El juicio por la acusación por notable abandono de deberes contra el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, entró hace algunos días en una de sus etapas más cruciales, que es la declaración de los testigos presentados por ambas partes, acerca de los 35 puntos de prueba que fijó el tribunal sobre el libelo.

Esta etapa procesal parte el 23 de octubre de 2021, cuando el abogado Rodrigo Flores, representante de los seis concejales que en 2020 presentaron la acusación, Marcelo Barraza (DC), Eugenio Trincado (DC), Carlos Bannen (UDI), Luis Soto (UDI), Ruth Cáceres (RN) y Daniel Morales (MVP), presentó la lista de seis testigos que sustentarían los hechos por los que se acusa al jefe comunal porteño. El 2 de noviembre, el letrado José Ortiz, del equipo de defensa del alcalde Sharp, entregó su lista de testigos, convocando a más de 40 personas, entre ediles, funcionarios municipales y dirigentes sociales.

Las audiencias estaban programadas originalmente para enero, sin embargo fueron reprogramadas para los días 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2022. A principios de mes se notificó a los acusadores y a 16 funcionarios municipales para acudir a prestar declaraciones. Los primeros tres días correspondió a la testificación de la parte acusadora, mientras que desde el 17 de marzo comenzaron a hablar los testigos alcaldicios, cuyas audiencias se siguieron realizando hasta esta semana.

Las actas de las declaraciones, disponibles en la página web del TER, permiten apreciar las posiciones que tienen ambas partes sobre los hechos en que se basa la acusación. Un debate que se advierte arduo, entrando en tierra derecha a la fase definitoria de un litigio fundamental para Valparaíso.

CORMUVAL Y TRABAJO DE MENORES DE EDAD

El primer hecho de prueba fijado por el TER, dentro del extenso listado, fue acreditar si en el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, anteriormente dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cormuval), se habrían realizado actividades independientes de los talleres de especialidades técnicas que tienen ambos establecimientos, con el fin de elaborar y comercializar distintos bienes de consumo.

"Sí, es efectivo que ocurrieron los hechos descritos, tanto en el Liceo Técnico como en el Liceo Bombal". Así empezó la declaración de Juan Cerda, director de la Escuela Básica República de Uruguay. Según se detalla en el acta, en su calidad de directivo de la céntrica escuela y anteriormente de la Escuela Ciudad de Berlín, "se nos instruyó por parte de la Cormuval de la forma de proceder con los recursos emanados de la Ley SEP, Subvención Especial Preferencial, los que decían relación entre otros casos con la compra de colaciones para los alumnos, uniformes, agendas y otros enseres".

A mediados de 2017, relata Cerda, llegó un oficio de la Cormuval firmado por Silvana Sáez, directora de Educación de la Corporación, en el que "a contar de esa fecha debíamos dejar de comprar colaciones y alimentos a Sabores Porteños (ganadora de la licitación pública de 2016) y todas las compras debían realizarse respecto de 4 establecimientos educacionales: una escuela especial que no recuerdo, el Liceo Marítimo de Valparaíso, el Liceo María Luisa Bombal y el Liceo Técnico Femenino de Valparaíso".

Tanto la Escuela Especial como el Liceo Marítimo desistieron de dicho encargo, ante lo cual Cerda se comunica con Bárbara González, encargada de coordinar las compras para las escuelas y liceos municipales. "En esa conversación y al exponerle que resultaba contradictorio que el proveedor fuera un establecimiento interno, la sra. Bárbara señaló que eran órdenes del señor alcalde", mencionó Cerda ante el tribunal, postura que fue ratificada por Francisco Paredes, encargado de compras del área contable de la Cormuval y por Silvana Sáez.

eL PROCESO COMENZÓ EN NOVIEMBRE DE 2020, CUANDO SEIS CONCEJALES PRESENTARON LA ACUSACIÓN ANTE EL ter. lAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DEBÍAN REALIZARSE EN LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO.

Francisco Meneses Vera

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