Una gran polémica se produjo luego de la aprobación en el pleno de la Convención Constitucional de dos incisos que consagran los derechos sexuales y reproductivos de los chilenos y que incluyen entre estos el aseguramiento de que el Estado garantice las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las voces que se levantaron ayer contra estas normas fue la de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

A través de un comunicado se apunta que "esta norma, por sí misma, es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, más allá de cualquier concepción religiosa. Además, no se establecen condicionamientos ni limitaciones a este derecho, ni se da un mandato al legislador para que lo regule por una ley, con lo cual queda abierto el camino para permitir el aborto a todo evento".

"Establecido el aborto como un derecho constitucional sin ninguna restricción, cualquier ley que pretenda regularlo puede ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría darse el caso que fueran abortadas creaturas incluso de siete u ocho meses o a punto de nacer", añaden los obispos.

Finalmente advierte que "de no cambiar esta decisión, la Convención Constitucional pone un obstáculo insalvable para que muchos ciudadanos den su aprobación al texto constitucional que se está elaborando. Lamentamos que la mayoría de los convencionales estén optando por polarizar el proceso constitucional con un tema tan significativo".

Intenso debate

Uno de los argumentos más usados durante la jornada de ayer desde sectores que se oponen al aborto, y que también fue incluido en la carta de la Conferencia Episcopal, fue que al no ponerse límite de tiempo se podrían interrumpir embarazos de siete, ocho o nueve meses.

Ante ello la abogada y convencional Tammy Pustilnick (Independientes no Neutrales) aclaró que "en ningún país del mundo que permite el aborto libre es sin límite de tiempo. La interrupción voluntaria del embarazo será regulada por ley, estableciendo plazos razonables para respetar la vida, salud e integridad de la madre".

Eso significa que deberá tramitarse una ley en el Congreso Nacional, donde la diputada Catalina del Real (RN) ya anunció su oposición: "Yo creo que esto debe ser cambiado urgentemente. Acá por supuesto que no lo vamos a aprobar y espero que los chilenos se den cuenta que se está legislando por el asesinato de niños".

En la posición opuesta se manifestó la parlamentaria Camila Rojas (Comunes), quien argumentó que esto "nos pone a tono con la normativa internacional y sobre todo nos permite responder a necesidades que han sido planteadas durante largo tiempo".

Bicameralismo

Durante la jornada de ayer también se conoció un informe de la Comisión de Venecia, que recomendó a la Convención Constitucional mantener la fórmula bicameral para la estructura del Congreso Nacional.

El documento plantea que sobre la base de un análisis con una pequeña muestra de casos podría existir "una posible correlación entre los regímenes autoritarios o populistas y la eliminación de la segunda cámara".

Ante ello el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), aseguró que "este documento, emitido por un prestigiado grupo de expertos a nivel internacional, debe ser tomado en cuenta en un debate que debe tomar en consideración la experiencia comparada".

Aunque la atención estuvo centrada en la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos, la Comisión de Derechos Fundamentales también recibió la visa en partículas de varias otras normas propuestas al pleno de la Convención Constitucional y que se convertirán en parte del texto propuesto a la ciudadanía para una nueva Carta Magna.

Avanzó con 106 votos a favor la norma sobre educación sexual integral, que garantiza que todas las personas tienen derecho a recibirla.

También se aprobó con 133 votos a favor una norma que establece que "el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio".

Se visó además con 144 votos a favor que "ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente ni ésta ser restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes".

Esclavitud y pena capital

Con 105 votos avanzó también un inciso que prohíbe "la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas".

Por 106 votos a favor prevaleció la norma que consagra que "toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada".

También se añadió que "ninguna persona será sometida a desaparición forzada", norma que obtuvo 146 votos a favor. Y en esa misma línea, la Convención agregó con 117 votos positivos que "toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios".

Sobre el derecho de asociación, con 106 votos a favor el pleno envió al borrador de nueva Constitución que este "comprende la protección de la autonomía de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios".

Respecto de los derechos de los chilenos que viven en el extranjero, con el quórum justo de 103 votos a favor se aprobó que "se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas, de conformidad a esta Constitución y las leyes".