"La idea es trabajar con sentido de urgencia para llevar recursos económicos, policiales y preventivos"
Hace poco más de dos semanas asumió Alejandra Romero Carvajal (37 años) como coordinadora regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La trabajadora social, de las filas de Convergencia Social, quien se desempeñó como encargada de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de Valparaíso, tiene un arduo trabajo en la zona debido a las complicaciones que existen por el aumento de diversos delitos y la urgencia por mayor seguridad que pide la comunidad.
Dispuesta al trabajo colaborativo bajo el concepto de seguridad preventiva, a la articulación de alianzas y consciente de la realidad, Romero enfatiza que debe existir una respuesta de "justicia territorial" a lo que viven los habitantes de las 38 comunas que componen la región, por lo cual se está trabajando arduamente. El Plan de Seguridad Regional y la modificación de los planes comunales son parte de las acciones a priorizar, además de un trabajo colaborativo entre todos los actores de una ciudad, tanto públicos como privados.
- Al llegar al cargo, ¿qué análisis hace y cuáles son los desafíos?
- Nos tomamos el cargo con mucha responsabilidad, porque sabemos, para nadie hoy día es un secreto, que las problemáticas de seguridad son las que a la ciudadanía, en general, más le aquejan y en las que más tienen intereses puestos. Nos tomamos al mismo nivel las estadísticas delictuales, donde hay algunos puntos en la región, principalmente en la capital regional, y en algunos flujos que tienen que ver cómo se conecta la región con otras regiones que tienen focos delictivos más preponderantes que otros. Al mismo nivel nos tomamos la percepción de seguridad que tiene que ver con una cuestión más subjetiva que no necesariamente está anclada a delitos y comisión delitos como tal, pero sí tiene un correlato con la situación del entorno de las ciudades, de la regulación territorial y los fenómenos que se están viendo pospandemia.
- Tras el análisis en materia técnico-preventiva, ¿cuáles son las acciones directas a corto plazo?
- Trabajamos tres materias en el corto plazo. La primera tiene que ver con una política que emana desde el Ministerio del Interior y que se coordina a nivel nacional, que tiene que ver con la redistribución policial que responde a un criterio de justicia territorial que sabemos que no nos resuelve el problema en el largo plazo, pero que sí bajo un modelo multicriterio nos permite definir dónde llevar el recurso policial hoy día. Segundo, estamos articulando y generando el Plan Regional de Seguridad Pública, que responde a una estrategia de coordinación a nivel nacional al alero de la Ley 20.502 que rige al Ministerio del Interior, y ahí tenemos obligatoriedades legales que tienen que ver con establecer las prioridades de delitos que vamos a trabajar en las comunas.
Plan regional
- ¿Qué es lo que se realiza?
- En este minuto estamos abocados a establecer prioridades principalmente. (...) Se manejan materias estadísticas que son diagnósticos; sin embargo, las materias exceden las capacidades concretas que tenemos, entonces, lo que estamos haciendo es establecer prioridades a partir de lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito ha incorporado. Estamos estableciendo prioridades tomando en consideración las estadísticas que se tienen, pero también incorporando la visión de las actorías sociales con un criterio de participación. (...) Hoy día las necesidades locales son muchas, entonces no estamos haciendo un diagnóstico solamente desde la conversación de actores para generar políticas, planes y programas.
- ¿Cómo se traduce eso en acción concreta?
- En concreto, al mismo tiempo que vamos tomando los insumos para priorizar estamos llevando los servicios que contamos. Estamos conscientes que la oferta en general en materia de seguridad todavía es precaria o no suficiente para las necesidades sociales, económicas, de todo tipo, pero sí ahí pongo el punto que la mejora de la eficacia de políticas de seguridad pasa por acuerdos globales. La idea es trabajar con sentido de urgencia para llevar los recursos económicos, policiales y los dispositivos de prevención.
- ¿Cuál es el plazo para dar a conocer a nivel regional este plan?
