Mauricio Ávila C.

De un segundo a otro, el 11 de marzo pasado, el diputado Giorgio Jackson pasó a ser ministro secretario general de la Presidencia. Esta semana se cumplieron dos meses de ese momento, pero parece que hubiera pasado una eternidad. La responsabilidad del cargo y la intensidad del trabajo se sienten desde el día uno, reconoce el que hasta hace poco más de una década era dirigente estudiantil.

En su amplia oficina del primer piso de La Moneda, el secretario de Estado encargado de relacionarse con el Congreso para materializar la agenda legislativa del Ejecutivo reconoce que "el rol como parlamentario es exigente, tiene a veces las frustraciones de no tener tanta capacidad de acción por ser parte de un cuerpo colegiado que divide el poder entre muchas personas, pero yo diría que, objetivamente, acá hay una carga de responsabilidad y trabajo que es muy desgastante, a pesar de que uno tiene muchos equipos para poder trabajar y puede descansar varias tareas en ellos, pero la verdad es que es 24/7.

- Fue evidente que la instalación del Gobierno tuvo problemas. ¿Ya terminó la instalación?

- Sí, es que uno viene con una idea de planificación en el momento que uno aterriza acá en el ministerio, desde los temas administrativos, pero que no puede contar con todos los equipos en el primer mes, sino que desde el segundo. Luego está concordar las formas en las que vamos a trabajar con los demás ministerios, que es un proceso más lento del que me gustaría. Entonces, yo diría que sí, que costó más aún en el contexto político que tenemos. No sé si va a llegar algún momento en que yo diga que "este es el ritmo", que "estamos listos". Uno acá nunca deja de encontrar espacios de mejora. Les debe haber pasado a los anteriores que ocuparon este puesto, pero ya están los equipos constituidos y trabajando a full y eso me tiene más tranquilo, porque vemos que, más allá de la agenda reactiva del primer mes, hoy yo diría que sí tenemos ese cuerpo desplegado.

- ¿Cómo está hoy el ambiente en el Congreso para el diálogo? Luego del proyecto de quinto retiro las relaciones quedaron dañadas.

- Hoy está mejor que en ese momento. Ese fue un episodio que, sin duda, marcó una dificultad del Gobierno para conseguir los votos más allá de nuestra coalición. Logramos, finalmente, conseguir los votos de nuestra coalición en el proyecto alternativo que presentamos, pero no logramos convencer más allá y ese es un problema de no tener mayoría en las cámaras. En este caso, quienes no están en la coalición decidieron votar en contra de un proyecto que creemos que podía servirles mucho a las personas que están pasando por dificultades económicas. Ahora estamos legislando otras cosas que también van en esa línea de ayuda, tanto en materia de las parafinas, salario mínimo y asignaciones familiares, que van a ser significativas para las familias de los trabajadores de Chile.

Relación con la DC

- ¿Se restablecieron las relaciones con la Democracia Cristiana, que fue el partido que más reclamó por ese episodio?

- Sí, hemos tenido más conversaciones con la DC. Los desafíos que nos quedan sortear ahora desde La Moneda son cómo lograr no solo convivencia presente, sino futura, respecto a la que hoy es la coalición de Gobierno, y por lo tanto tratar de no dejar pasar por alto los conflictos del pasado, sino que procesarlos y mejorar la convivencia entre los distintos partidos que componen el pacto de Gobierno. Esa tarea es compleja y muchas veces se aumenta en regiones, pero los desafíos son tan grandes que sin en esa capacidad de sobreponernos a las diferencias, va a ser imposible llevar adelante la agenda del Gobierno.

- ¿Hacia dónde se puede ampliar la votación de los proyectos del Gobierno y en qué tipo de proyectos?

- Hay varios proyectos que han tenido transversalidad. Estos correctivos de los combustibles, tanto en parafina como en diésel y gasolina, han tenido casi unanimidad. En la Cámara también tuvimos muy buena recepción al salario mínimo, al tratado de Escazú, y vamos a ir abriendo espacios con reformas urgentes para la ciudadanía, como la de pensiones. Para implementar gran parte del programa necesitamos recursos frescos y permanentes, y para hacer sostenible estas reformas se necesita un nuevo pacto fiscal, o sea, una reforma tributaria, y eso es algo que también se está conversando para que los municipios se empoderen. Una buena parte de nuestro programa es descentralizador, tener la capacidad de que los municipios tengan los recursos para llegar primero a las necesidades de los vecinos y vecinas. Y, al mismo tiempo, tener la capacidad de inversión en los gobiernos locales es para nosotros una preocupación central y por eso estamos avanzando en la delegación de competencias hacia los gobernadores y gobernadoras. Tenemos el compromiso de al término de este gobierno haber inyectado mil millones de dólares adicionales a la gestión de los municipios y tratar de readecuar los instrumentos del fondo municipal para que tras la suma de estos esfuerzos no haya ningún municipio que tenga un per cápita menor a los 300 mil pesos.

