Para Habermas, una crisis de legitimidad ocurre cuando la confianza pública en las instituciones políticas y las autoridades disminuye a tal punto que la capacidad del régimen político para sustentarse se pone en cuestión. La anterior definición parece calzar, justamente, con el momento que atraviesa Chile. Incluso la Convención Constitucional -otro emblema de representatividad- parece sufrir este problema, como refleja la última encuesta de Espacio Público donde se reporta que solo el 31% de los respondientes confía en la institución.

Ahora bien, es importante considerar que lo anterior no significa que las personas no quieran participar o no estén interesadas en la política. En efecto, el último Estudio de Opinión Política de la Fundación Piensa muestra que, de un total de 1.650 encuestados, un 71% cree tener opiniones que vale la pena escuchar, porcentaje que se repite respecto de los respondientes que consideran que a los políticos no les interesa lo que las personas comunes piensan. A raíz de estos datos, podemos sugerir que el problema de fondo parece estar en la inexistencia -o desconocimiento- de canales institucionales que permitan una participación ciudadana efectiva.

Para hacer frente a este problema hay que buscar mecanismos que entreguen una mayor legitimidad y representatividad a lo largo del tiempo al sistema político. En otras palabras, hay que comprender que los ciudadanos no solo lo son cuando votan. Por lo mismo, debemos preguntarnos qué podemos hacer para que las instituciones sean capaces de incluir a los ciudadanos en los procesos de discusión y formación de políticas públicas. Incentivar la participación de las personas en procesos deliberativos con representantes y con otros ciudadanos, en condiciones de igualdad, puede abrir nuevas formas de enfrentar los problemas de legitimidad.

La inclusión de estos mecanismos como un complemento a las votaciones periódicas es un camino que ya se está explorando en otros países. De hecho, la OCDE ha denominado este fenómeno como la 'ola deliberativa'. Así, la experiencia comparada podría entregarnos insumos a la hora de pensar y generar nuevos diseños institucionales deliberativos que incluyan a grupos históricamente excluidos, que sean pluralistas en su composición y capaces de entregar voz a todas las personas. Los elementos anteriores siempre tienen que estar presentes en estas instancias; de lo contrario, y tal como ocurre con algunos cabildos "autoconvocados", la discusión solo ocurre entre personas que piensan de forma similar, lo que reafirma los sesgos e ideas preconcebidas. Puesto de otra forma, la deliberación pierde su carácter democrático si no participan personas que piensan y han tenido una vida distinta a la mía.

Ciertamente, la solución a esta crisis de legitimidad no se logrará únicamente a partir de mecanismos deliberativos, sino que también será necesario revitalizar los partidos políticos, tal como lo han planteado distintos académicos. Sin embargo, es un primer paso que podría reencantar a los ciudadanos que han ido perdiendo la confianza en la política partidista.