Contrario a las expectativas que plantea la decisión adoptada esta semana por el pleno de la Convención Constitucional, la idea de dotar a los municipios de una facultad extraordinaria para crear empresas propias o participar de algunas privadas no genera un consenso transversal entre los alcaldes encargados de poner en marcha dichas disposiciones.

La propuesta, entregada por la Comisión de Forma de Estado y que ya pasó al borrador de la Constitución que será plebiscitada en septiembre, establece que "las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes".

Para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lo aprobado calza con su idea de crear una empresa municipal para agrupar la administración de todos los ascensores porteños, además de una capaz de gestionar -y rentabilizar- el relleno sanitario El Molle, cuya concesión en manos privadas genera una serie de reparos en los grupos afines a la alcaldía del abogado magallánico.

En cambio, desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, aseguró que lo aprobado por el pleno de la Convención refleja falta de sentido práctico, entre otras razones, porque la creación de empresas municipales para la entrega de algún servicio irá acompañada de mayor burocracia y erogación de recursos públicos.

Ambas visiones giran en torno a la vieja disputa sobre el principio de subsidiariedad, una pelea que no será resuelta por jefes comunales, sino en otros ámbitos. Lo importante es que los servicios entregados a través de empresas municipales -una posibilidad que ya existe bajo ciertas fórmulas en la legislación vigente- cumplan con los rangos de calidad que se exigen en los tiempos actuales, sin por ello significar una sobrecarga para los recursos estatales o una fuente de desvíos de fondos como ha ocurrido en otras ocasiones. Por tanto, cualquier norma constitucional que entregue más facultades de gasto y administración a los municipios deberá ser acompañada por mecanismos de control muy rigurosos. La experiencia acumulada en torno a las corporaciones de desarrollo municipal indica que allí donde existe una menor fiscalización de los organismos públicos encargados -como Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado- se abren espacios para la malversación o, directamente, para la proliferación de cargos inventados que permitan la contratación de cercanos y aliados políticos de la autoridad de turno. Cualquier legislación futura sobre el tema deberá tomar en cuenta estos antecedentes para evitar estos escenarios de riesgo.

Resulta que en nuestra región y país ha comenzado a adquirir bríos este magnífico estilo de "vivir" como soñando, pero sin estar asentado en la realidad. Veamos.

A nadie extrañará que las promesas de campaña de este Gobierno se hayan diluido a poco andar y que los cambios urgentes se hayan transformado en el marco para cuestiones inverosímiles. Por ejemplo, sabemos de la preocupación de la sociedad por proteger las especies arbóreas autóctonas. Estamos totalmente de acuerdo. Así, en Viña del Mar se detuvo un gran proceso habitacional, por ende, una fuente de mano de obra interesante y la solución a quienes han ahorrado y cumplido con todo el proceso que implica adquirir la tan soñada vivienda propia, por un par de árboles que, manejados como se debe, podrían ser trasplantados a un parque o jardín donde también gozaríamos de su hermosa conformación.

Pues eso está detenido, suspendido y durmiendo el sueño de lo imposible, ya que un par de bellotos lo impiden, amén de la normativa vigente y de los organismos respectivos que protegen su existencia.

Sin embargo, a menos de un kilómetro, las tomas y campamentos que no respetan procesos ni reglamentos están instalados en medio de las escasas palmas chilenas, actualmente en peligro de extinción, con todo el peligro que ello significa para su supervivencia.

En Valparaíso, por otro lado, aquella fiesta de Los Mil Tambores, preocupación latente del "moderno mundo cultural", pero que se transforma en un dolor de cabeza para nuestros vecinos cada año por la estela de basura y desórdenes, entre otras cosas, que deja a su paso, se topa con la más que urgente falta de reservorios de agua y grifos para combatir los incendios en la parte alta, donde las quebradas y la realidad aconsejan quizás tener a mano "mil tambores, pero de agua" para combatir los incendios.

Si nos referimos a San Antonio, el nuevo estadio de la ciudad, "Doctor Olegario Henríquez Escalante", con un costo de $12 mil millones, luego de una intervención arquitectónica completa y cuyas llaves y facultades para ocuparlo fueron entregadas oportunamente a la autoridad máxima, la alcaldesa Constanza Lizana vive el sueño de la indiferencia, pues mientras el deporte clama por espacios y la delincuencia lo hace un escondite de sus tropelías, este luce cerrado. Bueno, este trabajo reposa oficiosamente, administrativamente, en un escritorio, pues la municipalidad, a través de su alcaldesa, ha rechazado la recepción de las obras ya concluidas, tratándose de un caso que linda en la desidia, y la sigue postergando, además, acudiendo a prejuicios administrativos. Un dique contra la delincuencia, como lo es el deporte, y una comunidad de 160.000 habitantes no merecen esperar tanto.

Menos subterfugios y más acción es lo que solicito por el bien de la comunidad.