En una semana marcada por los problemas con el servicio de agua potable debido a los impactos de la sequía, los airados cuestionamientos levantados por los alcaldes de Marga Marga ante la aprobación del proyecto termoeléctrico Los Rulos y las protestas gatilladas por la toma ilegal de terrenos en un predio de Curauma destinado a viviendas sociales, los días han estado ajenos al ambiente festivalero que solía dominar el tramo final de febrero, pero configuran de forma clara, precisa e incontestable el escenario que se encontrarán las autoridades regionales que asuman el próximo viernes 11 de marzo.

Más ejemplos: el hallazgo del cuerpo de un empresario en el patio de una casa en Quintero reveló los alcances del crimen organizado y la penetración del homicidio por encargo -el temido sicariato- en nuestra sociedad, en tanto que el informe de Contraloría que descubrió nuevas irregularidades en la Corporación Municipal de Viña del Mar mostró con claridad los desafíos institucionales que existen para lograr el control de la corrupción en los municipios.

Las contingencias semanales son fiel reflejo de algunos problemas estructurales que vive la Región, pero están lejos de ser los únicos y todo ello ocurre en un delicado momento de definición constitucional, que despierta al mismo tiempo esperanzas e inquietudes.

En paralelo a estas preocupaciones, los partidos de la futura coalición oficialista han encontrado problemas para alcanzar un acuerdo en torno a la figura del delegado presidencial de la Región de Valparaíso. La pugna interna en RD y las condiciones puestas por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca -"Queremos ser partícipies del proceso, fue lo que el Presidente prometió", dijo-, derivaron las negociaciones a nombres alternativos a los de Nataly Campusano (CS) y Rodrigo Faúndez (Modatima), al punto de alcanzar al PS, que ya sugirió para el cargo a dos abogadas, y al PC, que plantea como figura de consenso a la excandidata Sofía González.

Aunque personeros de la coalición estiman que, ahora sí, la definición no debería pasar del próximo lunes 28, con certeza la dura negociación dejará heridos en el camino y, como suele ocurrir en el inicio de un nuevo Gobierno, la figura que asuma estará sometida a un escrutinio tan duro al interior del Frente Amplio y los partidos oficialistas, como de la oposición.

Aunque ya no goza de toda la relevancia y potestades de los antiguos intendentes, el delegado presidencial es aún el cargo más importante de los que designa el Presidente en la Región y sus facultades están directamente relacionadas con la solución de los problemas descritos al inicio. Conocidos los desafíos, ahora sólo resta saber quién será el encargado de asumirlos.

Muchas veces se nos ha señalado como causa que uno de los principales problemas para la seguridad pública dice relación con el comercio ilegal, mal llamado "ambulante", una actividad ilícita que además genera enormes daños al comercio establecido y que ha motivado la promulgación de una ley orientada a sancionar con mayor severidad a quienes forman parte de esta verdadera industria, una que pareciera activarse en escenarios económicos adversos. El empeoramiento de la situación y la ausencia de instrumentos legales obligó al Congreso a aprobar una nueva ley que haga frente a la actividad comercial ilegal, esa que hoy parece desbordada en las grandes ciudades del país.

De acuerdo con el informe del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), en 2015 fueron confiscadas en nuestras fronteras 2.864.976 unidades de productos falsificados, 34% más que el 2014, lo que equivale a una pérdida fiscal que supera los US$ 160 millones. La misma subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, sostuvo que "al año tenemos transacciones en comercio ilegal que bordean lo mil millones de dólares", sin mencionar los perjuicios que genera la ocupación de los espacios públicos y los delitos asociados, como el uso de armas de fuego, el narcotráfico y la venta de productos pirata o falsificados, que ahuyenta a potenciales compradores del comercio establecido en el lugar donde se instalan estos puestos de venta, y produce, además, un deterioro en el prestigio del país que ha suscrito innumerables tratados de libre comercio. Hasta hoy, parecía no tomarse muy en serio el resguardo de la propiedad intelectual.

Esta nueva ley diferencia entre quienes ejercen esta actividad producto de una necesidad acuciante y los que buscan enriquecerse. En ese sentido, las municipalidades podrán destinar, a través de sus ordenanzas, espacios definidos para realizar el comercio ambulante en la medida que cuente con un sistema de identificación de las personas autorizadas. La ley establece multas de 0,5 UTM a 2 UTM, y en caso de reincidencia aumenta de las 2 a 4 UTM. En el caso del comercio clandestino, las multas oscilan entre 1 Unidad Tributaria Anual a 10 Unidades Tributarias Anuales.

