Ayer se realizó la segunda reunión entre el comercio y los vecinos de Valparaíso, tras el fallo de la Corte de Apelaciones que mandató acciones a Carabineros, la Delegación Presidencial y al municipio porteño, en el marco de un recurso de protección que interpusieron los residentes del sector de Plaza Aníbal Pinto y subida Cumming, por ruidos molestos y aumento de la delincuencia.

En la instancia, los actores locales plantearon su preocupación por los problemas de seguridad en la Ciudad Puerto, aunque no llegaron a una conclusión definitiva. Tras la reunión, valoraron las medidas que anunció la delegada presidencial, Sofía González, en la Comisión de Seguridad del Senado, respecto a la creación de "fuerzas de tarea", y reconocieron que el gran problema para mejorar la seguridad en la zona es la falta de coordinación y fiscalización, principalmente por parte del municipio porteño.

El comercio ambulante, la falta de ordenamiento territorial y, según los vecinos, "la diferencia de criterios", son aspectos a solucionar para llegar a un punto de acuerdo entre las partes y activar medidas de recuperación del espacio público. La presidenta del Eje Ecuador, Delia Soto, recalcó que "tenemos problemas de fiscalizaciones. Sabemos que hay, pero son pocas, y solo tenemos 13 inspectores".

Explicó que "las fiscalizaciones en la zona roja de cerro Alegre, cerro Concepción, subida Ecuador y Cumming se deben hacer en horario nocturno y no sabemos qué pasa al respecto. Subida Ecuador está copada y hay un desorden que no se aguanta. Sabemos que por parte de la Delegación hay ganas para un buen trabajo. Esperamos acciones, porque llevamos 5 años sin acuerdos. Acá falta gestión del municipio".

Asimismo, el abogado que presentó el recurso de protección y estuvo presente en la reunión, Rodrigo Díaz Yubero, valoró que "se haga una reunión como el deseo de materializar la necesidad de coordinar y que se haya invitado a vecinos también. Pero la Corte estableció que la coordinación supone un propósito común y en estas reuniones uno advierte que no existe una mirada común. Por ejemplo, mencioné el tema de los ruidos, donde hay consenso en que es excesivo, y expuse que la Municipalidad de Valparaíso, hace no tanto tiempo, dictó una ordenanza cuya implementación ha sido desastrosa desde el punto de vista de la bulla en la ciudad".

Agregó que "desde el municipio afirmaron que el tema del ruido lo ven de una manera distinta y creo que ahí hay un tema donde las miradas se cruzan. También pasa con el comercio ilegal, que es el factor de la comisión en cadena de una serie de delitos; sin embargo, ahí también uno ve que no existe la misma disposición para enfrentar el tema entre los distintos actores. Hay algunos que lo ven con una cierta lenidad, con una cierta tolerancia, con contemplación, que es lamentablemente el caso del municipio, y para lograr resultados se requiere una mirada común".

El presidente de la Unco de Valparaíso, Isaac Alterman, no estuvo en la reunión, pero sí en la Comisión del Senado, de la cual manifestó que lo planteado por la Delegación "nos parece el modelo correcto". Detalló que "esto está abocado en el plan de Valparaíso y la ciudad es mucho más grande, por lo que tenemos conversaciones con la Delegación para una reunión la próxima semana para comenzar a ver por zonas. Entendemos también que hay tareas comunes y se debe comenzar a generar esa agenda con los vecinos".

Comercio

En tanto, desde el comercio estuvieron presentes en la reunión la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Evelyn Henríquez; el presidente de Comercio Unido de Valparaíso, Héctor Arancibia, y el presidente de los locatarios nocturnos, Raúl Rojas.

Henríquez valoró lo expuesto por la delegada González de activar una "fuerza de tarea" en áreas críticas. Expuso que "la dotación de los 100 carabineros se supone que estará hasta fin de mes. Retornarán a su lugar de origen, por lo que vamos a volver a nuestra realidad con una escasa dotación, con una situación instalada súper compleja a nivel ciudad, entonces, el pensar en un plan más integral, que la delegada proponga también medidas que tengan focos en ciertos barrios, con cierto nivel de dedicación especial, claramente lo agradecemos. La seguridad es la base para poder reactivar económicamente a Valparaíso, pero además genera condiciones de la calidad de vida para sus habitantes".