- Hablando de descentralización, ¿tiene plazo el fin de los delegados presidenciales?

- Hemos comprometido que en nuestro gobierno, que dura cuatro años, no va a existir más esta figura. La mayoría de las competencias de estos se van a ir delegando hacia los gobiernos regionales, que van a ir adquiriendo cada vez más preponderancia. Estamos con todas las ganas de que un proceso descentralizador finalmente arribe y llegue a puerto y para eso alguien tiene que ceder poder, y para darles poder a las regiones el que tiene que hacerlo es el gobierno central. Ahí nosotros tenemos un compromiso: tal como lo dijo el Presidente Boric, él quiere terminar su período en La Moneda con una presidencia de la República con menos poder que al entrar; y que ese poder se haya distribuido en los gobiernos regionales, en los municipios, que son finalmente quienes están más cerca de la política pública.

Estado intermedio

- ¿Cuál es el nudo para sacar la idea de "estado intermedio" en la macrozona sur?

- Hemos tenido reuniones con las distintas bancadas parlamentarias y lo que hemos planteado es un sistema de protección y resguardo con la posibilidad de que cualquier gobierno pueda tener como herramienta a las Fuerzas Armadas, sin tener que recurrir a un estado de excepción que pueda vulnerar o limitar los derechos de las personas, y que al mismo tiempo pueda tener una autoridad civil que pueda hacerse responsable ante una situación excepcional, que es el uso de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que todavía no genera el consenso necesario. Esta es una reforma constitucional que requiere de tres quintos del Congreso y, por lo tanto, queremos que todas las dudas que se han planteado al interior de nuestra coalición puedan ser resueltas para poder avanzar con firmeza a conseguir los votos que faltan.

- ¿Cuál es el punto de equilibrio? Para la oposición el proyecto se queda corto y para algunos de su misma coalición está muy pasado.

- Creo que el equilibrio tiene que buscarse al escuchar los testimonios tanto de las personas que sufren de la inseguridad de transitar por las vías transportando, realizando su trabajo, como también de aquellas personas que no quieren que siga habiendo paralizaciones en las carreteras que impidan el paso tanto de alimentos como de suministros o incluso ambulancias que muchas veces no han podido pasar. Si pensamos lo que les está pasando a las personas afectadas, es más fácil poder generar un clima de mayor consenso en torno a algunas medidas que, me imagino, a ningún gobierno le gustaría tener que aplicar. Nos encantaría que esto no existiera, pero una vez que el conflicto está, la pregunta es cómo uno lo aborda. Queremos dar la mayor cantidad de garantías de que no se van a vulnerar los derechos de las personas, pero teniendo la firmeza de que tenemos que dar garantías a las personas que circulan por las rutas de que su seguridad va a estar bien; y que a las personas que cometan delitos o que estén asociadas al crimen organizado se les va a perseguir.

- ¿Le complica al gobierno el uso de la fuerza?

- Creo que cualquier persona de la tradición liberal o que funde sus principios en la tradición liberal, algo que nunca debiese dejar de molestarle es el uso de la fuerza por parte del Estado. Por lo tanto, quienes somos demócratas, lo que intentamos es tratar de que ese poder de la fuerza y el uso de ella tenga que tener ciertos límites, ciertos contrapesos, ciertas validaciones democráticas. Eso es una de las complejidades de situaciones como esta, donde alguien podría decir por qué no las aplican inmediatamente. Bueno, es porque tenemos que tener ciertos balances que permitan que cuando haya una persona en el gobierno que piense distinto a uno, no la pueda ocupar de manera indiscriminada, como ha ocurrido en muchos países de nuestra región.

- Se ha usado mucho la metáfora de que otra cosa es con guitarra.

