Redacción

En su primer día de actividades oficiales en el marco de la visita de Estado a Argentina, el Presidente Gabriel Boric le planteó a su homólogo argentino, Alberto Fernández, su preocupación por la situación de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, y quien se encuentra en Argentina con estatus de refugiado político.

En un punto de prensa conjunto, luego de que se recibiera con honores al Mandatario chileno en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, Fernández indicó que "el Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina".

"No es un tema que tenga que ver con la potestad del Ejecutivo", agregó el mandatario trasandino.

Boric recalcó, en su turno, que "para Chile ha sido desde hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas. Y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado y nosotros por supuesto no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no cabe duda de que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance".

La palabra "Wallmapu"

Los mandatarios también se refirieron a la polémica originada por el uso del término "Wallmapu" por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches en su primera visita a La Araucanía, lo que generó reacciones de rechazo al otro lado de la cordillera, especialmente en las provincias del sur como Chubut y Neuquén, que apuntaron a un afán secesionista de los mapuche en esa zona.

Ante ello Fernández sostuvo que "no hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado inmediatamente. El Gobierno chileno, el Presidente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras y no tengo ninguna inquietud. Es absolutamente claro el sentido de esas declaraciones".

Por su parte, Boric aseveró que "esto no es un tema que estamos inventando nosotros, no es un tema que haya inventado el Presidente Piñera, no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina; es un tema en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo, un conflicto que nos corresponde a nosotros, entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche", agregó.

El juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Chile y Bolivia por las aguas transfronterizas del Silala vivió ayer su segunda jornada de alegatos orales, en los que el representante de Bolivia Roberto Calzadilla se preguntó delante de los jueces "si hay alguna controversia legal genuina" que deba ser resuelta por el alto tribunal de la ONU o si, por el contrario, las diferencias "son de tal naturaleza que podrían ser resueltas por estudios conjuntos".

Chile considera que el Silala es un río internacional que debe ser compartido, por lo que tiene derecho al uso "razonable y equitativo" de sus aguas; mientras Bolivia sostiene que las aguas proceden originalmente de manantiales nacidos en su territorio y que fueron desviados artificialmente hacia la frontera en la primera mitad del siglo pasado durante la construcción de la vía férrea que une Antofagasta con el país altiplánico.

El viernes fue el turno de nuestro país de exponer sus argumentos para respaldar su postura, mientras que esta jornada, cerca de las 09.00 de la mañana hora chilena, ocho abogados y tres peritos científicos internacionales entregaron sus alegatos por la parte boliviana.

El abogado Gabriel Eckstein planteó que "al contrario de lo que sostiene Chile, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural. El Silala es en la actualidad, y lo ha sido durante casi 100 años, un curso de agua internacional singular con caudales superficiales aumentados artificialmente".

Sin controversia

Y en su intervención Calzadilla aseguró que "cabe preguntarse si, salvo alguna aclaración que deba dar Chile, todavía hay alguna controversia legal genuina en relación con el caso presentado por Chile el 2016 que pudiera ser resuelta por esta Corte, o si, por el contrario, los restantes puntos de desacuerdo entre las partes son de tal naturaleza que se podrían resolver mejor a través de estudios técnicos conjuntos y de negociaciones diplomáticas entre las partes".

Tras un siglo sin grandes fricciones, a finales de 1990 Bolivia acusó a Chile de utilizar indebidamente las aguas del río y amenazó con desviar su cauce. Para dirimir la disputa, el Gobierno de Michelle Bachelet decidió acudir a La Haya en 2016.

Los gobernadores y las gobernadoras regionales de todo Chile hicieron un llamado a recuperar "la paz social" del país, en medio de diversos hechos de violencia tanto dentro como fuera de los colegios, en los barrios y en los espacios públicos.

En una carta firmada por las autoridades de las 16 regiones del país elegidas por votación popular, alertaron sobre la "extensión de la cultura de la violencia en las distintas áreas del quehacer humano en nuestro país".

"Como representantes de la ciudadanía de las 16 regiones de Chile, vemos a diario la manera en que niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores y familias completas se ven expuestas a acciones que ponen en riesgo su integridad, muchas veces en la más absoluta indefensión y desprotección de parte de la autoridad", advirtieron.

"Ya sea en las aulas o afueras de establecimientos educacionales; en consultorios, comisarías y toda clase de servicios; en las zonas de protección ambiental que se ven amenazadas; en los espacios de decisión política y el debate en medios de comunicación; en las vías y vehículos del transporte público producto de la emergencia vial que azota a nuestras urbes; en los hogares y otros espacios donde mujeres son víctimas de violencia de género; en las poblaciones que hoy son presa del crimen organizado y el narcotráfico; en el norte del país a causa de la crisis humanitaria migratoria; o en el sur de Chile, donde las reivindicaciones de las primeras naciones se ven atropelladas por la acción de grupos que actúan contra las mismas comunidades, trabajadores y quienes habitan los territorios", detalla el texto.

En ese sentido, remarcaron que "ningún acto de violencia es aceptable, justificable o excusable. Condenamos, sin matiz, la violencia en todas sus formas".

Diálogo

Junto con rechazar la violencia, los gobernadores abogaron por el "rescate de lo público, el resguardo mutuo, la responsabilidad frente al otro y la recuperación del diálogo como único mecanismo de entendimiento. El cuidarnos, respetarnos y escucharnos en cada uno de los espacios donde nos encontremos, propone un camino posible para recuperar la paz social que hoy vemos extraviada".

Así también, añade la misiva, "para avanzar decididamente en justicia, exigimos poner fin a la impunidad de quienes promueven la violencia y actúan amparados en ella. Requerimos que, con inmediatez, las autoridades nacionales den las señales correctas hacia quienes más necesitan de las instituciones del Estado".