Los terrenos de Correa, una "papa caliente"
Se mantiene en Quilpué la masiva ocupación ilegal del predio que motivó el homicidio por encargo del empresario. "Hago el llamado a las autoridades que correspondan a que colaboren a que nuestra familia pueda recuperar la propiedad de nuestro papá, porque eso también es entregarnos justicia", dice hija de la víctima.
El lunes 18 de este mes, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dará a conocer la sentencia contra los cuatro condenados por el homicidio del ingeniero Alejandro Correa. Se esperan elevadas penas ante la brutalidad y premeditación del crimen que costó la vida al profesional en la puerta de su casa.
Pero queda dando vueltas una verdadera "papa caliente" gatillante de este caso que no se puede eludir. Basta escuchar a Valentina Correa, hija de la víctima, quien junto con expresar su satisfacción por el fallo, declaró que "me parece sorprendente que al cabo de dos años de la muerte de mi papá, todavía el terreno esté tomado, que la toma haya aumentado y aumentado, pese a todas las acciones judiciales y también administrativas que como familia llevamos adelante".
Valentina se refiere a los terrenos de propiedad de su padre, quien ante la ocupación ilegal llevó el caso a la Justicia. Ante esa acción, Renato López, cuya empresa era responsable de la toma, ordenó el asesinato.
Insiste la hija afirmando que "hago el llamado a las autoridades que correspondan, a que colaboren a que nuestra familia pueda recuperar la propiedad de nuestro papá, porque eso también es entregarnos justicia... en resumen, el plan les ha salido perfecto, el plan era matar, eliminar a mi papá para quedarse con el terreno. Mataron a mi papá y hoy tampoco tenemos terreno".
El tema sigue pendiente en otra causa en el Juzgado de Garantía de Quilpué, donde Luis Alarcón, responsable en terreno de la toma inspirada por López, está formalizado por el delito de usurpación. El 17 de febrero pasado la magistrada Paula Millon acogió la solicitud de desalojo de Alarcón desde el predio ocupado, no así la petición de erradicación de las casi 300 familias que ya han construido en el lugar ilegalmente ocupado. "Papa caliente" para el tribunal que debía ordenar el uso de la fuerza pública ante una eventual resistencia a la medida.
El mes pasado, en una nueva audiencia, se volvió a eludir el tema, dando a la Fiscalía un nuevo plazo para completar la investigación a la espera de peritajes que aún no se reciben.
Anteriormente, en junio pasado, la exseremi del Minvu, Evelyn Mansilla, en uso de sus facultades, pidió a la Dirección de Obras Municipales de Quilpué que dispusiera la paralización de las obras en el terreno irregularmente ocupado. Nada pasó. Siguió la toma en desarrollo y ahora la seremi del nuevo Gobierno debería agilizar la acción ante la Municipalidad de Quilpué. En relación al caso de caducidad de dos permisos de construcción en el sector Paso Hondo, la alcaldesa Valeria Melillipán sostuvo que "los proyectos inmobiliarios tienen que ceñirse a la legalidad y pasar todos filtros que esto implica". ¿Se puede aplicar esta tajante posición, ajustada a derecho, al caso de los terrenos ilegalmente ocupados, sobre los cuales pesa la ineludible carga de un homicidio?