El ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, estima que la discusión -por ahora- no estaría abarcando temas prácticos de las regiones y lo ejemplifica precisamente la autonomía en términos presupuestarios, donde vislumbra tres problemas: "los desequilibrios presupuestarios, el hecho de que existan regiones que serían unas más provechosas que otras y tercero, una tendencia de una actitud irresponsable o populista respecto del uso de los recursos".

Sobre esto último, Aldoney describe que "ciertas decisiones equivocadas desde el punto de vista presupuestario-financiero, no la van a pagar las propias regiones, sino que el país entero; la experiencia de Argentina en ese sentido es clarísima, las regiones se endeudan, manejan sus presupuestos independientemente y cuando están en crisis financiera, le traspasan la deuda al Estado y es el país en su conjunto el que sufre las consecuencias".

El exasesor del Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, considera que en el actual sistema administrativo se debe mejorar desde el punto de vista financiero, pero que el punto central de esta reforma estaría dado por "cómo se distribuye la riqueza que el país genera de la manera más equitativa posible entre las regiones. Hoy existe un desequilibrio, porque la Región Metropolitana recibe más recursos que el resto, pero también hay otras que tienen más que Valparaíso, siendo que esta tiene problemas tan graves como los de otras zonas. Entonces, el problema es que si las piezas no funcionan bien, no están bien diseñadas, bien acotadas, vamos a tener un puzle que no vamos a poder armar".

Responsabilidad fiscal regional

"Tenemos experiencias comparadas de países de la región que han fracasado en la gestión del endeudamiento subnacional. Este antecedente se saca a relucir por los exministros de Hacienda para rechazar la entrega de esas facultades a las regiones y comunas", comenta Manuel Tobar, para quien la clave estaría dada por establecer de buena manera los límites y condiciones de dicho endeudamiento, partiendo de la base de que "no se puede sostener una deuda que consuma el total de los ingresos".

"Se adquiere una deuda porque ni los ingresos propios, ni las transferencias del Estado alcanzan para realizar grandes proyectos de inversión necesarios para el desarrollo regional; en el caso de la Región de Valparaíso, para adquirir una desaladora que permita una solución a la sequía o aviones cisternas para apagar los incendios. Entendemos y valoramos la importancia de una buena gestión macroeconómica, por ello sostenemos que la facultad de endeudarse va de la mano con la responsabilidad fiscal", subraya.

Considerando su experiencia en la Comisión Presidencial en Descentralización (2014), Heinrich Von Baer asevera que siempre "hemos sido partidarios de dotar a las Municipalidades y a los Gobiernos Regionales, de un financiamiento social y territorial más equitativo, así como de la capacidad de generar algunos recursos propios (tributos) y de asumir niveles acotados de endeudamiento para el financiamiento de inversiones estratégicas para el desarrollo local y regional".

Teniendo esto en mente, el exrector de la Universidad de la Frontera considera que la principal tarea de la nueva Constitución "por lo mismo, la tarea es consagrar y perfeccionar a los Principios Constitucionales de Descentralización Fiscal, desde luego en forma responsable y debidamente regulada y acotada. En todo caso, estas son materias que pueden ser abordadas a través de una ley de rentas regionales, y no necesariamente en la Constitución".

Valora el avance

En forma paralela a lo discutido la semana pasada, en los últimos días la Comisión de Sistema Político alcanzó un acuerdo entre convencionales de izquierda y centroizquierda, con el fin de presentar una indicación que crea un Consejo Territorial en reemplazo del Senado. ¿El vínculo? Que esta institución tendría precisamente un enfoque en la tramitación de leyes a nivel regional y acompañaría al Congreso plurinacional.

Esta norma, que generó repudio mayoritario en Vamos por Chile, y duras críticas en el Senado, encabezadas por su presidenta, Ximena Rincón, establece que los miembros -cuyo número aún no está definido- serían electos por votación popular, coincidiendo con los comicios municipales y regionales, su duración en el cargo sería de cuatro años con posibilidad de reelección para un solo periodo más y traerían nuevamente a colación las Asambleas Legislativas Regionales, que no alcanzaron los dos tercios en la votación en particular.

Aun con los cuestionamientos que han surgido a esta propuesta, lo cierto es que Heinrich Von Baer lo celebra. "Sin perjuicio de su necesario perfeccionamiento, significa diferenciar en el sistema legislativo nacional a dos Cámaras, con respuestas a dos principios de representación diferentes e igualmente importantes: una Cámara de representación poblacional, y otra Cámara de representación de territorial, cuya existencia es determinante para el avance sostenido del proceso descentralizador, y por ende a la buena implementación y final éxito del modelo de Estado regional".

