Este jueves 31 de marzo la totalidad de los profesores jerarquizados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso concurrirá a las urnas para votar por un nuevo rector que, tras la aprobación por parte del Vaticano al nombre enviado por el Gran Canciller, el obispo Jorge Vega, guiará las riendas de la principal casa de estudios de la Región por el próximo cuatrienio, tras los exitosos y celebrados tres períodos del actual mandamás, Claudio Elórtegui Raffo, quien ocupa el sillón de la Av. Brasil desde abril del año 2010, cuando sucedió a Alfonso Muga.

En los citados tres mandatos de Elórtegui, el economista se apoyó en dos nombres clave para el desarrollo de la PUCV en todas las variables posibles: uno de ellos fue el historiador Nelson Vásquez Lara, vicerrector Académico, y el segundo, el físico Joel Saavedra Alvear, vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, quienes lo acompañaron durante la intensa docena de años.

De generaciones cercanas (Vásquez, de 1967; y Saavedra, de 1970), ambos contribuyeron desde sus disciplinas a muchos de los logros que puede mostrar hoy la PUCV, entre ellos y solo por nombrar algunos, su última acreditación por el máximo de siete años hasta 2029, el impresionante despegue y crecimiento en infraestructura, acaso el mayor de su historia, la consolidación financiera, el relevante rol que ha tomado la investigación a nivel país y el liderazgo universitario mostrado no solo desde el G9 o el CRUV, sino también en el farragoso día a día de los convulsos últimos años de la sociedad chilena.

Los desafíos hoy son muchos. La alta vara dejada por Elórtegui, Alfonso Muga y Bernardo Donoso no es solo testimonial, sino que coincide con el centenario de la universidad del año 2028 y la relevancia y compromiso que debe necesariamente tener la academia con la sociedad. Cuando hace algunos años hablábamos de ese eufemismo llamado vinculación con el medio, ¿cuántos -incluyendo a diversas instituciones, medios de comunicación o universidades- fueron capaces de descifrar esa rabia que se paseaba por las calles de nuestras ciudades y que luego derivaría en uno de los principales quiebre democráticos de las últimas cinco décadas de historia?

Llegó el minuto, como tantas veces antes, de que la PUCV asuma su responsabilidad de liderar los cambios del nuevo siglo, como alguna vez lo hiciera para la Reforma Universitaria de 1967, la recuperación de la democracia de fines de los ochenta o para ese farol de innovación que sigue siendo la primera transmisión televisiva de UCV-TV en 1959. Desde sus aulas han egresado muchos de los actuales líderes políticos de creciente relevancia, incluyendo al actual alcalde de Valparaíso y otras figuras de renombre. Su marcada internacionalización y el despegue de su Centro de Formación Técnica deberán ir de la mano de la adaptación a los nuevos tiempos por parte del nuevo rector. No es poca cosa, pero tampoco es posible exigirles menos.

Gabriel Boric ha asumido la Presidencia en circunstancias extraordinariamente difíciles. Algunas de ellas son para él estrictos infortunios, como el calentamiento global y la consecuente sequía, los efectos de la pandemia y los de la invasión de la dictadura rusa a la democrática Ucrania. En otros casos, sin embargo, su coalición -y a veces él mismo- han contribuido a crear las negativas condiciones con las que ahora deben lidiar.

Uno de ellos es el de la violencia. Boric tuvo el gran mérito de firmar, a título personal y en contra de la decisión de su partido, Convergencia Social, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, que dio una salida institucional a la crisis, que sigo pensando era la mejor disponible. Pero ninguna de las dos mayores colectividades de su coalición -el Partido Comunista y la suya- siguieron ese camino. Adicionalmente, él y su coalición han mantenido una perniciosa ambigüedad hacia la violencia como método de acción política y en no pocas ocasiones han llegado a su tácita y a veces incluso explícita justificación.

Es preocupante que no haya habido en estos días una clara rectificación en la materia, a pesar de hechos que la reclaman con fuerza. Años atrás, el actual Presidente se refirió a Temucuicui como "territorio liberado". El intento de visita de su ministra del Interior al lugar ha vuelto manifiesto que lo que ahí realmente hay es una autocracia local financiada por el crimen organizado y sostenida por las armas, que ha convertido a esa zona en la menos libre del país. Aun así, la ministra ha hablado de presos políticos y rehusado querellarse contra quienes la recibieron a balazos. Y a ello se añade el respaldo al proyecto de ley que busca amnistiar a quienes han acudido a la violencia política desde octubre de 2019.