Pero más importante aún es que esta nueva ley pretende atacar esta industria "aguas arriba", aplicando las normas de la asociación ilícita y estableciendo la entrega vigilada como técnica de investigación a efectos de desbaratar toda la cadena, es decir, la producción de especies, así como la distribución y almacenamiento. Asimismo, la nueva ley establece penas de presidio desde los 61 días hasta los 5 años.

Lo interesante es que se asigna una mayor sanción a las infracciones tributarias de esta "industria", especialmente las del artículo 98 del Código Tributario (en específico los números 8 y 9, sobre comercio ilegal y clandestino, respectivamente). De esta manera, los funcionarios del SII y los inspectores municipales podrán exigir los permisos del municipio o los permisos sanitarios, así como la documentación que acredite el origen de los productos. Las policías también podrán denunciar la comisión de este delito, de tal modo que el SII pierde la exclusividad de ejercer la acción penal. Respecto a las sanciones por infracciones tributarias, el riesgo es una multa del 50% al 400% de los impuestos que fueron eludidos.

Asimismo, la nueva ley establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las gobernaciones y las municipalidades podrán hacerse parte en estos procesos solo si el SII interviene como querellante. Sin embargo, los alcaldes lamentaron la falta de financiamiento para que los municipios puedan realizar su labor fiscalizadora, muchas veces obstaculizada por los transeúntes y usuarios del transporte público.

Han pasado dos años desde la irrupción del covid-19 en el país y es muy satisfactorio haber sido parte del trabajo que desarrolla el Ministerio de Economía en la región para enfrentar una crisis sin precedentes, que además de su impacto en la salud de las personas, significó un profundo golpe para nuestros emprendedores y emprendedoras, comerciantes y miles de personas que perdieron su fuente laboral.

Han sido tiempos en los que esta cartera, a través de sus servicios dependientes como Corfo, Sercotec e Indespa, entre otros, no ha escatimado recursos para abocarse a la tarea de acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas de rubros tan importantes como el turismo, la pesca artesanal, la construcción y el comercio, que necesitaban nuestro apoyo para volver a ponerse de pie.

Es así como después de alcanzar a mediados de 2020 un peak de desempleo de 14,4%, logramos en poco más de un año revertir esa cifra a la mitad y cerramos 2021 con una tasa de desocupación de 7,4%, recuperando así los niveles que teníamos antes de la pandemia.

Desde la Seremi de Economía hemos venido trabajando principalmente en cuatro ejes: el de la digitalización, que permitió a más de 31 mil mipymes abrirse a nuevas oportunidades a través del comercio electrónico; la creación de alianzas estratégicas, tanto con universidades como a través de la conformación de nueve mesas satélites que permitieron la participación activa de los diferentes gremios y actores económicos regionales; un tercer eje sobre canales de atención y despliegue territorial, que se tradujo en la elaboración de la Guía Económica Regional y la Red de Atención Económica Regional, para que ningún emprendedor y emprendedora se quedara sin acceder a programas y beneficios; y un cuarto eje sobre el fortalecimiento de nuestros instrumentos de fomento productivo.

Este último significó que en los dos últimos años cuadriplicáramos los recursos de un año habitual, logrando ejecutar regionalmente $45 mil millones en programas de Indespa, Corfo y Sercotec, a lo que se suma la renovación del Convenio Gore-Indespa, para disponer de $4.200 millones en favor de la pesca artesanal. Y no menos importante fue la inyección de $96 mil millones a la región a través del Bono Alivio para las MYPE, la cifra más alta de la historia en transferencias directas por parte del Ministerio de Economía.

Hemos dado pasos muy importantes y podemos decir que hemos cumplido la misión que nos propusimos a comienzos de 2020. Sin embargo, también estamos conscientes de que esta crisis aún no termina y por eso consideramos fundamental que durante los próximos años se sigan destinando recursos para la reconversión de nuestras pymes, que son el motor de nuestra economía regional y fuente de desarrollo de nuevos talentos que tienen mucho que aportar a la región y al país.