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Respecto de los objetivos que se platean con esta demanda que data de 2016, Donoso es clara en señalar que lo que buscan es "ni más ni menos que la reparación de un daño ambiental". En ese sentido, enfatiza si bien existe un importante perjuicio en las comunas afectadas por estos hechos, "los detalles de cómo es esa afectación, precisamente por una negligencia por parte del Estado y por un actuar abusivo por parte de las empresas, no está claro. Entonces, es parte de lo que debería resolver el tribunal, ya sea, a través de una propuesta de bases de conciliación o bien, de una sentencia que declare la existencia del daño y determine la responsabilidad de las demandadas, que en este caso son tanto las empresas como el Estado".
En la misma línea, la cofundadora de la ONG Defensoría Ambiental enfatiza que cualquier propuesta emanada por el organismo "tiene que hacerse cargo de la magnitud del daño que se ha ocasionado y las partes estar de acuerdo en la propuesta que se haga, y en las medidas que se puedan implementar, que no pueden ser parche ni cosméticas", por lo cual subraya que "nos tomamos con mucho respeto y cautela la actividad que pueda ejercer el tribunal. Sin embargo, las expectativas, dada la magnitud de la situación, son más bien acotadas".
Ante el peor escenario posible en este proceso, que sería el no llegar a acuerdo, la letrada advierte que "estaríamos recién en la mitad del procedimiento, faltaría toda la fase de probatoria y luego, lo que el Tribunal se demore en dictar una sentencia y una vez dictada, probablemente, corresponda luego la fase en la Corte Suprema. Entonces, no es un juicio fácil, porque no es un caso fácil, son más de 60 años de contaminación de la cual nadie se ha hecho cargo".
"Espero que esto se resuelva con celeridad, pero sin perder la relevancia, la magnitud y la importancia que tiene el caso para que las medidas que se tomen, ya sean emanadas de la autoridad administrativa, judicial, legislativa, efectivamente se hagan cargo del problema y no sea, una vez más, medidas cosméticas que no resuelvan el problema y simplemente lo perpetúen", comenta.
No quieren "chipe" libre
Desde las comunidades de pescadores tampoco hay un convencimiento muy claro respecto del convenio al cual se pretende llegar para poner punto final a la causa. Justiniano Lagos, presidente de la Caleta de Pescadores de Horcón, otro de los demandantes, remarca que "queremos apuntar a una medida indemnizatoria para toda mi gente. Es una deuda histórica que tienen el Estado y todas las empresas, y no por eso van a tener 'chipe' libre de seguir contaminando. Está bueno que se rijan por normas internacionales".
El hombre de mar afirma que en la última visita de los ministros les dio a entender que "queremos que se hagan cargo del daño histórico que tienen con nosotros". "Aquí hay un daño con el cual todos los gobiernos se han hecho los lesos (sic) y nosotros no hemos podido vivir como lo hacíamos antiguamente, con lo que era la fiebre del loco. De la noche a la mañana, los niveles de arsénico se fueron a las nubes y qué es lo que dice el Ministerio de Salud, que se comercialicen localmente, es decir, envenenemos a nuestros coterráneos y esto se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo", agrega.
Lagos cuenta que con el paso del tiempo, algunos pescadores y buzos que trabajaban en la zona tuvieron que emigrar, debido a la disminución en las exportaciones de sus recursos. Pero eso no es todo, ya que también apunta varios problemas de salud presuntamente asociados a los episodios de contaminación, contabilizando -según su relato- casos de cáncer gástrico en adultos mayores y ataques cardiacos. Todo esto, debido a la afectación en algunos de los productos que han ingerido con el paso del tiempo.
Puntualmente, sobre la solución planteada desde el Tribunal, Lagos no esconde sus reparos: "Siempre los acuerdos son nocivos para nosotros. Si nos van a indemnizar por el daño histórico, no queremos que después tengan 'chipe' libre en seguir lo que están haciendo. De una vez por todas tiene que regularse y esa siempre ha sido nuestra visión. Pero insisto, nuestros viejos necesitan un dinero para morir de mejor manera y a eso apuntamos nosotros, y con toda la voluntad de hacer todo para que nuestra comuna vuelva a ser lo que era antes".
"pan para hoy y hambre para mañana"
A diferencia de lo expresado por Alejandra Donoso y Justiniano Lagos, el exconcejal de Quintero por dos periodos, Felipe Vergara, dejó en claro su postura contraria al acuerdo, asegurando que "lo que se busca es establecer una responsabilidad y jurisprudencia, respecto a temas tan sensibles como son los temas ambientales" y por lo mismo, pretende que las empresas -puntualmente ENAP-, "debiese asumir su responsabilidad de manera histórica en todos los derrames que han existido en la comuna de Quintero y no solo con eso, sino también con los hidrocarburos que hace unos años intoxicaron a más de 1.500 personas".
