Pasado el trago amargo del impasse con la prensa local durante la visita a Valparaíso de la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, bien vale hoy referirnos a su presencia en terreno de la realidad que vive la ciudad en su condición de Sitio del Patrimonio Mundial, calidad reconocida en 2003 para el área fundacional de la comuna.

En su recorrido, Azoulay apreció carencias de todo tipo, incluidas las humanas, como cuando se le acercó un mendigo a solicitarle una ayuda que no llegaría.

Su recorrido fue amplio, cubriendo el casco histórico y apreciando el riesgo en que se encuentran los valores patrimoniales que encierra. Llegó además hasta lugares como la exCárcel, convertida en Parque Cultural, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, en Playa Ancha, situado en una tradicional residencia en muy buen estado de conservación.

En su paso por el casco histórico, conoció el proyecto de restauración del Palacio Subercaseaux que acogerá el futuro Archivo Regional.

Importante fue su visita al Museo de Bellas Artes, pues desde allí sostuvo una videoconferencia con el alcalde Jorge Sharp, que se encuentra en el extranjero, a quien expresó el interés de Unesco por ayudar a Valparaíso reconociendo la necesidad de apoyo que presenta la ciudad. En el recorrido, junto con compartir con personeros locales vinculados al patrimonio, estuvo acompañada del exministro, Ernesto Ottone, actual subdirector de Cultura de Unesco.

Durante su visita se le informó, asimismo, de la creación de una corporación público privada para apoyar a la Municipalidad en la gestión patrimonial.

La directora destacó la importancia de esta alianza porque "los problemas son complejos e involucran todos los niveles de gobierno, sector público y privado, y sociedad civil". Insistiendo en el valor del trabajo conjunto, afirmó que "esta estructura es una oportunidad para proteger y restaurar mejor la ciudad. No hay tiempo que perder. De lo que he visto, hoy tenemos una oportunidad para actuar ahora, no podemos dar el lujo de desperdiciar. Desde Unesco, con nuestra red de expertos y capacidad de apoyo, podemos ser parte de la estrategia".

Clara advertencia: "No hay tiempo que perder". Esa es la realidad. La patente patrimonial de Valparaíso fue otorgada por Unesco en 2003, pero nunca se asumió que el título no era permanente y que, más que eso, compromete un trabajo constante.

Lo realizado hasta ahora no es suficiente, pese a que ha existido inversión. Pero sin una gestión conjunta que mire todos los aspectos que suponen la condición patrimonial, que van más allá de conservación y tocan en profundidad aspectos culturales y sociales, especialmente educacionales. Esa mirada global es la que debe adoptar la corporación que trabaja hoy (al menos, la experta en patrimonio Macarena Carroza lo hace) en la gestión, aprovechando a la vez la oferta de Unesco, cuya directora, concretamente, ofreció el apoyo de su red de expertos. Con todo, es la energía y la voluntad local, lo que permitirán consolidar la calidad patrimonial. ¿Contaremos con ellas?

Esta semana, la Convención Constitucional completó diez meses de funcionamiento. Ya restan algo menos de dos para que entregue al país su propuesta de nueva Constitución y poco menos de cuatro para que la ciudadanía resuelva si la aprueba o no. El debate sobre la materia se ha ido intensificando. Y en medio de él, han asomado falacias maniqueas de la izquierda y la derecha duras, que es necesario desmontar.

Desde la última, algunos de quienes estuvieron entre el escuálido 22% de electores que en octubre de 2020 votó por no iniciar el actual proceso constituyente parecen ver ahora su autoestima restaurada y nos dicen que ellos fueron los únicos visionarios que siempre supieron que esto solo podía salir mal. Creo que eso envuelve una contumaz negación de tres hechos que estimo evidentes: 1) el proceso en cuestión era la única salida institucional viable a la violenta crisis iniciada en octubre de 2019; 2) la ciudadanía manifestó una contundente preferencia por la elaboración de una nueva Constitución, que no cambiará aun si se rechaza el proyecto que surja de la Convención; y 3) la inédita mayoría que consiguió la izquierda dura en dicha Convención se debe, entre otras cosas, a quienes hicieron posible que el estigma del inmovilismo constitucional quedara impreso, incluso injustamente, en la centroderecha (injustamente, digo, porque los cuatro candidatos a las primarias presidenciales del sector apoyaron el Apruebo en el plebiscito de entrada, lo mismo que la mayoría del Gabinete de Sebastián Piñera).

