Suprema aumenta las indemnizaciones por accidente de Casa 212
JUDICIAL. Máximo tribunal cerró definitivamente el caso, estableciendo responsabilidad institucional en el hecho.
La Corte Suprema acogió los recursos de casación en la forma interpuestos por familiares de víctimas del accidente aéreo registrado en el archipiélago Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011 y, en sentencia de reemplazo, condenó al Fisco a pagar a los recurrentes una indemnización total de $2.330.223.076 por concepto de daño moral y lucro cesante, aumentando el ámbito de las indemnizaciones ya concedidas a parte de familiares de los fallecidos, a quienes se les había negado la reparación, como hermanos y otros parientes.
Esta es la segunda condena en esta causa, ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió, en el fallo que se recurre, parte de las demandas presentadas.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó las demandas de los recurrentes.
Negligencias
"Se observa en estos hechos la concurrencia de una falta de servicio administrativa, puesto que se actuó de manera defectuosa, en inobservancia a la normativa que resultaba obligatoria y que establece obligaciones precisamente dirigidas a la seguridad y eficiencia del vuelo; como también se incurrió en omisiones en cuanto a la recopilación de información esencial y necesaria para aproximarse a un lugar de destino conocidamente problemático por sus condiciones meteorológicas. Tales defectos dijeron relación, según se ha expuesto, con una deficiente planificación de la misión en materias como la cantidad de pasajeros y su peso, altura de vuelo, corrección del plan de vuelo e información de las condiciones meteorológicas existentes tanto en la ruta como en el aeródromo de destino", dice el fallo.
Además, la Corte reitera que en la caída de la aeronave, junto a la responsabilidad del personal a cargo del vuelo, se configura la del mando institucional, especificando que hubo "una serie de factores contribuyentes que se erigen como deficiencias en el actuar administrativo y que, incluso, generaron la imposición de sanciones funcionarias. En otras palabras, existen otras circunstancias que resultan gravitantes al momento de razonar en torno a la responsabilidad, puesto que ella no se agota en las acciones del piloto y la comandante, en tanto obran en autos probanzas suficientes para radicarla, también, en otros mandos de la institución".
Así entonces, sostiene que "es posible concluir que tanto los hechos imputables a la Fuerza Aérea de Chile, como también la maniobra de los pilotos consistente en volar a baja altura, que propició la pérdida del control y la imposibilidad de retomarlo, tuvieron la misma incidencia en la producción del resultado dañoso, resultando de la misma intensidad y relevancia".
Responsabilidad
Tras conocer el fallo, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa como procurador común a las familias con un nexo con TVN, y además, junto al abogado Julio Pellegrini, al padre y hermanos de Felipe Camiroaga, destacó que "la sentencia tiene varios puntos bien interesantes. El primero, desde el punto de vista del fondo, es el régimen de responsabilidad institucional por esta falta de servicio, que lo desarrolla con bastantes argumentos, y fijando una línea jurisprudencial más moderna".
Por otra parte, resaltó que "si bien ratifica en su mayoría la sentencia de la Corte de Valparaíso, lo que hace es anularla y reemplazarla en aquella parte en que no se le habían dado beneficios a algunos parientes, lo cual concede, precisamente por esos defectos de forma, y además entra al fondo, por el régimen de responsabilidad".
El jurista aclaró que luego de esta sentencia, "ya no queda ninguna otra instancia ni opción de revisión".
"(El fallo establece) "el régimen de responsabilidad institucional por falta de servicio, fijando una jurisprudencia más moderna".
Juan Carlos Manríquez, Abogado de familiares.
$ 2.330 millones es la cifra total en indemnizaciones que deberá desembolsar el Estado de Chile.
$ 355 millones como cifra total por lucro cesante se le otorgó a los dos hermanos que perdieron a sus padres.