"Uno lo que busca en los tribunales es que tomen decisiones y que entreguen sentencia. Lo que va a hacer el Tribunal es pan para hoy y hambre para mañana, porque estamos acostumbrados a que las empresas entreguen migajas y ellos siguen haciendo lo que quieren, siguen contaminando, no mejoran sus estándares ni sus procesos", añade el otrora seremi de Vivienda, quien reitera que "no estoy de acuerdo con una conciliación".
Por lo mismo, Vergara afirma que se debiese avanzar con miras a una modernización de los sistemas con los que operan las instituciones emplazadas en el sector, ya que en caso de no hacerlo "los problemas ambientales van a seguir igual, los olores a gas van a seguir igual, por lo tanto, creo que más que una conciliación, hay que buscar una responsabilidad de las empresas involucradas".
Puntos clave para la comunidad
En el mundo político también sacaron la voz para referirse a este proceso. Tal es el caso de la consejera regional Tania Valenzuela (RD), quien indica que hay algunos puntos relevantes que levantaron organizaciones ambientales y grupos de pescadores, los cuales tienen que ir sí o sí en acuerdo de conciliación.
"Lo primero, es el congelamiento del parque industrial y entregar las 78 hectáreas disponibles para ser convertidas en parques urbanos; ambos ediles han manifestado que es inviable instalar una empresa más en la bahía de Quintero. Por otro lado, el retiro en su totalidad de las escorias por parte de Codelco, la limpieza del humedal de Campiche y la recuperación del camino costero a raíz de intervenciones por parte de empresas como Aes Gener, son aspectos claves que deben ser considerados al momento de pensar en algunas medidas ambientales", explica la jefa de bancada del Frente Amplio.
Pero la core que representa a Valparaíso I no se quedó ahí y emplazó al Congreso para "avanzar en normativa ambiental para igualar las exigencias básicas que estable la OMS. En Chile, aún no se cuenta con norma de arsénico y compuestos volátiles; lo que impide regular las emisiones que arrojan no solo en este cordón industrial, sino en todas las empresas contaminantes que se encuentran operando a lo largo del país".
La diputada Camila Flores (RN), hace hincapié en el daño tanto ambiental como a la salud de los vecinos del cordón industrial, por lo cual estima que "la conciliación a la que se pretende llegar entre los responsables y las víctimas me parece que es una buena medida y espero que sean lo suficientemente generosos por parte de las empresas y entiendan que el daño que se ha causado es tremendo y prácticamente invalorable, por lo tanto, la expectativa respecto a este tema es que ojalá exista la suficiente conciencia de que es necesario hacer grandes esfuerzos para que nuestros vecinos tengan por fin al menos en parte algo de justicia"
"Probablemente el daño causado no se va a poder remediar, pero si al menos generarle las condiciones económicas necesarias para enfrentar un mejor tratamiento o mejorar su calidad de vida que es bastante difícil producto de esta grave contaminación ambiental en la zona. Creo que en este sentido los tribunales de la región han fallado en el último tiempo por estas recurrentes acciones y eso también ha dado una señal clara de que no se va a amparar la impunidad por parte de quienes contaminan y dañan la salud de los habitantes de nuestra región", expone la parlamentaria.
Este diario intentó contactarse con los alcaldes Marcos Morales (Puchuncaví) y Mauricio Carrasco (Quintero), con el fin de conocer sus expectativas de cara a estas tratativas que, como indicó el mismo presidente del Tribunal Ambiental, involucra a ambas comunas. Sin embargo, en el caso del primero, se indicó que no se referiría al tema hasta una vez concretada la reunión; mientras que del segundo no se obtuvo respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.
Sin embargo, en una entrevista publicada en este medio el pasado 20 de enero, con motivo del ingreso de una inicitava de norma popular a la Convención Constitucional que busca terminar con las denominadas "zonas de sacrificio", Morales subrayó que "creemos que ha sido tanto el sacrificio que han debido hacer nuestras familias y comunidades por generaciones, que es hora de exigir esas compensaciones y reparaciones. En el caso de Puchuncaví, ya no podemos soportar más que nuestras poblaciones no tengan alcantarillado, agua potable, saneamientos básicos". 2
EN LA VISITA DE LOS MINISTROS, JUSTINIANO LAGOS PIDIÓ QUE EN EL FALLO "SE HAGAN CARGO DE DAÑO HISTÓRICO".
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(Estamos trabajando) en una propuesta final de conciliación que no sólo sea aceptable por las partes, sino que sea duradera en el tiempo y que logre traer progresivamente paz social".
Alejandro Ruiz Presidente del Segundo Tribunal Ambiental
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Nos tomamos con mucho respeto y cautela la actividad que pueda ejercer el tribunal. Sin embargo, las expectativas, dada la magnitud de la situación, son más bien acotadas".
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Si nos van a indemnizar por el daño histórico, no queremos que después (las empresas) tengan 'chipe' libre en seguir lo que están haciendo".
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Probablemente el daño causado no se va a poder remediar, pero sí al menos (...) mejorar su calidad de vida que es bastante difícil producto de esta grave contaminación ambiental en la zona".