- Claro que es otro rol. El ocupar otro rol se siente, pero al mismo tiempo te permite hacer cosas distintas y marcar la diferencia en medidas que no son de las razones por las que uno tuvo la motivación de participar en lo público. A uno le gustaría pensar en un ideario donde no se tiene que ocupar la fuerza. Pues bueno, nos toca gobernar y garantizar la seguridad de las personas. Por lo tanto, tenemos que usar todas las herramientas que estén a disposición del Estado de derecho para garantizar por un lado esa seguridad y por otro lado abordar los problemas de fondo que muchas veces causan distintas situaciones en todo el territorio nacional.

Control de Armas

- Justamente, a propósito de la guitarra, se ha criticado a usted y al Presidente por haber rechazado la ley de control de armas cuando eran diputados.

- Hay que aclarar un punto, tanto el Presidente como yo somos absolutamente contrarios al uso de las armas por parte de la sociedad civil. Ese es un principio que atraviesa nuestro pensamiento político, incluso mucho más que quienes pudieron haber aprobado esa u otras normas. Lo que muchas veces manifestamos durante las votaciones en nuestro primer periodo fue un rechazo contra ciertos proyectos de ley que decían que iban a hacer algo, pero que no contenían ninguna norma dentro de su articulado que nos permitiera asegurarle a la población que iba a cumplirse con aquello que se comunicaba. A nosotros, los especialistas nos dijeron muchas veces que el aumentar las penas no movía absolutamente nada la aguja respecto del control de armas. Nada. Y lo que servía era por un lado controlar los pasos fronterizos por donde pudieran ingresar las armas y por otro tener un banco de lo que se llamaba huellas balísticas. Ambas cosas no estaban en ese proyecto. Por lo tanto, no estuvimos

"Si pensamos lo que les está pasando a las personas afectadas, es más fácil poder generar un clima de mayor consenso en torno a algunas medidas".

"Tenemos que usar todas las herramientas que estén a disposición del Estado de derecho".

"El proceso de cambios que Chile ha venido demandando (…) va a tener dos caminos muy distintos en el momento en que se zanje el plebiscito".

disponibles para aparentar que había una solución cuando no la había. Sin embargo, si uno se va a la discusión en particular de esa norma, las únicas por las que pedimos votación separada para realmente rechazar, fueron los aumentos de penas, y todo el resto del proyecto nosotros lo aprobamos.

- ¿Qué siente cuando se les acusa de avalar la violencia?

- Es que yo creo que eso es un profundo desconocimiento. Tanto en el caso del Presidente como del mío, basta solo conocer un poco el detalle de nuestro paso por la dirigencia estudiantil para demostrar que al interior del movimiento nos enfrentamos con los sectores que amparaban o avalaban la violencia como forma de acción política. Eso fue algo por lo que nos atacaban incluso. Por lo tanto, me duele la desinformación, sí, me duele cuando se afirma algo por desconocimiento, porque no se sabe lo que hemos hecho, y yo no creo que haber puesto contexto social en una crítica política a las situaciones de desigualdad e injusticia en nuestro país, o haber criticado con dureza al gobierno por haberle declarado la guerra a un enemigo indeterminado, pero básicamente al país, a la gente que se estaba manifestando, haya sido avalar la violencia. En ningún caso.

Dos caminos legítimos

- Ministro, todas las encuestas están dando ganador al Rechazo. ¿Qué piensa el Gobierno?

- Obviamente, hay dos opciones en la papeleta: Apruebo y Rechazo. Mi impresión es que el proceso de cambios que Chile ha venido demandando, con los ajustes que eso implique, va a tener dos caminos muy distintos en el momento en que se zanje el plebiscito. Pero las personas van tener que elegir entre aprobar el nuevo texto, con las cosas buenas que le parezcan y aquellas que quizás no le gusten tanto, y por lo tanto tendrá que hacer un análisis entre lo bueno y lo malo y hacer la ponderación dentro de su preferencia, y de cómo es posible o no cambiar aquellas cosas que no le gustan de esta nueva Constitución y su factibilidad; o rechazar, con las cosas buenas o malas que la gente considere la que fue iniciada en el 80 con la dictadura, y analizar cuán factible es cambiar aquellas cosas bajo las reglas de ella misma, que son mucho más estrictas. El escenario va a ser entre estos dos caminos, legítimos ambos.

- ¿Tienes dudas?

- Yo creo que mientras no se cuente el último voto, tratar de adivinar cuál va a ser el resultado es jugársela muy rápido por una proyección. Yo creo que el escenario está abierto, pero ojalá se decida desde la información y no desde la desinformación, y esa es nuestra tarea como Gobierno.