Pamela Boltei

Este jueves hubo una intensa discusión en la reunión de comisiones del Concejo Municipal viñamarino. Y el motivo fue la renovación o no, y cómo, del comodato para el uso del estadio Sausalito de parte de Everton. El debate se centró en las distintas posturas de los ediles sobre cómo el club debe pagar al municipio por la ocupación del espacio. Se extendió tanto que la sesión ordinaria del Concejo comenzó a las 20.15 horas y el punto sobre el equipo viñamarino quedó finalmente postergado para la próxima semana.

La propuesta de comodato en cuestión se trata de un nuevo contrato con Everton para que el club pueda usar el estadio Sausalito para los campeonatos nacional, Copa Chile y campeonatos internacionales, como la Copa Libertadores.

Propuesta

Hasta ahora, el modelo de comodato funcionaba mediante una especie de canje, donde la municipalidad obtenía una cantidad de entradas a cambio del uso del estadio. Sin embargo, en esta ocasión la Comisión de Deportes logró que Everton hiciera contraprestaciones para que el club se compromete a hacer reparaciones y mantenciones de los camarines una vez al año, la opción de arreglar las bancas de los jugadores de reserva y/o poner las telas que cubren el frontis del estadio como ornamentación.

Además, se comprometen a realizar talleres deportivos en los sectores donde la municipalidad indique, poder potenciar el fútbol femenino para que el equipo femenino de Everton pueda jugar partidos en el Estadio Sausalito, realizar un entrenamiento una vez al mes al estadio con la visita de público invitado, entre otras materias, como una cantidad de entradas para las distintas locaciones y la compra de herramientas que se utilizan en la mantención del estadio.

Carlos Oliver, gerente general de Everton, indicó que "hemos presentado una solicitud formal al Concejo para poder renovar el comodato de uso del Estadio Sausalito, en condiciones muy favorables para la ciudad. Esperamos que el Concejo apruebe nuestra solicitud para que nuestro equipo siga siendo local en el Estadio Sausalito, como lo ha hecho históricamente."

El administrador municipal, Leonardo Rissetti, explicó que "estamos trabajando por el mejor acuerdo posible para la utilización del Estadio Sausalito". "Ya hemos avanzado bastante entre el club y el Concejo Municipal para hacer del recinto uno de los mejores del país, abierto a la comunidad y a todas y todos los hinchas. Confiamos que llegaremos a un acuerdo con el concejo que sea favorable para toda la comuna".

Se espera crear una carta Gantt para especificar los tiempos en que esto se tiene que ir cumpliendo. Sin embargo, hay división entre los concejales respecto a si esto es suficiente o no, considerando que el municipio necesita dinero fresco en caja para realizar la gestión, además de las dudas por las deudas que mantiene el club con la casa consistorial.

Por un lado, el presidente de la comisión, Carlos Williams, está de acuerdo con aprobar este comodato. "Es el comodato más completo y ventajoso para los intereses municipales". Por eso, manifestó: "Estoy a favor de firmar el comodato porque, independiente de quienes sean los actuales administradores del club, la institución es patrimonio de nuestra ciudad y de sus habitantes y debemos defender la localía de Everton. No concibo que, contando con un estadio que reúne los estándares que exige la ANFP y la Conmebol, nuestro club haga de local en otra ciudad".

Lo mismo, René Lues: "No concibo que el concejo municipal le impida al club jugar en el estadio Sausalito, que es el estadio de la ciudad. Así lo dije y lo sostengo, sería algo realmente impresentable. Everton, independiente de quién lo administre, no puede ser tratado como un club o una institución más, sino como una institución fundamental de la ciudad, a la que es necesario apoyar".

Sin embargo, Sandro Puebla (ind. pro PS) planteó que "de momento estoy en reflexión, ya que después de la comisión de este jueves quedé con más dudas respecto a la relación del Grupo Pachuca con la municipalidad, siento que existen cabos sueltos, por ejemplo, en un juicio pendiente, problemas con el fútbol femenino, entre otros temas. Quedaron de parte de la actual administración municipal, "monetizar" el convenio y entregarlo a los concejales en los próximos días. También estoy esperando este informe de cara a estudiar este convenio con el grupo Pachuca. Mi pregunta es: ¿Hoy Ripamonti necesita entradas o dinero sobre la mesa?".

