"Esperamos del Gobierno de Boric que sean estrictos según lo que estipula la ley"
La aprobación del Comité de Ministros del proyecto termoeléctrica Los Rulos no le preocupa demasiado a Salvador Donghi. El biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora se muestra tranquilo a pesar de la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera, puesto que aún quedan instancias judiciales para revertir la ejecución de una iniciativa que bajo la visión del experto tiene múltiples contraindicaciones.
De hecho, Donghi destaca que es prácticamente imposible para la empresa hacerse cargo del impacto que podría generarle a la población de Marga Marga.
- ¿Cómo se tomó esta noticia?
- A nosotros no nos extrañaba el resultado de la decisión del Comité de Ministros porque es una instancia de composición netamente política. No es técnica ni tampoco jurídica. Además, el solo hecho de la aprobación del proyecto a través de la RSA con marcados vicios administrativos no invitaba a esperar algo distinto. De todas formas lo tomamos con bastante tranquilidad, porque es una instancia no judicial que lo único que hace es acreditar que las observaciones y reclamaciones que hicieron cada uno de los participantes estuvo contestada en el marco del proyecto, lo cual creemos que no. Hay varias observaciones no contestadas debidamente, por lo que seguirán los trámites legales.
- ¿Con esto se confirma el poco compromiso con el cuidado ambiental de parte del Gobierno?
- Esto claramente no refleja otra cosa que el escaso compromiso de la administración saliente con el medioambiente. Sin embargo, lo que nos llama más la atención como equipo profesional es la ambigüedad de este Gobierno respecto a lo que plantea y lo que hace efectivamente. En días anteriores ellos se reúnen con la nueva administración en materias ambientales y dicen que abogan por el legado y la continuación de las políticas enmarcadas en las problemáticas climáticas y de la biodiversidad. Pero este proyecto es absolutamente lo contrario.
- A su juicio, ¿cuáles son los impactos más negativos del proyecto?
- Es un proyecto muy grande en términos energéticos, de aproximadamente 590 MW y con una cantidad de material particulado anual de alrededor de 120 toneladas. Ahí es tanta la cantidad que ni siquiera la empresa ha sido capaz de presentar el plan de medidas de compensación, mitigación y reparación para hacerse cargo de ese impacto. Eso está prohibido por la ley. El proyecto está en la obligación de compensar en un 120%, es decir, más de 200 toneladas. Y no hay de dónde compensar eso, por lo que el costo lo estaría pagando la población y no la empresa. Es un proyecto aventurero, donde el costo lo paga la población. Además, no hay ningún estudio, porque no existen las líneas de base respecto al nivel de contaminación que tiene la reserva de la biosfera La Campaña-Peñuelas. Y así lo reconoce también la empresa.
"no se hace cargo"
- Pero su estudio de impacto ambiental fue aprobado.
- El problema es que en Chile, quien debe resguardar y ser garante del cumplimiento de la legislación ambiental, que es el Estado, no lo hace. El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprueba un proyecto que tiene marcados vicios administrativos. No tiene plan de medidas de compensación, no se hace cargo de los impactos ambientales ni tampoco de los impactos sobre la reserva de la biosfera y de la crisis hídrica de la región. Por tanto, hay un sinnúmero de irregularidades por las cuales el Servicio de Evaluación Ambiental debería haber sido más estricto.
- ¿Qué le pediría al nuevo gobierno de Gabriel Boric en relación a este proyecto?
- Nosotros estamos muy confiados de las nuevas autoridades por el marcado compromiso ambiental que han manifestado no solo a nivel de Ministerio del Medio Ambiente, sino también en el de Ciencia. Ahí creemos que hay un corte más científico que técnico, por lo que nosotros vamos a ser escuchados con estas demandas. Lo que esperamos del Gobierno de Boric no es nada del otro mundo. Es que sean estrictos en la evaluación, según lo que estipula la ley. De esa forma, cumpliendo lo que obliga la Ley 19.300 (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente), este proyecto nunca debería haber sido aprobado.
- ¿Y qué instancias ambientales y judiciales quedan para lograr revertir el proyecto?
- Todavía hay un alegato pendiente del recurso de invalidación en el Tribunal Ambiental y las instancias en que lleguen cada uno de los reclamantes hoy día. Después del Tribunal Ambiental, dependiendo del resultado, viene también lo que pueda decidir, en términos de seguir en el ámbito judicial, la Corte Suprema. Por tanto, es un proyecto que todavía debe avanzar mucho en el plano judicial.
"Nos tomamos la noticia con tranquilidad, porque es una instancia no judicial. (...) Hay varias observaciones no contestadas, por lo que seguirán los trámites legales".