En tanto, el dirigente Rojas expuso que "la idea era que ahora nos juntáramos con propuestas, porque la problemática todos la conocemos. De todas las ideas y reclamos, todo apunta a la inseguridad que estamos viviendo día a día. Esto nos lleva a un comercio informal que no ha sido fiscalizado, a malas prácticas que se han realizado en estas dos últimas semanas con infracciones de alcoholes que no se justificaron y tuvimos que apelar, y apunta a la solución de un Valparaíso más seguro".

Afirmó que "presentamos unas propuestas, pero de la Delegación Presidencial quieren hacer lo mismo que han hecho siempre de salir a fiscalizar al comercio establecido y no al informal y ahí sabemos que está el problema, en la calle. Hay pocos carabineros, pocos fiscalizadores municipales, y se debe hacer un trabajo en conjunto.

"Por parte de la Delegación hay ganas para un buen trabajo. Esperamos acciones porque llevamos 5 años sin acuerdos".

Delia Soto, Presidenta de E je Ecuador

"La Corte estableció que la cordinación supone un propósito común y en estas reuniones (...) no existe".

Rodrigo Díaz Yubero, Abogado y vecino

"La dotación de los 100 carabineros, se supone que va a estar hasta fin de mes. A fin de mes van a volver a su lugar".

Evelyn Henríquez, Cámara Comercio Valparaíso

Tres años después que publicara el informe de auditoría que realizó a la Municipalidad de Viña del Mar, en el cual concluyó que existía un déficit de "$17.585 millones en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017", la Contraloría General de la República (CGR) terminó el sumario que indagó las responsabilidades administrativas asociadas a este problema financiero en las arcas municipales.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este Diario, el sumario -que fue sugerido en la conclusión de la auditoría- detalla tres ítems de las finanzas municipales que presentan irregularidades durante la administración de la exalcaldesa, Virginia Reginato, quien fue destituida de su cargo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras una acusación por notable abandono presentada por varios ediles.

Hubo tres faltas graves, por las cuales la CGR propone a la Municipalidad de Viña del Mar sanciones a tres funcionarios, que en el tiempo de la investigación prestaban servicios al municipio en diversas reparticiones. El plazo para responder por parte de la casa consistorial a la Contraloría son 20 días hábiles.

Detalles de medidas

La primera irregularidad detectada por el ente fiscalizador dice relación con la "falta de registro de deuda y déficit presupuestario", por lo que se propone la destitución del exadministrador municipal, Pablo Staig Araujo y la suspensión del empleo del exdirector de Finanzas, Manuel Echeverría León.

En este caso de falta de registro de deuda y déficit, Contraloría estimó que la exalcaldesa, Virginia Reginato Bozzo, le asiste responsabilidad administrativa, pero se determinó que los antecedentes no serán remitidos al Concejo Municipal porque ya fue sancionada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que implicó que no pudo asumir como concejala.

La segunda anomalía detectada se refiere a la información entregada por la exalcaldesa Reginato en las cuentas públicas de los años 2015 al 2017. La figura de la Unión Demócrata Independiente (UDI) entregó información sobre la situación presupuestaria del municipio que no concordaba con la que fue provista por la Dirección de Control de la misma entidad edilicia.

Por este motivo, el sumario propuso sancionar por segunda vez a Staig, ahora con una multa del 20% de su remuneración mensual (que es lo máximo que se indica en este tipo de causas). Al igual que en la categoría anterior se derterminó responsabilidad por parte de la exjefa comunal. También se determinó que los antecedentes no fuesen entregados al Concejo Municipal porque ya hubo sanción del Tricel.

En el tercer punto del sumario, en tanto, se sugiere por parte de la Contraloría la destitución de Miguel Salvo Bertini, quien ejercía el cargo de jefe de las secciones de Aseo, Parques y Jardines, porque tras la investigación se detectó que hubo responsabilidad en diversas irregularidades en la ejecución de contratos realizados por el municipio para la provisión de personal, especialmente en lo que refiere a la imposibilidad de acreditar las labores ejecutadas por algunos de los trabajadores contratados por empresas contratistas.