Deudas pendientes

El edil Pablo González (PC) expresó que "la renovación del contrato de comodato al grupo Pachuca es compleja porque la situación de deudas pendientes con el municipio se judicializó en un juicio de cobros".

En efecto, de acuerdo a información de la Dirección de Ingresos Municipales, la deuda de los tributos por "Convenio Permisos" asciende a $23.223.275, la deuda de los tributos por "Permisos de Publicidad" asciende a $16.898.164 y la deuda de los tributos por "Permisos de Ventas" asciende a $41.237.751, siendo esta última del 2017 y es la única deuda que reconocen.

"El grupo Pachuca no hace ninguna propuesta nueva que convenza que se le tenga que entregar este título. Hay que regirse por lo que establece la ordenanza municipal y que por cada fecha que juega deba pagar el monto de 140 UTM más la boleta de garantía respectiva, porque ellos ya tienen un historial de deudas con nosotros. Hacen una valorización de las entradas que están sobreestimadas, pero al municipio le conviene más que el grupo Pachuca pague fecha a fecha". Además, menciona que "hay otros ítemes sobrevalorizados, como las escuelas de fútbol y los problemas en Reñaca Alto".

Alejandro Aguilera (CS), planteó que "no puede ser un comodato porque significa una entrega gratuita a una organización, y eso es para organizaciones sin fines de lucro y el grupo Pachuca busca un interés económico en administrar Everton. Reconozco que hay esfuerzos de materializar y poner en números la oferta, es insuficiente porque la mantención del recinto en este comodato corresponde al municipio y eso no puede seguir permitiéndose. No voy a estar disponible para la firma de un comodato, sino para la firma de un convenio".

"Hacen una valorización de las entradas que están sobreestimadas, al municipio le conviene más que el grupo Pachuca pague fecha a fecha".

Pablo González, Concejal PC

"Siento que existen cabos sueltos, por ejemplo, en un juicio pendiente, problemas con el fútbol femenino, entre otros temas".

Sandro Puebla, Concejal ind. pro PS

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó coordinar esfuerzos entre los dueños de un predio de Reñaca Alto, las familias que se lo tomaron y distintos organismos públicos atingentes a soluciones habitacionales, varias dudas se mantienen en el proceso.

Un comunicado de prensa intentó aclarar que el fallo respetaba el derecho a la propiedad privada, pero dos abogadas mantienen cuestionamientos. "En lo esencial la sentencia de la Corte Suprema reconoce que la ocupación es ilegal y vulnera el derecho de propiedad y que es incuestionable que los dueños de los terrenos han visto vulnerados sus derechos y garantías por la ocupación contra su voluntad por terceras personas" dice parte del comunicado.

Pues bien, la abogada y académica especialista en Derecho Urbanístico e Inmobiliario, Jeannete Bruna, reflexionó al respecto: "No es común que la Corte Suprema emita aclaraciones de sus sentencias, pero dadas las repercusiones, evidentemente constituye una señal relevante", dijo. "Preocupa que se pueda desnaturalizar el recurso de protección. Los ciudadanos esperan que las sentencias entreguen una solución concreta a la vulneración de sus derechos y no que se convierta en una herramienta que llene los vacíos de nuestra legislación en materia de la posible especulación del suelo o de acceso a la vivienda adecuada".

Marcela Peredo, profesora de Derecho Constitucional de la U. de Los Andes, expuso que "los jueces no hablan a través de comunicados, sino que a través de resoluciones judiciales o fallos" y que "el principio de coordinación no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente por la inexcusabilidad de los jueces ellos tendrían que haber tomado una medida de protección y no de coordinación entre las partes, para favorecer a aquel que había sido vulnerado en su propiedad. Si el fallo hubiese hecho eso, tal vez el comunicado no habría sido necesario".