- Los plazos que se manejan a nivel nacional es que en julio el plan ya esté sancionado. Nos damos todo mayo para poder establecer las coordinaciones, las reuniones y todo lo que sea necesario para hacer aparecer estas prioridades y luego trabajarlas con los actores que están convocados al Consejo Regional de Seguridad Pública.
- ¿En julio, entonces, habría medidas concretas para decir qué es lo que va a pasar en materia de seguridad en la región como se hizo con el reforzamiento de carabineros en Valparaíso?
- El Plan Regional es un instrumento de gestión que te permite coordinar y, sin perjuicio de eso, hay materias que son de corto alcance y de corto plazo que están funcionando desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. La redistribución policial es una de ellas que, evidentemente, nosotros tenemos que hacer, llegar a todas las comunas de la región, y en este momento estamos cubriendo la comuna de Valparaíso. Tenemos que saber resolver esa brecha y esa una prioridad que esta dictada a nivel nacional.
Trabajo en comunas
- De acuerdo al diagnóstico que se ha realizado, ¿cuáles son las comunas de mayor prioridad de acuerdo a los delitos? ¿Dónde está la mayor urgencia?
- En la redistribución policial se usó un sistema multicriterio que tenía que ver con la distribución de delitos de mayor connotación social entre enero del 2021 y enero del 2020, las llamadas al sistema 133 y además la categorización que hace Carabineros de la priorización de servicios policiales por la ocurrencia de delitos. Con eso se hizo una priorización inicial y acá resultó, en ese sentido, favorecido Valparaíso para despachar la dotación de 100 funcionarios. Ahora, en lo que está trabajando la Subsecretaría de Prevención del Delito es en ampliar ese criterio para poder ir disponiendo en diferentes comunas con un criterio que sea más flexible todavía, que no lo pudimos hacer en el periodo de un mes.
- ¿Se van a considerar más variables?
- Sí, la idea es considerar más variables, más criterios para poder redistribuir, porque todas la comunas en sí tienen sus propias problemáticas que son de relevancia. Lo que se determinó de Santiago fue un multicriterio a nivel nacional y eso no es suficiente para hacer las lecturas locales. Como servicio público no puedo establecer que hay una comuna más prioritaria que otra porque tiene que derivarse el servicio a todas las comunas y llegar al último rincón de la región. En lo preventivo, nosotros estamos desplegados en las 38 comunas a través del programa Red Nacional de Seguridad Pública, donde se les entrega asesoría directa a los municipios para que elaboren sus planes de seguridad pública y los ejecuten.
- ¿Es necesario trabajar con las 38 comunas la actualización de estos planes?
- Ese es el desafío que tenemos y debemos lograrlo, nos hemos puesto esa meta y no vamos a esperar menos. La ley exige a las comunas que hagan un plan cada cuatro años. Sin perjuicio de eso, las comunas lo van actualizando año a año y ahí se van estableciendo otras medidas que incluso no están asociadas directamente al orden público.
- ¿Este año todos deben actualizar su plan?
- Están en proceso de actualización. Algunas ya lo tienen totalmente actualizado y otras están en materia de actualización. Es más, los alcaldes tienen obligatoriedad de dar cuenta pública de las acciones de seguridad que se realizan año a año. Eso hace cinco años estaba más difuso, ahora estamos en otro pie y las comunas han tomado hacerse parte de la actoría que debe ocurrir para que los temas de seguridad pública funcionen.
"Estamos estableciendo prioridades tomando en consideración las estadísticas que se tienen, pero también incorporando la visión de las actorías sociales con un criterio de participación". "Los plazos que se manejan a nivel nacional es que en julio el plan ya esté sancionado. Nos damos todo mayo para poder establecer las coordinaciones, las reuniones".
"La idea es considerar más variables, más criterios para poder redistribuir, porque todas la comunas en sí tienen sus propias problemáticas que son de relevancia".