Pamela Boltei

Si no fuera por los gendarmes en el tiro de cámara, cuando Jimmy Ceballos, Cristián Ceballos, Rodrigo Pérez, Diana Bastidas, Vanessa Silva, Jocelyn Moyano, Mónica Lobos, Boris Vargas y Manuel Ceballos se individualizaron para efectos del registro de la audiencia de formalización que se llevó a cabo ayer en el Tribunal de Garantía de Quillota, podrían confundirse con cualquier persona común y corriente en una reunión de Zoom.

Pero a medida que la fiscal Gabriela Fuenzalida fue leyendo los delitos que imputó en su contra y describiendo el modus operandi del grupo transnacional de 9 personas que, según indicó en su formalización, se dedicaba a la trata de mujeres extranjeras obligándolas a prostituirse en casonas de Quillota y San Felipe, la imagen fue mutando desde la negación hasta el desazón y luego en lágrimas tras la medida cautelar de arraigo nacional, firma mensual y arresto nocturno para ocho de los nueve imputados por los 6 meses que dure la investigación por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de prostitución, tenencia de arma prohibida, tráfico de drogas y lavado de activos.

Vanessa Silva y Ana Foix mecían la cabeza de lado a lado, como haciendo una negación y se cruzaban de brazos. Manuel Ceballos y Jimmy Ceballos se frotaban la frente, se tocaban la cara y conversaban de vez en cuando, mientras la fiscal leía los cargos en su contra y, especialmente, cuando la persecutora detalló cómo, con agente encubierto de por medio y escuchas telefónicas en una investigación a cargo de la PDI que duró más de un año, operaban sedes de prostitución instaladas en la zona interior, creando para ello una empresa ficticia llamada "Control de Plagas y Sanitizaciones Boris Ceballos SpA" que utilizaban para que los clientes pagaran con su tarjeta de débito.

Lo anterior fue parte de la formalización por seis delitos, divididos en 11 hechos a investigar. Sin embargo, lo que podía haber terminado en prisión preventiva para todos, que fue lo que pidió el Ministerio Público a la magistrado Laura Catalán, no ocurrió, pues la decisión del tribunal fue arraigo nacional, firma mensual y arresto nocturno para todos los imputados, excepto para Ana Foix, acusada de tráfico de drogas, quien quedó con firma mensual y arraigo nacional.

Catalán argumentó aquello señalando que "del mérito de estos antecedentes expuestos por el Ministerio Público, no hay argumentos que permitan establecer una base concreta para colegir la ejecución de estos verbos rectores por parte de los imputados conforme al estándar requerido por la norma", y añadió que "se desprende de la declaración de las testigos mujeres, que estas ingresan por sus propios medios al país; por otra parte, ellas, con pleno conocimiento, aceptan la oferta que se les realiza para trabajar y ejercer la prostitución. Más aún, algunas deciden voluntariamente irse del lugar para posteriormente volver al mismo lugar. De este modo, al debilitarse las dos figuras delictivas base, se desvirtúa la posibilidad de configurar los delitos de asociación ilícita y lavado de activos".

Además, dijo que "considerando el tiempo transcurrido del periodo de investigación y la magnitud de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, el cúmulo de antecedentes y su relación vertida el día de hoy, no satisface el estándar requerido para imponer la medida cautelar más gravosa que regula nuestro ordenamiento jurídico. Si bien el Tribunal pudo observar en la descripción realizada por el Ministerio Público una serie de indicios en forma aislada, se requieren más y mejores antecedentes que permitan su concatenación armoniosa para poder arribar a la conclusión que ha expuesto el Ministerio Público".

Sobre el delito de tenencia de arma prohibida, la jueza concluyó que faltan antecedentes y, sobre el tráfico ilícito de droga, señaló dudas sobre la participación de Foix en el delito.

