Katherine Escalona M.

La semana ha estado marcada por el conflicto suscitado por la toma irregular de la parcela N° 164 de Placilla de Peñuelas, en Valparaíso, que afecta directamente a 160 familias del comité habitacional "Ñi Ruka Pewma" que pretenden emplazar en ese predio, que actualmente es de un privado y tendría un compromiso de venta con el Serviu, sus viviendas.

El miércoles las autoridades confirmaron una mesa de trabajo para dar solución al conflicto, la Fiscalía corroboró una investigación a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Valparaíso, y este jueves el propietario del terreno interpuso una demanda en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso contra quienes resulten responsables, dando a conocer que ya hay ocupación irregular y que el terreno está siendo vendido, incluso, por redes sociales, por lo que esperan el desalojo.

Esta última información llegó a la Fiscalía, entidad que indaga el caso y que dio cuenta que espera un informe clave de la Bicrim para formalizar bajo el presunto delito de usurpación ilegal, donde también se podría configurar el ilícito más grave, en relación a la venta de terreno de un tercero que es normado bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Desde la Fiscalía Regional afirmaron que "son varias las diligencias que deben efectuarse por los funcionarios de la PDI y, por lo mismo, se estará a la espera de los resultados para adoptar la mejor decisión". Recalcaron que "en lo que dice relación a los delitos involucrados, esto bien podría configurar un delito de usurpación, pero podría derivar en una calificación más grave si se detecta que no solo hubo una toma de terreno, sino que esto vino acompañado de una persona u organización que loteó el terreno y cobra por la venta de los lotes".

Explicaron que "esa conducta (de lotear el terreno y cobrar por este) está sancionada como delito en la Ley General de Urbanismo y Construcción bajo el nombre de loteo irregular, que tiene asignadas penas más altas que la mera usurpación". Exactamente, el artículo 138 de la citada establece penas por realizar loteos irregulares y lucrar con ellos.

Sin embargo, aclararon que "todo dependerá, en último término, de los resultados obtenidos en la investigación" y reconocieron que "en cuanto a la preocupación de las personas afectadas y de la comunidad en general por estos hechos, la Fiscalía empatiza totalmente con ellos y enfatiza el compromiso con una investigación rápida que permita acreditar el hecho y establecer la identidad de los responsables".

En la entidad persecutora destacaron, además, que para el "Ministerio Público es fundamental contar con la mayor cantidad de información, pues solo así podremos robustecer la investigación y llevar un buen caso adelante. Cualquier dato que se estime de utilidad debe ser puesto en conocimiento de las policías o de la Fiscalía".

Ediles apoyan a vecinos

La situación no es indiferente para el Concejo Municipal y los ediles porteños dieron su apoyo a los vecinos afectados y manifestaron preocupación por el caso. El presidente de la Comisión de Seguridad, Dante Iturrieta (UDI), precisó que "la situación es muy preocupante y, a la vez, peligrosa. Por una parte, esta usurpación de terrenos está dejando sin la posibilidad de concretar el sueño de una vivienda digna a 160 familias y es preocupante porque, claramente, estos hechos ocurren y son dirigidos por grupos organizados y no solo en Valparaíso como comuna, sino que a lo largo del país".

Acotó que se debe tener en cuenta que, junto a los asentamientos, se generan problemas sanitarios y de seguridad, por lo que instó a buscar una solución a la brevedad. "La situación hoy día es entre privados, pero siento que no puede ser indiferente para las autoridades locales, regionales y nacionales. (...) Según mi opinión, mientras no exista una ley a nivel nacional que sancione duramente estas prácticas, no hay mucho que hacer, porque ocurre lo que comentan los vecinos, que dicen ser peloteados de un lado hacia otro sin ninguna solución".

El edil Daniel Morales (Ind.) reconoció que tras lo ocurrido "se hace urgente una mayor coordinación entre el Serviu, las policías, los juzgados y el municipio para prevenir ocupaciones ilegales de este tipo de terrenos, con el fin de dar señales claras a los loteadores ilegales, cuyo interés no busca el bien común".

Explicó que "dado el escenario actual, el Serviu, una vez que se ingresan proyectos habitacionales, debería hacer un monitoreo permanente de los terrenos; (...) las policías y los juzgados, una vez hecha una denuncia, deberían actuar con celeridad y, finalmente, siendo este un terreno privado, el municipio debe, dentro de las facultades que tienen los inspectores de la Dirección de Obras, notificar una construcción que esté sin permiso, llegando incluso a decretar órdenes de demolición. Hoy nada de esto sucede".

Mientras, el concejal Vladimir Valenzuela aseveró que lo que ocurre con el comité de Placilla "es reflejo de la crisis prolongada en la política pública de vivienda, donde las herramientas, recursos y atribuciones que disponen las instituciones son insuficientes. La adquisición de terrenos para proyectos sociales debería ser rápida y capaz de anteponerse".

Puntualizó que "hoy se está en un proceso judicial que debería rápidamente seguir con el curso y lo otro es que el Serviu pueda avanzar en aprobar el proyecto para que las familias del comité puedan adquirir el terreno. La complejidad del déficit de viviendas sociales solo se puede resolver con gestión política. Será un gran desafío del nuevo gobierno".

Nuevo corte de Ruta 68

Ayer, en tanto, a partir de las 19.45 horas, integrantes del comité "Ñi Ruka Pewma" volvieron a manifestarse en la Ruta 68, cortando el tránsito en ambas direcciones, lo que produjo una alta congestión vehicular.

"La Fiscalía enfatiza el compromiso con una investigación rápida, que permita acreditar el hecho y establecer la identidad de los responsables".

Fiscalía Regional

"Claramente, estos hechos ocurren y son dirigidos por grupos organizados y no solo en Valparaíso como comuna, sino que a lo largo del país".

Dante Iturrieta, Pdte. Comisión de Seguridad

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Un robo, avaluado en unos $ 10 millones, se perpetró la tarde de este jueves en la oficina distrital del diputado PPD Rodrigo González, en Viña del Mar.

"Ayer (jueves), en la tarde, recibí un llamado de mi secretaria, ella tenía contacto con el dueño y arrendatario del inmueble que arriendo en Viña en Traslaviña, y resulta que lo robaron, entraron a la fuerza", informó el parlamentario que termina su periodo en el Congreso el próximo 11 de marzo.

"Llamé a Investigaciones y fuimos juntos con el jefe de Investigaciones de Concón y comparecimos en el lugar, vimos que estaba la tendalada (sic)", prosiguió relatando el legislador.

Puntualizó que "entraron, rompieron todo, las carpetas, en la oficina guardábamos una cámara, se robaron como seis computadores, sistemas de amplificación, iluminación y lo único que no se robaron, parece que porque era muy antiguo, fue la impresora. Así que me robaron toda la documentación de tantos años".

El diputado ya puso la denuncia en la PDI y anunció que también presentará una querella para dar con los responsables. "Pedí que inspeccionaran las cámaras que están cerca. Parece que los tipos subieron por los árboles, rompieron el ventanal y entraron a un departamento contiguo".