de adopción de medidas y políticas. En ningún caso interfiere con la independencia de los jueces, pues se integra como un principio general del derecho más.

-¿Está bien que se haya rechazado la propuesta que señalaba que las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos "permitirán revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias dictadas por tribunales de Chile"?

- El Sistema Internacional de DDHH considera que se pueda acceder a él una vez agotadas las instancias internas y sus decisiones son aplicadas y cumplidas en Chile sin problema, por tanto alterar a nivel constitucional el efecto de cosa juzgada no es necesario a mi juicio. Por ejemplo, en el caso de la sentencia del caso Omar Maldonado y otros vs. Chile, cuyo cumplimiento debí implementar como subsecretaria para las FF. AA., la sentencia de la CIDH dispuso anular las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra.

Soluciones y no estados de excepción

- ¿Hasta dónde el grado de apoyo y rechazo que tenga la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de salida va a condicionar el éxito del futuro Gobierno?

- Quienes queremos que al gobierno del Presidente Boric le vaya bien tenemos que hacer todos los esfuerzos porque la Constitución sea realidad. Lo ha dicho el ministro Jackson, es necesario que se apruebe el texto constitucional. Es una oportunidad de cambiar el Estado subsidiario que es el gran límite a los cambios que Chile reclama, y así avanzar a un Estado social de derechos.

-¿Cómo debe abordar el Gobierno de Gabriel Boric la crisis migratoria? ¿Hay que mantener o no el estado de excepción en la Macrozona Norte?

-El gobierno de Piñera dejó de gobernar hace largo rato. Ha convertido los estados de excepción constitucional en la norma permanente. Son las fuerzas armadas las que se están haciendo cargo del orden público en Chile, algo totalmente anómalo y que da cuenta de la incapacidad del gobierno en conducir a soluciones. La situación de La Araucanía y la de la zona Norte demuestran que el gobierno se ha conformado con mantener las situaciones sin buscar diálogo, acuerdos ni hacer propuestas concretas en cuanto a dirección de las policías. Hay un fracaso del gobierno evidente. La futura ministra del Interior ha señalado, correctamente a mi juicio, que el camino es el diálogo, no mantener militarizadas las zonas en conflicto sino buscar soluciones a ellos.

- ¿Hay que establecer el diálogo con todas las partes en La Araucanía como ella lo señaló, incluyendo los sectores que reivindican la vía armada?

- El diálogo es necesario para superar todo conflicto, evidentemente debe realizarse dentro del marco legal. La situación de La Araucanía requiere diálogo con los pueblos originarios y sus legítimas demandas, pero también requiere restablecer el orden público y el avance de las causas judiciales, que las policías sean bien dirigidas desde el Ministerio del Interior, cosa que este gobierno renunció a hacer, y además adecuada coordinación con el Ministerio Público. Estoy cierta que la ministra Siches tiene claridad al respecto y todas las condiciones para ello.

La compleja situación migratoria

- La expresidenta Bachelet subrayó la importancia de crear políticas migratorias y que esas legislaciones deben garantizar la dignidad para los migrantes y sus familias. ¿Chile está en condiciones de dar esas garantías?

-La migración es un derecho humano y es importante reconocerlo como tal, más aún en situaciones tan complejas como las que atraviesan algunos países que obligan a sus nacionales a salir en condiciones muchas veces inhumanas, caminando por días, con niños, como hemos visto. Las normas de migración deben condecirse con ello, y en lo que me parece fundamental, en el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero las condiciones en que están muchos de los migrantes que han ingresado en forma irregular también son muy complejas, sin condiciones sanitarias, de vivienda. Cuando la aspiración transversal en Chile es la dignidad, ellos no tienen ninguna. La situación migratoria es muy difícil de abordar solo por un país, es indispensable la colaboración regional y de los organismos internacionales.

- Como exsubsecretaria de Fuerzas Armadas, ¿qué le parece el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por malversación de caudales públicos por casi 6.500 millones de pesos de gastos reservados de la institución?

- Es lamentable que existan estos hechos en que autoridades están siendo investigadas en relación a fondos públicos y que deben ser sancionadas conforme a la ley. Las normas que se aplicaban en la época en que ocurrieron los hechos eran laxas y con otros niveles de control desde el Ministerio. Como subsecretaria para las Fuerzas Armadas hicimos un trabajo en conjunto con el gabinete del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y con las ramas para cambiar el sistema de control interno, establecer auditorías permanentes y preventivas, y la máxima transparencia con Contraloría; establecimos canales expeditos de denuncias en caso de irregularidades. Todos estos hechos finalmente incidieron en mejorar los estándares de control, que son indispensables en toda institución cuando existen dineros públicos.

- ¿Finalmente, ¿cuáles serán los desafíos más difíciles para el Gobierno de Gabriel Boric?

- En lo inmediato, abordar las situaciones que hemos descrito antes son prioritarias, La Araucanía y la migración. La economía tampoco queda en buen pie, el control de la inflación es prioritario porque perjudica en mayor medida a los más desprotegidos. Y evidentemente, como he señalado, aprobar el texto de nueva Constitución. Ello será el punto de partida para implementar a fondo el programa de gobierno. 2

- ¿Qué le parece la irrupción del grupo Amarillos por Chile, que dice que algunas normas aprobadas son una señal de alerta para quienes no quieren la refundación del país desde cero?

- La política y las ideas son más necesarias que nunca. La alerta me parece que no es a la Convención, pues es autónoma y no debemos permitir presiones ni que se la "rodee", sino a los partidos políticos y a los líderes para que colaboren al fin último que se busca, cual es el de tener una nueva Constitución. Que existan movimientos o personas que manifiesten su opinión es algo sano en democracia, pero no estoy de acuerdo en que se empiece a dar por fallido el proceso que está en curso. Debemos hacer todos los esfuerzos para tener un proyecto que la ciudadanía apruebe por amplia mayoría y no ser agoreros. La Constitución no debe ser de izquierda ni de derecha sino de todos. El texto debe representar a las mayorías y no solo a múltiples sectores.

- ¿Y la carta de Berríos, Soublette, Valdés y Ruiz en que "imploran" a los convencionales que busquen los entendimientos necesarios "para generar un todo normativo que permita procesar las diferencias y fundamentar políticas por las cuales avanzar unidos hacia el bien común y la convivencia justa"?

- Reitero que las opiniones son todas válidas, lo importante es respetar la autonomía de la Convención, no pautearla. Creo que las y los constituyentes entienden que para que el texto sea aprobado será necesario que concuerden soluciones, tal como están haciéndolo, y no imponiendo normas que aunque puedan hacerlo hoy, teniendo los 2/3, ello no necesariamente asegura el éxito del plebiscito. 2