Seguridad ausente en el borrador constitucional
Los derechos sociales que presenta la propuesta no lograrán efectividad sin las garantías de un Estado de derecho. En cuanto al derecho a la vivienda, no solo se trata de la posesión de un techo digno, sino que también de la seguridad de ese espacio, cuya vulneración se ha convertido en habitual.
¿Se hace cargo el borrador de la propuesta constitucional del tema de la seguridad, dominante en la agenda nacional en los últimos tiempos? Pregunta pertinente, pues los derechos sociales enunciados en parte del voluminoso proyecto de 499 artículos solo tienen eficacia en un marco de seguridad.
Son recurrentes en estos días actos delictuales hasta ahora desconocidos en el país, como los secuestros, casos en aumento en nuestra zona. Estos ilícitos se suman a otros de máxima gravedad, los homicidios. En ambas situaciones hay una abierta vulneración a los derechos humanos, a la vida en concreto.
Por otro lado, cuando se habla del derecho al trabajo, en cualquiera de sus formas, la seguridad resulta esencial para la inversión, la creatividad y para el desarrollo de toda actividad, esto tanto para el emprendedor como para el trabajador. Ahí está el riesgo constante en el área rural de la Araucanía.
En cuanto al derecho a la vivienda, no solo se trata de la posesión de un techo digno, sino que también de la seguridad de ese espacio donde se desarrolla la vida familiar. La vulneración de ese espacio se ha convertido en algo habitual que cubre a todos los sectores de la sociedad -ni la residencia de una ministra ha escapado a los ataques- y que obliga a tomar precauciones que convierten a la vivienda en una verdadera prisión ante la amenaza de los antisociales.
La crisis de la seguridad llega ahora a su punto máximo ante los hechos de violencia que afectan a personas y bienes en la macrozona sur. Hay muerte, destrucción y amenazas al Estado de derecho que son verdaderos chantajes a los poderes del Estado, tanto al Ejecutivo, desorientado y dividido, como al Legislativo, que debe abordar normas que den mayores medios para proteger a la comunidad de la acción de grupos extremistas que esgrimen la causa mapuche.
El proyecto constitucional que será sometido a un plebiscito de salida con voto obligatorio, el próximo 4 de septiembre, se desentiende de los actos de terrorismo que están afectando a esa zona y no se adelanta a condenar otros que podrían alterar la vida nacional. Se vio al inicio del trabajo de la Convención que su primera presidenta, Elisa Loncon, eludió condenar los hechos de violencia que se producían en el sur, cómoda posición que fijó una línea para la normativa.
Incluso durante los debates ha primado en la Convención un ánimo refundacional para las policías, buscando limitar su acción y estructuras y, de algún modo, desalentando su tarea en la compleja contingencia actual.
Viene ahora la llamada etapa de armonización, en que se intentará coordinar todos los aspectos de la propuesta, pero ello no significa alterar la línea gruesa ya establecida, que deja un sabor incierto en muchos aspectos y, en particular, en el acuciante tema de la seguridad, materia que toca, en último término, la vida diaria de toda la población.