Quintero en el mes de septiembre de 2014, hecho acontecido durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, bajo la administración regional del intendente Ricardo Bravo Oliva.

Cada uno de los 690 pescadores demandantes cobrará $7 millones; unos 240 trabajadores asociados a labores de mar, 3 millones cuatrocientos mil pesos; en tanto otros 820, calificados como "gente de tierra", accederán a 3 millones doscientos mil pesos.

Para presionar a la estatal, los afectados ejercieron diversas medidas, entre ellas un bloqueo portuario que tenía más que nerviosa a la industria por un posible desabastecimiento de combustibles en la zona centro y norte del país (un 80% ingresa, precisamente, por Quintero) y a las autoridades políticas, que veían cómo el gobernador Rodrigo Mundaca tomaba protagonismo en las negociaciones ante la pasividad del delegado presidencial Jorge Martínez.

El fenómeno de la afectación medioambiental ha provocado, asimismo, un extraordinario nicho laboral para los abogados de la zona. En este caso destacan el exgobernador DC de San Antonio, Alfredo Nebreda, con un millar de demandantes; Enrique Kittsteiner, el más que polémico exjefe de gabinete de la intendencia de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, bajo la administración de Raúl Celis, con 540 representados; y el exgobernador PS de Quillota durante Bachelet 2, César Barra, con unos 290.

No estará de más recordar que Kittsteiner fue condenado a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y fraude al fisco, pena prescrita por la Corte de Apelaciones de Valparaíso después de que el condenado se diera a la fuga y permaneciera en la clandestinidad durante un lustro. Barra y su estudio fueron involucrados a mediados de diciembre del año pasado en un confuso enredo por platas en la toma de Los Pulpos, en la comuna de Caldera, en la Tercera Región, según reporta El Diario de Atacama. Nebreda fue desacreditado en este mismo conflicto por sus representados a causa de un supuesto mal acuerdo en una demanda anterior contra AES Gener, junto al propio Barra.

De acuerdo con la información recogida por el diario El Mercurio, el estudio de Barra cobrará entre el 20% y el 25% de lo recaudado por concepto de honorarios; el de Kittsteiner, 15%; mientras que Nebreda optó por no precisar montos.

Fuera de todo cuestionamiento al ejercicio libre de la profesión, pero entendiendo que de por medio hay dineros provenientes de una empresa pública de propiedad del Estado de Chile, y en aras de la siempre tan necesaria transparencia, bien debiera ENAP aclarar cuánto recibirá efectivamente cada trabajador y cada abogado.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales dejó algunas cosas positivas: indujo una dosis de moderación discursiva y programática en los candidatos, registró una participación notablemente alta (para nuestros bajos estándares) y arrojó una vez más con rapidez resultados plenamente confiables, prontamente seguidos por los ritos con los que en nuestra tradición democrática se reconoce al triunfador.

Pero la primera ronda nos había condenado a una inconfortable decisión entre dos extremos. Se ha dicho mucho que finalmente la esperanza derrotó al miedo. Es una buena frase propagandística, pero probablemente una descripción muy poco rigurosa de la realidad. Sería más exacto decir que el temor a José Antonio Kast y sus allegados más impresentables resultó más movilizador que el miedo a Boric y sus aliados más incómodos. Por otra parte, la esperanza jugó también algún papel en ambos bandos, aunque tuvo más de ilusión -o acaso de acto de fe-, pues ni los anhelos de mayor bienestar social con los que conectó Boric ni los de orden público que recogió Kast contaban con un buen sustento en sus deficientes programas.

El Presidente Boric estará sujeto a constricciones importantes. Necesitará del respaldo de la mayor parte de la bancada democratacristiana para conseguir mayoría en la Cámara de Diputados y de al menos un voto de centroderecha para obtenerla en el Senado. Sus atisbos decembristas de realismo difícilmente podrán ser revertidos. También estarán las apreturas económicas y fiscales, que paradójicamente la izquierda -y él mismo- han contribuido decisivamente a producir y que ahora les golpearán cual inoportuno búmeran. Y por último, aun algo suavizado y más gradual, el programa de Boric sigue siendo socialmente perjudicial. Para tener éxito tendrá que encontrar un estrecho pasillo que le permita ejecutar suficiente de él para no defraudar a sus partidarios y, a la vez, postergar tanto como sea necesario para evitar sumir al país en el estancamiento y la crispación. ¿Llevará todo esto a la resurrección de la sabia política concertacionista de lo posible que Paula Narváez declaró muerta hace casi un año? Seguramente es mucho soñar.