Luego está la economía. Las actuales estrecheces fiscales son obra, en parte, del excesivo gasto público al que Boric y su coalición empujaron al anterior gobierno. Eso, junto con los retiros de fondos previsionales -que el diputado Boric votó siempre a favor-, contribuyó a elevar la inflación. Y las perspectivas de crecimiento de la economía se han visto malogradas, además, por la colección de malas ideas incluidas en el programa de Boric y en muchas de las propuestas debatidas en la Convención Constitucional, en la que su coalición goza de amplia mayoría. Mejorar las pensiones será mucho más costoso luego de los retiros y ni qué decir si ellos siguen, como promueven no pocos oficialistas.

La Convención -dominada por su coalición- no ofrece aún una clara vía para la mejora institucional y el surgimiento de un robusto consenso en lo fundamental. Culpar a Piñera por la masiva llegada de inmigrantes venezolanos no ayuda en nada a resolver los estallidos xenofóbicos ocurridos en el norte. Izkia Siches, desde el Colegio Médico, fue mucho más un obstáculo que una ayuda en la exitosa gestión de la pandemia.

Años atrás, un amigo socialista español me contó lo que irónicamente se decía de un importante líder de su partido: "Es el que mejor sabe sacarnos de los problemas en que él mismo nos mete". Me encantaría poder afirmar eso seriamente de Gabriel Boric dentro de cuatro años.

El cáncer cervicouterino, neoplasia maligna que se origina en las células del cuello uterino por una infección provocada por el Virus Papiloma Humano (VPH), es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo en personas con útero.

Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer, en 2020 se diagnosticaron 604.127 nuevos casos y ocurrieron 341.631 muertes atribuibles a él. En Chile, ese mismo año, se registraron 1.503 nuevos casos y se constataron 799 muertes, llegando a ser la sexta causa de muerte por cáncer. Estas cifras no son menores. A nivel global se estima que cada dos minutos muere una persona debido a esta patología, mientras que a nivel nacional lo hacen dos personas cada día, a pesar de que sigue siendo uno de los cánceres más factibles de prevenir. En efecto, la Organización Mundial de la Salud aprobó una estrategia para que este mal deje de ser un problema de salud pública, que enfatiza la prevención y el diagnóstico precoz.

En nuestro país los esfuerzos en tal sentido se remontan a 1986, a la creación del programa nacional de cáncer cervicouterino. A lo largo del tiempo se han implementado una serie de medidas de prevención, siendo la más relevante hasta ahora la incorporación de la vacuna contra el VPH, que está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones desde 2014, con dos dosis para todas las niñas y niños que cursan cuarto y quinto años básicos, pudiendo ser aplicada también a personas de entre 13 y 26 años que no se hayan vacunado antes.

Esto debiera estar acompañado de una educación sexual integral que, sin embargo, en nuestro país no muestra una evolución adecuada. La temática se encuentra en proceso de desarrollo, debido a que el proyecto de ley para modificar la Ley 20.418, que establece la necesidad de contar con políticas de educación sexual, afectividad y de género, y que asegura la obligatoriedad de impartir educación en materias como ésta dentro de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, fue rechazado por la Cámara de Diputados.

Otra línea de prevención es la pesquisa. En Chile existen dos métodos: uno es la prueba de detección de VPH que se encuentra disponible solo en el sistema privado de salud. Este tamizaje se inicia a los 30 años en la población general de mujeres y se realiza cada cinco años. El segundo es el Papanicolaou (PAP), examen que detecta alteraciones en las células del cuello del útero y que a través del sistema de salud público se aplica de manera gratuita -cada tres años- a mujeres de entre 25 y 64 años, a quienes se han realizado una histerectomía por una causa premaligna o maligna, a mujeres en gestación y a hombres trans que aún mantengan su útero.

Lamentablemente, debido a la pandemia, a nivel nacional la toma del PAP ha bajado ostensiblemente. Por ello, en la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino invitamos a todas las personas con útero a realizarse este fundamental examen como una manera de contribuir a la disminución de la mortalidad y la futura erradicación de este mal en Chile.