Larga audiencia

La audiencia inició a las 12 del día y terminó pasadas las 19 de la tarde. En ella se detalló cómo funcionaba el negocio, según el relato de la fiscal: Mediante un tercero, contactaban a mujeres de Brasil, Venezuela y Colombia. En el primer caso, a una de las víctimas le habrían pagado pasajes para venir de vacaciones a la zona, tras lo cual la habrían obligado a hacer el aseo y luego a prostituirse. La persecutora aseguró también que la víctima tuvo que atender hasta a 10 personas diariamente. En los dos casos posteriores, ambas mujeres fueron ingresadas a país por un paso ilegal en la zona norte.

Habían varias casonas, con cámaras de seguridad, una recepcionista y hasta sistema Transbank para los clientes. Lobos estaba encargada de difundir los servicios en internet, tras sacar fotos en lencería a las víctimas y publicarlas en páginas de servicios sexuales y en un diario local.

Fuenzalida contó que en un momento, la víctima brasileña sobrecargó con aparatos la red eléctrica de una casona lo que apagó las cámaras y logró escapar y que la banda incluso estaba pensando en hacer cuentas de Tinder para ampliar el negocio y extenderse a Los Andes y La Serena. También dijo que incluso hablaron de incluir a niñas, lo que interpretó como la posibilidad, no comprobada, del interés en sumar a menores de edad, a lo que los imputados reaccionaron con un movimiento de cabeza en negación.

"Hay que mantener a las niñas encerradas si no están atendiendo", leyó la fiscal como parte de las escuchas telefónicas, lo que interpreta como una frase que reafirma la acusación por trata de personas. Sin embargo, también leyó una declaración de una de las víctimas que terminó por sepultar la medida cautelar que pidió: "Me vi obligada a trabajar, el dinero que ganaba me permitía enviarle dinero a mi familia" (...) el año pasado me fui de estos lugares y regresé a Santiago donde estuve viviendo, trabajé en una tienda China, no eran los mejores sueldos y luego tuve que volver a trabajar en una semana y vengo en forma intermitente".

Con esta declaración, por ahora, la tesis de la fiscalía perdió fuerza para la justicia.

"No hay argumentos que permitan establecer una base concreta para colegir la ejecución de estos verbos rectores por parte de los imputados".

Laura Catalán, Magistrado

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Uno de los defensores, Claudio Peñaloza, cuestionó la imputación de trata de personas, sosteniendo que la Fiscalía no otorgó pruebas suficientes para acreditar que trajeron a las víctimas a la zona para obligarlas a prostituirse, e indicó que la asociación ilícita tampoco está acreditada. Manuel Tapia, abogado de Jimmy Ceballos, dijo que no hay reiteración de delitos y que él no obligó a las mujeres a venir a prostituirse a Chile y el abogado de Pérez Estay, Eduardo Gómez, dijo que las víctimas habrían entrado de manera voluntaria al país, además de insistir, como sus colegas, en que se trata solo de prostitución, lo que puede ser reprochable, pero no un delito.

Un operativo policial en Placilla, parte alta de Valparaíso, permitió la detención de dos implicados en el robo de costosos equipos tecnológicos desde un automóvil en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, Región Metropolitana.

El seguimiento de los pasos de los antisociales fue posible gracias al GPS de los aparatos sustraídos, de propiedad de dos turistas extranjeros, sistema que posibilitó la ubicación exacta de los delincuentes, quienes se encontraban en el supermercado Santa Isabel de Curauma.

La localización fue comunicada por la 27ª Comisaría Aeropuerto a la Subcomisaría de Carabineros de Placilla, entregando, además, datos claves del vehículo en el cual se desplazaban los sujetos.

Fue así que personal de la unidad policial porteña pudo dar con el móvil, marca Chevrolet, modelo Sail, en el estacionamiento del supermercado, en cuyo interior se encontraban cuatro individuos, los cuales, al ver la presencia policial, se dieron a la fuga, siendo detenidos dos en las inmediaciones.

Se pudo recuperar la totalidad de las especies, consistentes en computadores, celulares, audífonos y cargadores, todos de la marca Apple y avaluados en unos $ 4 millones, además de los pasaportes de los afectados por este ilícito.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales A.G.A.G. y A.J.S.G., ambos con antecedentes penales, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.