Tres instancias de la ONU pidieron al Estado chileno "reparar" a las 200 mujeres que quedaron embarazadas tras consumir anticonceptivos defectuosos entregados por el sistema público de salud, informó el pasado martes la ONG internacional Women's Link Worldwide.

Se trata del Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres de Naciones Unidas, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

"Los tres mecanismos le solicitaron a Chile adelantar un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado", afirmó María Cecilia Ibáñez, abogada de la organización.

En cuanto a las mujeres afectadas, "pidieron acompañar las maternidades no planeadas, a través de ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar sus proyectos de vida y la crianza de los niños y niñas", añadió Ibáñez.

El escándalo se hizo público hace un año cuando los medios de comunicación se hicieron eco de los testimonios de varias mujeres que denunciaron haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos con Anulette CD en centros de salud públicos.

El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso semanas después una multa de 66 millones de pesos a dos laboratoratorios por fabricar y distribuir las píldoras defectuosas.

Demanda al estado

Paralelamente, la Corporación Miles, que representa a las mujeres afectadas, inició una mediación con el Estado chileno, que ha terminado fracasando "ante el rechazo de nuestro piso mínimo de negociación", indicó la organización este mismo martes en la noche.

"Tras la frustración de la mediación, en Corporación Miles presentaremos una demanda contra el Estado, en busca de que los tribunales de justicia le obliguen a tomar medidas de reparación y no repetición en este tipo de casos", añadió la entidad.

Muchas de las afectadas son mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.

Durante los últimos dos años el funcionamiento del sistema de educación superior ha estado marcado por los efectos de la pandemia, que obligó a los planteles académicos a implementar plataformas digitales para seguir educando a sus alumnos.

No obstante, a comienzos del segundo semestre del 2021, las casas de estudio comenzaron a normalizar la situación y pasaron de las clases online a un gradual regreso a las presenciales, debido a los altos niveles de vacunación y al control sanitario de la pandemia.

Esa es una de las razones que explica la caída en el número de reclamos y denuncias presentadas contra las casas de estudios en los últimos 12 meses, según indicó la Superintendencia de Educación Superior (SES), que desde 2019 es la institución encargada de resolver los conflictos que surjan al interior del sistema.

En 2020, la plataforma digital de Atención Ciudadana de la SES, www.sesuperior.cl, recibió un total de 4.148 casos, mientras que en 2021 ingresaron 4.056, registrando una baja de 2,2%.