Sin negar las destrezas políticas de Boric, lo cierto es que el electorado de derecha ayudó mucho a su holgado triunfo cuando tomó la errónea decisión de apostar por un candidato de su vertiente más dura para enfrentarlo, dando un abrupto portazo a los diferentes ensayos de evolución centrista que tanto Sebastián Sichel como Ignacio Briones, Joaquín Lavín y Mario Desbordes habían intentado en las primarias del sector.

La ironía de la polarización que vivimos es que las ansias de autonomía personal, inclusión, meritocracia y seguridad en un amplio sentido que expresa nuestra sociedad -y especialmente los jóvenes- solo podrían resultar razonablemente satisfechas por un liberalismo resueltamente reformista, un conservadurismo heterodoxo o una socialdemocracia bien avenida con la iniciativa privada y la libertad económica. Quienes desde propuestas de ese tipo nos liberen de la tramposa dicotomía entre refundación y restauración serán quienes realmente abran la senda hacia una nueva época de progreso material y moral.

Es frecuente ver en los medios nacionales informaciones que afectan al territorio de la Región Metropolitana, tales como el desperfecto de un semáforo o la inundación de un paso nivel. Independientemente de la poca o nula pertinencia que estas informaciones tengan para los habitantes de regiones, lo cierto es que al visibilizarse de esta forma un problema, las posibilidades de que atraiga la atención de las autoridades aumenta y, con ello, su solución. Así vemos, por ejemplo, como en ocasiones las autoridades comunales adquieren protagonismo y se les ve articulando soluciones con la autoridad central, más allá de las competencias legales que tengan o no para ello.

En este contexto, cabe preguntarse si la forma en que se tratan los problemas de los territorios del resto de las comunas del país es la misma o no. En efecto, si bien los medios locales dan cuenta de los problemas que aquejan a las comunas, no siempre es posible advertir la misma disposición, mediática al menos, de parte de la autoridad comunal en buscar o intermediar con quien corresponda una solución rápida y eficaz para ellos. La ciudad de Valparaíso parece ser un buen ejemplo. Aunque cada cierto tiempo algún medio da cuenta del deterioro progresivo que la ciudad ha experimentado desde hace algunos años, al parecer ello no ha sido suficiente para convocar a las autoridades locales y centrales a elaborar y ejecutar un plan que permita sacar adelante a la ciudad. Las razones pueden ser varias, desde carecer de las atribuciones y recursos para concretarlo hasta no poder convencer al gobierno de turno de la urgencia que esta materia demanda.

A pesar de lo anterior, una luz aparece al final del túnel. En efecto, la campaña presidencial puso de manifiesto la necesidad de los candidatos de conectar con los electores de regiones y, para ello, ofrecieron avanzar en una mayor descentralización del país. De hacerse efectiva esta promesa, es probable que los gobiernos locales dispongan, por una parte, de mayor autonomía y herramientas para hacer frente a los problemas de sus ciudades y, por otra parte, no será necesario sensibilizar al poder central con la búsqueda de una solución, dado que el gobierno electo ya lo estará, pues así lo ha expresado.

Este escenario es auspicioso para el país y la calidad de vida de los habitantes de Valparaíso. Lo anterior permitirá rescatar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad y avanzar en materias de orden y seguridad. Una descentralización efectiva junto a una administración municipal eficiente podría contribuir a que los medios, en lugar de dar cuenta de las dificultades de una ciudad, pongan ahora en valor sus atributos y cualidades. Ya no será necesario hablar de un semáforo en mal estado o de una inundación recurrente en La Florida, Valparaíso o Punta Arenas.