Polémica resulta la decisión de la seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, mediante la cual dio término a la concesión del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV). El recinto que ocupó la vieja prisión porteña, reacondicionado mediante una importante inversión pública, está destinado, originalmente, a la realización de actividades culturales. En sus inicios en esa condición se registraron diversos problemas, tras lo cual se decidió entregarlo en concesión a una asociación presidida por un directorio integrado por personas vinculadas a diversos sectores, algunas de ellas designadas por el Gobierno. Actualmente, el directorio es presidido por el arquitecto Roberto Barría y la dirección ejecutiva está a cargo de la funcionaria Nélida Pozo.

La decisión de poner término a la concesión se basa en que en el lugar se han desarrollado, afirma la seremi, eventos "organizados, gestionados e implementados por una productora particular, vendiéndose las entradas para su ingreso". Las entradas tenían valores que iban desde los $12.000 a los $14.000 y se vendían mediante un sistema digital. La condición comercial de la actividad estaría vulnerando las normas de la concesión. A ello se suma la realización de un espectáculo a beneficio de los llamados "presos de la revuelta".

Ante esas afirmaciones, Barría explicó que las actividades que implican cobro de entrada "constituyen solamente un incremento del patrimonio propio de la Asociación (que opera el Parque), que se utilizan como autofinanciamiento para el normal funcionamiento del inmueble fiscal".

Nélida Pozo, en tanto, descalificando al Gobierno saliente y aludiendo incluso al recurrido "negacionismo" y a los derechos humanos, afirmó que a la seremi Pérez le molestó "la realización de un concierto de apoyo a los familiares de las y los presos políticos de la revuelta".

Es cierto que las decisiones de la seremi que en pocos días más deja su cargo pueden ser revertidas, pero se abre la interrogante sobre las formas de uso del recinto que, en último término, es fiscal. Esta decisión, polémica, sin duda, más allá de las encendidas afirmaciones políticas, da oportunidad para una clarificación jurídica de los alcances de la concesión incluso, al tratarse de un bien fiscal, con intervención de la Contraloría.

En esa dirección se deben buscar precisiones jurídicas para evitar problemas futuros e interpretaciones polémicas. La idea de convertir la antigua cárcel en un recinto cultural y la importante inversión pública allí realizada, exige evitar diferencias de interpretación en su uso y en la gestión del recinto, que anteriormente ha tenido diversos problemas. Lo que importa es que realmente sea un espacio abierto para la cultura, no un reducto político; y si existen ingresos, se inviertan en la mantención del lugar, evitando la creación de una fronda burocrática que consuma esas entradas.

La situación en Ucrania es crítica y en el corto plazo es muy difícil predecir qué pasará. Pero sí sabemos que detrás de la invasión hay cambios geopolíticos que durarán muchos años. El orden mundial está cambiando. Hace 50 años Henry Kissinger visitó China en secreto. Creía que las relaciones entre China y Rusia eran tensas y que incorporar al país asiático al comercio internacional podría -además de beneficiar a ambos países- presionar indirectamente a la Unión Soviética. Tenía razón. Nixon firmó un tratado con Mao y el crecimiento económico logrado permitió que los soviéticos no pudieran mantener el ritmo de gasto en armamento.

Hoy vivimos la situación contraria. China ha continuado creciendo y Estados Unidos ha perdido su posición de líder absoluto. Rusia es hoy un factor de desbalance a favor de China. El apoyo chino permite que Rusia use su fuerza militar y presione a Estados Unidos en un momento en que su posición de deuda y economía se encuentran debilitadas. El nuevo protagonismo de Rusia no se debe al liderazgo de Vladimir Putin; es la debilidad de Estados Unidos lo que permite que sea estratégico para Rusia imponer su posición por la fuerza.

Si Estados Unidos mantuviera su posición hegemónica, Ucrania jamás hubiera sido invadida. Veamos por qué. Rusia dice invadir Ucrania porque teme que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) instale misiles nucleares en su frontera y a corta distancia de su capital. Sin embargo, la OTAN se ha expandido en numerosas olas y ésta es la única en que Rusia invade preventivamente a un país interesado en unirse. En contraste, desde el 2014 se han registrado actividades bélicas rusas de alto impacto: la adhesión de Crimea, el apoyo al régimen Sirio y el envío de "tropas de paz" a Kazajstán.

Estados Unidos ya no tiene la fuerza de los 90 y Rusia lo sabe. Esto es evidente desde el punto de vista chino. Hoy son "la fábrica del mundo", líderes en tecnologías como el 5G y su PIB llega al 70% del americano con proyecciones de superarlo. El liderazgo chino permite que países como Rusia dependan en menor medida del sistema financiero y económico occidental: la sanción europea que impide a Rusia vender gas natural era predecible y no podemos descartar acuerdos de compraventa con China. El equilibrio de poder cambió y presionar para mantenerlo, solo traerá más tensiones. Por suerte existen alternativas para occidente: Estados Unidos podría avanzar hacia una unión política con países que comparten sus valores (los países de origen anglosajón y hasta la Unión Europea).

Lamentablemente, para que estas iniciativas prosperen se requiere que los estadounidenses reconozcan que perdieron su lugar privilegiado; difícil, pero no imposible. Ucrania es la punta del iceberg que significa la reorganización del poder en el plano internacional. Esperemos que nuestras autoridades ya hayan definido una estrategia acorde a la magnitud del desafío.