Sebastián Mejías O.

El último pleno de la Convención Constitucional (CC) decidió que pasará al borrador del texto un artículo sobre política portuaria que, a juicio del convencional Raúl Celis, fue bastante sorpresivo, ya que "no es una materia que debería estar en la Constitución".

Por 104 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, se estableció que el "Estado tendrá el deber de fijar una Política Nacional Portuaria", que se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero, la responsabilidad medioambiental y la vinculación con territorios y comunidades. Junto a ello, el artículo velará por la participación pública de los recursos que genere la actividad, además de otros temas que generaron controversia, como el establecimiento de la carrera profesional portuaria, reconociéndose como "trabajo de alto riesgo".

Difícil aprobación

Como una de las impulsoras de esta iniciativa, la convencional perteneciente a la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga, contó acerca de cómo es que hizo "campaña con todos los colectivos para que comprendieran la importancia de la actividad portuaria en la economía del país y su vinculación con los mercados globales".

Si persistió hasta el último pleno con esta norma es porque está convencida de que "cambiará la relación de fuerza que hasta ahora se ha dado entre los puertos y las comunidades que han sido despojadas de sus bienes públicos y naturales". De ahora en más, "los puertos deberán encontrar una fórmula de desarrollo compatible con el bienestar de la población", aseguró.

Tributos en sus ciudades

Para el alcalde Jorge Sharp, que apoya la iniciativa, tiene que ver con que en la "práctica se redefinirán las relaciones desiguales que existen entre puertos y ciudades, permitiendo constitucionalmente proyectos como la Ley Valparaíso, que obliga a los puertos de Chile a tributar en las ciudades donde se albergan".

En caso de que gane el Apruebo en septiembre y se saque adelante una Ley de Puertos, ésta deberá consagrar, a juicio del jefe comunal, "que los territorios, sus comunidades y gobiernos locales puedan recuperar sus riquezas y ponerlas a disposición de una estrategia de desarrollo que se traduzca en mayor bienestar para la población".

Puntos negativos

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Aduanera, Javier León, asumió como positivos dos puntos: el desarrollo de una política nacional portuaria y la posibilidad que esto abre a que los puertos tributen en sus territorios, ya que "la actividad portuaria comenzará a ser vista de mejor manera por la ciudadanía".

Advirtió, sin embargo, que las contradicciones aparecen cuando el artículo consagra "el énfasis en el cuidado de la naturaleza y la vinculación con los territorios y sus comunidades". Con algo así, corre "peligro el proyecto de Puerto a Gran Escala (PGE) en San Antonio, que se erigirá cerca de los humedales que hay en esa zona".

Por detalles como ese, el convencional de RN y expresidente de EPV, Raúl Celis, está seguro de que todo lo aprobado "producirá desincentivos a los capitales privados, que verán a la política portuaria como algo inestable y dependiente del gobierno de turno".

"Al generarse un gran nivel de incertidumbre en la política portuaria -continuó-, evidentemente los concesionarios tendrán menos interés de invertir en los puertos, viéndose afectadas ciudades como Valparaíso y San Antonio, especialmente, en sus inversiones de largo plazo".

Labor de alto riesgo

Para el exintegrante del directorio de EPV y presidente regional de la UDI, Osvaldo Urrutia, no debió incorporarse la norma en relación a la actividad portuaria a la Constitución". Además, lo interpretó como un "artículo demasiado amplio, vago y ambicioso".

En ese sentido, criticó también que se establezca la carrera profesional portuaria, reconociéndose como trabajo de alto riesgo. Piensa que es impreciso, "ya que calificar a todos los diferentes tipos de trabajo que se realizan en un puerto como riesgosos no se ajusta a la realidad, porque se trata de oficios muy diversos".

"Habría que preguntar por qué no incorporar otras actividades que parecen ser más riesgosas, como las que se desempeñan en la minería, la pesca, la construcción, los choferes del transporte público o las policías", reflexionó.

En definitiva, calificó ésta y muchas otras propuestas aprobadas como "una extraña mezcla de diferentes temas inconexos que obedecen a satisfacer intereses corporativistas y objetivos políticos partidistas".

"Cambiará la relación que se ha dado entre los puertos y las comunidades que han sido despojadas de sus bienes".

Tania Madriaga, Convencional (CP)

"Producirá desincentivos a los capitales privados, que verán a la política portuaria como algo inestable".

Raúl Celis, Convencional (RN)

"Si los puertos empiezan a tributar en sus territorios, la actividad portuaria comenzará a ser vista de mejor manera por la ciudadanía".

Javier León, Vicepdte. Cámara Aduanera

Hoy, desde las 9 de la mañana, se reanudará la audiencia preparatoria del juicio oral en contra de seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), por el caso denominado Crudo Iraní.

Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción desestimara la petición de la defensa de los ejecutivos de declarar la incompetencia del Juzgado de Garantía de Talcahuano y de excluir como querellantes al Consejo de Defensa del Estado y a los residentes de Quintero y Puchuncaví.

Remberto Valdés, abogado representante de 1.434 víctimas de intoxicación en la zona, indicó que "a la fecha Enap no ha obtenido ningún resultado, siendo rechazadas todas sus solicitudes, lo que confirma la derrota de su postura". Agregó que "la ruta sigue despejada para que el juicio oral se lleve a cabo a la brevedad posible".

"No hay duda de que los seis ejecutivos de Enap serán condenados por este delito ambiental y se obtendrán altas condenas, proporcionando así justicia para las miles de personas vulneradas", puntualizó Valdés.

Pruebas contundentes

Al respecto, Manuel Pizarro, director de la ONG Red Infancia Chile, comentó sus expectativas de que el proceso judicial pueda seguir su curso.

"Llevamos casi cuatro años junto con Remberto (Valdés) y la Fiscalía trabajando en esto, para que por fin y por primera vez en la historia de Chile, y por qué no a nivel mundial, se haga justicia con las empresas que contaminan a las personas", expresó el dirigente.

Pizarro añadió que "hay un montón de carpetas investigativas que hoy día, y a través del tiempo, han demostrado que Enap es responsable de la contaminación en Ventanas en el año 2018, y que tuvo a más de 1.800 personas con una intoxicación que nadie sabía. Esperamos que Enap acepte esa responsabilidad".

En tanto, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, indicó que "es un tema trascendental" dentro de las causas judiciales por la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. El municipio participa como tercero coadyuvante en el juicio.

"Esto tiene que generar la conciencia de que estamos en el proceso de traspaso. Cuando me refiero a esto, es que todas estas acciones que puedan ocurrir detrás de una acción judicial, o incluso de la voluntad política y del empresariado privado, tiene relación con pasar a ser una comuna que está en un proceso de cambio, que pasa de una zona de sacrificio a una zona de recuperación medioambiental, tan necesaria para los ciudadanos, y qué mejor que partiera con una señal de carácter judicial", expresó.

"No hay duda de que los seis ejecutivos de Enap serán condenados por este delito ambiental y se obtendrán altas condenas".

Remberto Valdés, Abogado

"Hay un montón de carpetas investigativas que (...) han demostrado que Enap es responsable de la contaminación en Ventanas en el año 2018".

Manuel Pizarro, Director ONG Red Infancia Chile