Pocas semanas después del megaincendio que devastó Valparaíso en abril del año 2014, las autoridades aún se mostraban sorprendidas de que un siniestro forestal confinado al fondo de una quebrada en el camino La Pólvora, se transformara de pronto en un mar de fuego que inflamó catorce cerros, destruyó 3 mil viviendas, provocó 15 fallecidos y dejó 12 mil damnificados. El cruce de informes entre el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, la Oficina Regional de Emergencia, el municipio, la Corporación Nacional Forestal y las más altas autoridades del país fue intenso, en parte, porque no existía claridad sobre quién debía cargar con la responsabilidad de una tragedia tan grande. Después vino el anuncio de un portentoso plan de reconstrucción para Valparaíso, que incluía la habilitación de nuevos caminos para el paso de los carros bomba, la instalación de estanques de agua permanente en las partes altas, lo que evitaría los típicos problemas de presión en los grifos, la aplicación de nuevos sistemas de coordinación entre los organismos encargados de enfrentar estos desastres y, quizás la clave de todo, la expresa prohibición para construir en zonas de alto riesgo, para lo cual al menos tres ministerios -Interior, Vivienda y Obras Públicas- se encargarían de modificar las leyes y reglamentos vigentes en la época.

Incluso, el entonces gobernador porteño, Omar Jara, fue personalmente a algunos sectores de quebradas para indicar los puntos estratégicos donde se vetaría, expresamente, la instalación de nuevas casas. En pocos días más se cumplirán ocho años de todos esos anuncios y promesas, aunque muy pocos pasarían una evaluación de resultados. No es necesario ir a los papeles para reconocer los problemas que hoy tiene Valparaíso para enfrentar las emergencias por incendio. Basta saber que los dos siniestros ocurridos el miércoles -uno en el sector de San Roque y otro en Laguna Verde- dejaron como resultado dos fallecidos, al menos 40 viviendas destruidas y decenas de damnificados, y que ese mismo día, frente a las oficinas del Serviu y el municipio, un grupo de familias exigía con cartel en mano que el Estado mejorara los subsidios que le prometió en diciembre de 2019, cuando un siniestro en la parte alta de la ciudad arrasó con 245 viviendas, justo en la víspera de la Navidad. Es el triste costo de las lecciones no aprendidas, de los planes incompletos, de la flexibilidad admitida cuando se deben adoptar medidas impopulares y restricciones que ninguna autoridad quiere asumir, porque siempre hay una elección que cuidar.

Por los incendios de esta semana, el alcalde Jorge Sharp anunció una querella y deslizó sus sospechas de que había intencionalidad en el inicio del fuego. El Ministerio Público ya instruyó a la brigada de la PDI especializada en estos temas para que indague esta idea. Si se comprueba la tesis de que fue un incendio intencional, la Justicia deberá sancionar con todo el rigor para que los responsables reciban penas ejemplificadoras. Sin embargo, a la espera de que ello ocurra, las autoridades regionales, sectoriales y municipales deben, de una vez por todas, aplicar las medidas que hace mucho están identificadas como urgentes para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la de 2014.

Actualmente existen 945 liceos Técnico Profesionales (TP) a lo largo del país, que albergan a más de 155 mil jóvenes, que representan el 37% del total de estudiantes de tercero y cuarto medio en Chile. En la Región de Valparaíso son casi 19.485 las y los estudiantes que asisten a alguno de los 88 liceos TP para cursar una especialidad técnica vinculada a alguno de los sectores productivos más importantes del territorio.

En este sentido, un número no menor de estudiantes no ha logrado llevar sus aprendizajes prácticos regularmente producto de la pandemia, en un contexto que exige con urgencia una reactivación económica y la integración de más y mejores técnicos. La Educación Media Técnico-Profesional es fundamental para el desarrollo de nuestro país y es una gran alternativa para que las y los jóvenes desarrollen trayectorias laborales y formativas exitosas.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de una de las industrias más importantes y afectadas estos últimos años, en 2021 aterrizó en Valparaíso un proyecto que ha sido ejecutado entre la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y ONG Canales durante cinco años en el sur austral de Chile. Este proyecto de articulación y vinculación en la industria permitió el encuentro de diez empresas y ocho liceos TP para beneficiar a 707 estudiantes, cerca del 37,5% de la matrícula total de jóvenes que cursan alguna especialidad vinculada a la construcción en tercero y cuarto medio en nuestra región.

Entre las actividades que se realizaron destacan charlas técnicas, visitas pedagógicas, talleres de desarrollo de habilidades socioemocionales y de apresto laboral, además de gestionar pasantías y prácticas profesionales para estudiantes.

La práctica profesional es un requisito fundamental para permitir la titulación de las y los estudiantes, pero también es un camino para ratificar la trayectoria formativa, vinculada a su especialidad, y por qué no, la posibilidad de una inserción laboral. En estos meses hemos podido detectar que las y los jóvenes agradecen el buen trato recibido, la oportunidad de demostrar los conocimientos adquiridos en la enseñanza media, de equivocarse y de ser corregidos con paciencia, cordialidad y profesionalismo, además de contar con un maestro guía que los apoye.

Agradecemos el compromiso de empresas que abren sus dependencias y ofrecen sus conocimientos para generar espacios de aprendizajes para las y los futuros técnicos, considerando los temores iniciales de una generación profundamente marcada por la pandemia durante su proceso formativo.

Sin embargo, el camino es largo y este 2022 debemos multiplicar las oportunidades de alternancia, motivar a más empresas a ser parte de este modelo y, finalmente, darle a la educación técnica la importancia que se merece en nuestra sociedad.