En la misma línea, puntualiza que esta Cámara de representación territorial debería contar con poder compartido "sobre todas las decisiones legislativas nacionales que afecten el desarrollo y futuro de algunas o de todas las comunas y regiones de Chile".

Y aunque hace hincapié en ampliar y reforzar las competencias de este órgano, recuerda que "hasta hace poco estaba imponiéndose la idea de una sola Cámara legislativa nacional, en la que habría primado principalmente el criterio de representación poblacional, con consecuencias sin duda muy adversas a la mayoría de las regiones y al efectivo avance del proceso descentralizador".

Vacío de contenido

Manuel Tobar, en tanto, vuelve un paso más atrás, respecto de lo que fue el llamativo rechazo a las Asambleas Legislativas Regionales y que a su juicio incumple uno de los principales requisitos del Estado Regional, como sería la descentralización en términos legislativos. "Por tanto, el concepto de Estado Regional estará vacío de contenido, es solo nominal. En el fondo, se está conformando un Estado Unitario Descentralizado, cuya base es la descentralización administrativa, que en el caso de Chile es incompleta", agrega.

Al respecto y en el caso de que finalmente no prosperen las Asambleas Legislativas, Tobar indica que "no veo razón para eliminar a los Consejos Regionales que ya cuentan con experiencia en la administración regional. Además, los miembros del Consejo Territorial que se ha propuesto, perfectamente pueden ser incorporados a los Consejos Regionales, sin sumar nuevas instancias que complejizan y burocratizan el sistema".

Para Gabriel Aldoney, en tanto, todo parte por aplicar un principio que para él es básico: "Los problemas que afectan a una comuna y que no tienen repercusión en otras o en el país, son resueltos por el municipio; aquellas iniciativas que afecten a más de dos comunas, son resueltos por la región; y si repercuten en más de una región, son resueltos por el Estado. En ese sentido, el Legislativo es un poder que tiene que pensar al país en su conjunto".

De acuerdo con su análisis, lo relevante sería preguntarse si Chile tiene un buen diseño de región y si los 16 territorios en los cuales está dividido el país son efectivamente los que necesitamos. Tomando esto en cuenta y elucubrando sobre una posible división en Valparaíso, sostiene que "el tema respecto a cómo estructurar el sistema político, tiene mucho que ver con cuáles son los límites con que vamos a entender el concepto de región, porque si pasan a ser pequeñas, la verdad es que su peso va a ser relativo. Entonces, creo que esta es una discusión que hay que darla en primer lugar y no he visto que se discuta una cosa de esta naturaleza. Una vez definido eso, las relaciones de las regiones como poder territorial con el Estado, se tiene que definir en cómo van a actuar entre sí". 2

Ciertas decisiones equivocadas desde el punto de vista presupuestario-financiero, no la van a pagar las regiones, sino que el país entero".

La Convención Constitucional -aprobó un principio de solidaridad interregional que evitará la inequidad territorial".

La implementación completa de todo el tan necesario como complejo sistema (...) requerirá de dos a tres períodos de gobierno".

"

"

"

Aun con el ambiente de optimismo de parte de quienes apoyaron la medida y haciendo frente también a los reparos de algunos sectores, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, salió a poner paños fríos y en diálogo con radio Cooperativa enfatizó que "no es que de un día para otro vamos a migrar a un Estado regional, sino que tiene que haber un plan de migración en el tiempo, con responsabilidad fiscal, no es algo que vamos a ver en 2 ó 3 años".

En caso de que así sea, ¿cuánto tardaría en implementarse la idea de Estado Regional que se propone en la Convención? "La implementación completa de todo el tan necesario como complejo sistema, con sus naturales y necesarios aprendizajes, ajustes y correcciones y su gradual y sostenido perfeccionamiento, hasta lograr su plena madurez, posiblemente requerirá de dos a tres períodos de gobierno" advierte Heinrich Von Baer.

Manuel Tobar, por otro lado, coincide en la gradualidad, aunque recuerda que "existen normas que ya aplican los gobiernos regionales". En tal sentido, señala que en la administración del Presidente electo, Gabriel Boric, se debería terminar de implementar "la inconclusa descentralización administrativa", respecto de la autonomía financiera, creación de servicios regionales y traspaso de competencias a los gobiernos regionales, situaciones aún en proceso y que han generado más de un roce con los actuales gobernadores.

Dicho esto, plantea que uno de los puntos más complejos de llevar a cabo y que debería tomar más tiempo, dice relación con los Consejos Territoriales, una institución que "tiene competencias que importan a las regiones: ley de presupuestos, leyes con acuerdo regional, división político administrativa, tributos, etc. Será difícil la aceptación de senadores que han sido elegidos directamente por el pueblo y por tanto tienen una legitimidad que no se puede desconocer. En este tema también puede imperar la lógica de la gradualidad. No todas las normas deben regir in actum". 2