Ausencia de respaldo civil a Fuerzas Armadas
Caso de remoción del contraalmirante jefe de la Defensa es una pésima señal para los efectivos militares que custodian rutas de macrozona sur. Para el almirante (r) Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada, se trata de "una mala y equivocada señal de parte del Gobierno, porque todo hace suponer que se doblegó a las presiones de la izquierda más extrema".
El pecado del contraalmirante Jorge Parga fue haber defendido a un subordinado que, conduciendo un camión en el marco de los hechos de violencia de octubre de 2019, arrolló a un manifestante, quien falleció. El vehículo conducía a infantes de marina llamados a controlar desmanes y saqueos que amenazaban Talcahuano.
El jefe naval en esa oportunidad sostuvo que "la Armada, como institución, va defender a su servidor, a su funcionario, porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. De ninguna manera él cometió homicidio". Sin embargo, el conductor, cabo Leonardo Medina, sería formalizado y condenado por homicidio simple.
Ahora, con ocasión del estado de excepción aplicado en las provincias de Arauco y Biobío, el contraalmirante Parga fue designado jefe de la Defensa Nacional en la zona, pero duró solo dos días en esa función, pues el Gobierno decidió removerlo ante la mencionada situación.
La vocera oficialista, Camila Vallejo, afirmó que "conocido el antecedente, se procedió a actuar" y justificó la decisión y el supuesto desconocimiento de los hechos en el Ministerio de Defensa como "una responsabilidad del Gobierno en general". La vocera aludió, además, al respeto por los derechos humanos y confirmó que el propio Presidente de la República tomó la decisión de remover al alto oficial tras conocer los antecedentes y comunicarse con los padres del manifestante fallecido.
La rápida decisión de La Moneda -contrasta con vacilaciones ante otras situaciones como el caso Llaitul- se podría asimilar a la situación de la Seremi de Transportes de Valparaíso, cuyo extitular duró solo 36 días en el cargo. Parecido el caso, pero de mucha mayor gravedad. Con la determinación presidencial se da una negativa señal a todos los efectivos destacados en la macrozona sur protegiendo las rutas ante la acción terrorista.
Ya el decreto mismo que establece el estado de excepción aparece como limitante para la tarea de resguardo encomendada a las Fuerzas Armadas. Ahora, con esta decisión que afecta a un jefe que expresó su "convicción" de la inocencia de un subordinado, hay una velada advertencia a todo el personal destacado en la conflictiva zona. Falta un efectivo respaldo de la autoridad civil, como bien lo advierte el exministro de Defensa del gobierno anterior, Baldo Prokurica.
Para el almirante en retiro Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada, se trata de "una mala y equivocada señal de parte del Gobierno, porque todo hace suponer que se doblegó a las presiones de la izquierda más extrema".
Ante la decisión, la Armada, escuetamente, comentó que "es una atribución del Presidente". Estoica, disciplinada actitud en la víspera de este 21 de mayo en que se recuerda el sacrificio de Prat con un homenaje al cual asistirá el Presidente Gabriel Boric.