Desde la izquierda dura, por su parte, se ha dicho, incluyendo al propio Presidente Boric, que cualquier propuesta que haga la Convención será mejor que la Constitución actual. Eso es a la vez absurdo y conformista. Absurdo, porque obviamente sí puede haber -y de hecho hay muchas- constituciones peores que la que firmó Ricardo Lagos en 2005. Y conformista, porque el listón debe estar algo más alto. Si la propuesta de la Convención fracasa en el cometido central de reunirnos ampliamente en torno a unos mínimos comunes, si en vez de ensanchar la deliberación política busca imponer un específico programa volviendo inconstitucionales a los restantes, si la estructura y atribuciones de los órganos del Estado ofrecen riesgos relevantes ya sea de ingobernabilidad o de concentración del poder, o si sus preceptos sobre cuestiones económicas y sociales son un obstáculo para el bienestar general de las personas, por numerosas que sean las florituras con que él se nos prometa, lo razonable es buscar el camino hacia algo mejor.

Por lo mismo, si la propuesta de la Convención resulta finalmente desechada el próximo 4 de septiembre, ese no puede ser -y con toda seguridad no sería- el fin del camino hacia una nueva Constitución. Debido a los intereses electorales inmediatos, es improbable que haya antes de esa fecha un acuerdo sobre cómo seguir en tal caso la andadura hacia esa meta. Pero después de ella sin duda podría concordarse una vía para cumplir mejor, con participación de la ciudadanía, el mandato que ella expresó inequívocamente el 25 de octubre de 2020. De momento, por tanto, lo relevante es que mostremos con transparencia nuestra disposición para ello.

Una de las tareas misionales de las universidades es su vinculación con el entorno, con el territorio. La preocupación y la conexión con necesidades, desafíos y oportunidades es una obligación que da sentido al rol que les corresponde asumir y cumplir como instituciones encargadas de crear y transmitir el conocimiento.

Entre las distintas funciones de las universidades está la de formar personas y desarrollar talento, para lo cual promueven aprendizajes entre los jóvenes que, desde distintas áreas y disciplinas, procuran encontrar una cierta y volátil "verdad" que va cambiando en la medida que avanza el conocimiento. Quienes se forman y logran adquirir aprendizajes requieren aplicar a realidades concretas su saber, necesitan problematizar y dar respuestas aplicando esos aprendizajes a las necesidades del diario vivir. En este contexto, hace algunos días, la Universidad de Playa Ancha suscribió un convenio con las comunidades de Puertas Negras y la Población Montedónico, con la colaboración de la parroquia del sector, que puso a disposición sus espacios físicos para operar un centro de atención integral en salud. La UPLA aportará las capacidades de las facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales en los ámbitos de la Kinesiología, Nutrición, Enfermería, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Psicología, entre otras especialidades. Queremos llevar ciencia, metodologías de trabajo y, particularmente, dignidad a las personas que allí habitan. Los estudiantes no solo aplican conocimientos, sino que también crecen en valores tan importantes y a veces tan lejanos como la solidaridad, la colaboración, el trabajo en equipo y en comunidad.

Otra de las funciones de la universidad es la investigación, innovación y creación. Lo que más se espera de esta función es que sea un instrumento de desarrollo territorial, para contribuir a la solución de problemas concretos, impactando en los territorios y sus habitantes. Chile debe profundizar la descentralización en este ámbito, mejorando la asignación de recursos y estimulando la pertinencia de los proyectos de investigación con las necesidades y demandas del territorio. Es necesario atraer y retener talento humano avanzado en las regiones, de forma de romper con el centralismo cognitivo. Hay que impulsar modelos de desarrollo de base tecnológica, promover alianzas público-privadas, involucrando en estos procesos a los gobiernos, las universidades, el mundo social y el sector productivo.

Hoy estamos llamados a resolver problemas urgentes y ya trabajamos en ello, siendo un ejemplo la escasez hídrica que nos golpea. Hemos avanzado en los estudios y también en las soluciones. Tenemos liderazgos regionales y locales para abordarlos con eficacia y efectividad. Tenemos laboratorios de alta tecnología y talentos académicos especializados en esta materia.

La universidad es también una de las instituciones más comprometidas con el arte, la cultura y el patrimonio. El rescate, el estudio, difusión y conservación del patrimonio como parte de la identidad del territorio. Una política que potencie estas áreas tiene un enorme impacto social, económico y cultural; fortalece el compromiso de las personas con su territorio, con el cuidado del mismo, la valoración y los emprendimientos culturales.

La vinculación con el medio que realizamos es parte de la responsabilidad social de las universidades. Es parte de su función transformadora en la sociedad, en la que todos los actores se sientan llamados y llamadas a coordinarse más y colaborar en conjunto por una mejor ciudad, región y país.