Redación

Un verdadero caos tuvieron que vivir miles de personas que la noche del miércoles viajaban por la Ruta 5 en dirección al sur, a la altura de Camarico. A las 20:30 un choque en el kilómetro 222, que involucró a un camión y a otros 6 vehículos menores, interrumpió completamente el tránsito, generando un taco de más de 30 kilómetros que se extendió por 12 horas.

Quienes se encontraron con la descomunal congestión no tuvieron otra alternativa que esperar en sus vehículos. Pasaron la noche dentro de ellos, en muchos casos soportando las bajas temperaturas que hubo en la zona, sin acceso a servicios higiénicos, comida, ni agua.

Durante la noche y las primeras horas de la mañana se multiplicaron los reclamos de quienes se encontraban en el lugar por la falta de información y, sobre todo, por la inexistencia de una alternativa que les permitiera tomar otro camino o bien retornar en sentido contrario.

Finalmente, a las 8:30 se logró remover los vehículos siniestrados mediante grúas especiales y lentamente el tránsito comenzó a fluir. Casi a la misma hora, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que había instruido a la concesionaria de la autopista el levantamiento de las barreras del peaje ubicado en el sector hasta la normalización del flujo vehicular.

La autoridad convocó a una reunión de emergencia a representantes de la empresa Survías Maule Ñuble, concesionaria de la ruta en el tramo donde se produjo el accidente.

Mea culpa

Tras el encuentro, el ministro hizo un mea culpa por lo ocurrido. "Necesitamos mejorar aquellas cosas donde la coordinación de los organismos públicos no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía requiere", dijo el secretario de Estado.

Luego, apuntó a la inefectividad de los protocolos actuales y a las falencias en la información que se entrega a los usuarios. "Los protocolos que tenemos como Estado, que involucran a muchos organismos, no están dando cuenta de la complejidad que significa el transitar en las rutas de hoy", manifestó.

"Efectivamente, hay un encadenamiento de decisiones que no fueron las adecuadas, principalmente en el flujo de la información", agregó. Sin embargo, planteó que "hay ciertos problemas estructurales que tenemos que abordar".

García anunció algunas medidas que se aplicarán este fin de semana largo. Se instruyó a las concesionarias de autopistas que provean información oportuna al MOP y a todos los organismos involucrados cuando se produzca un accidente.

Además, la Dirección de Concesiones deberá asegurar la disponibilidad máxima de maquinaria para remover vehículos ante colisiones de esta magnitud. También se solicitará a las concesionarias que cuando exista una situación de esta naturaleza garanticen que la ciudadanía pueda contar con alternativas de retorno.

El titular del MOP informó que la próxima semana se reunirá con la unidad de Concesiones para evaluar si existieron fallas en el proceder de la concesionaria, en cuyo caso se aplicarán "las multas que corresponden".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó una gira por varias ciudades del norte del país y anunció medidas para enfrentar la crisis migratoria.

Monsalve hizo un balance de su visita y sepultó la política de reconducción que comenzó a aplicar el Gobierno anterior. Aseguró que "la reconducción fue anunciada como una de las grandes medidas para enfrentar el ingreso irregular de inmigrantes, y la verdad cuando no hay un acuerdo bilateral (con Bolivia), cuando no han habido gestiones diplomáticas, la reconducción se puede transformar en un gran fracaso y lamentablemente es eso lo que ha ocurrido".

El subsecretario detalló por ejemplo que "desde el 13 de febrero hasta el 11 de abril a un poco más de siete mil personas se les ha indicado la reconducción. De estas, más de seis mil han sido rechazadas, particularmente porque la reconducción que se hace hacia al país vecino de Perú son todas aceptadas, pero en el caso de las reconducciones que tienen destino como país Bolivia, particularmente la reconducción de ciudadanos venezolanos, son rechazadas. Por lo tanto, la verdad es que el proceso de reconducción se vuelve un completo fracaso y esto requiere algo que es indispensable en una política migratoria".

Según Monsalve, resolver el problema "requiere gestión internacional. La canciller ha empezado a tomar contacto con los países vecinos. Pero sin un acuerdo con el país vecino de Bolivia, insistir en la reconducción como respuesta, y simplemente se obtiene el rechazo, claramente es una política fracasada. Esto requiere gestión a lo menos multilateral y en este caso bilateral con Bolivia.

Pacto regional

Entre las medidas que anunció Monsalve está la creación de "un pacto de inversión regional" que permita destinar recursos según las prioridades que estimen las autoridades locales (gobernador y alcaldes). "El encargo del presidente es que la inversión pública se acuerda con las regiones y por lo tanto hemos propuesto un pacto de inversión pública en materia sectorial", indicó.

También anunció medidas en Salud, Educación y Vivienda y dijo que el Gobierno mantendrá vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y todo el equipamiento de apoyo en el control de las fronteras".

Con las réplicas del equipo chileno, este jueves se cerró la fase de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el proceso abierto por nuestro país contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala.

En la última jornada el abogado Samuel Wordsworth apuntó a los cambios que ha experimentado la postura boliviana en el transcurso del proceso. En tanto, la agente Ximena Fuentes expuso intentando desbaratar los argumentos de Bolivia.

Al término de la jornada, la también subsecretaria de Relaciones Exteriores manifestó su optimismo ante a los resultados.

"En el curso del procedimiento ha quedado demostrado que Bolivia reconoce que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, ambos estados tienen derecho a su uso equitativo y razonable", aseguró Fuentes.

Según explicó, "el caso quedó reducido a un último reclamo de Bolivia sobre su derecho a desmantelar la canalización localizada en su territorio, cuestión a la que Chile jamás se ha opuesto, requiriendo solamente que Bolivia cumpla con sus obligaciones de debido cuidado y de cooperación, propias del derecho internacional".

En tanto, la coagente y exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, descartó que tras el proceso se tornen más complejas las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, sobre todo ante la eventualidad de un fallo favorable a nuestro país.

"Si la corte falla en nuestro favor, ganan los dos Estados. Bolivia lo tiene que tomar con un fallo declaratorio, que trae certezas sobre los derechos de ambas partes, si eso es visto así no debería verlo como un fallo adverso", indicó.

Una vez finalizados los alegatos, la corte iniciará un proceso de deliberación que podría demorar entre 6 y 12 meses, o incluso más de un año. Su resolución será vinculante y no admitirá apelación alguna.

"La corte se retirará a deliberar, los agentes de las partes serán notificados a su debido tiempo acerca de la fecha en la que la corte dictará su fallo", expresó al concluir la ronda de alegatos la jueza presidenta del tribunal de la ONU, Joan Donoghue.