Claudio Ramírez

Casi una década ha pasado desde que se licitó el proyecto de expansión del Terminal 2 de Valparaíso y, a la luz de los hechos, la iniciativa deberá seguir esperando. Esto, porque ayer, en el último capítulo de esta historia, el Segundo Tribunal Ambiental resolvió anular parcialmente y suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2018.

La sentencia advierte que el proyecto no podrá ser ejecutado hasta no contar con una RCA complementaria que considere los aspectos cuestionados por el tribunal, los que derivan de dos reclamaciones. Hay otra realizada por la EPV y que fue acogida, dejando sin efecto un punto que le imponía a la estatal como condición para desarrollar la infraestructura, la evaluación y aprobación del proyecto de accesibilidad al Puerto de Valparaíso. Otras cuatro reclamaciones fueron rechazadas.

Vicios de legalidad

Según el análisis de los ministros, tanto la decisión administrativa que resolvió los recursos interpuestos contra la RCA y que calificó ambientalmente favorable el proyecto, como el propio documento contienen vicios de legalidad que llevaron al tribunal a declarar su nulidad, "ordenando que se retrotraiga el procedimiento de evaluación".

La sentencia señala que no fueron consideradas debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por Rosa Martínez Moraga y Gonzalo Ilabaca Astorga "en lo referido a la evaluación de la eventual alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por la expulsión de los pescadores y eliminación de la Caleta Sudamericana, así como en la evaluación y predicción del impacto ambiental sobre el paisaje y a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación tanto para dicho componente como para el patrimonio cultural e histórico".

El Tribunal ordenó que se retrotraiga la evaluación ambiental hasta la etapa de dictarse un nuevo ICSARA que se refiera, únicamente, a lo puntos antes mencionados para que el titular proceda a la presentación de una nueva Adenda con ese solo objeto (...) y proceder a una calificación que complemente la RCA de 2018.

Los ministros resolvieron, además, "suspender los efectos de aquella parte no anulada de la RCA por todo el tiempo que dure la evaluación ambiental de la parte viciada, hasta la dictación de la RCA complementaria. De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución".

"El fallo es parcial en algunos temas y con ello deja suspendida la RCA hasta que no enmiende lo que se plantea. Ahora, deja la puerta abierta porque eso se podría solucionar, pero la misma EPV abrió un diálogo en que señala que las cosas se van a hacer de manera más consensuada", aseveró Rosa Martínez, quien destacó que "el propio ministro de Transportes (Juan Carlos Muñoz) dijo que la ampliación debe ser en armonía con la ciudad y este proyecto no tiene nada de eso".

"Se ha ido construyendo una opinión pública de que ya no se pueden construir expansiones portuarias de esa envergadura sin contar con la aprobación ciudadana", agregó.

Por su parte, Gonzalo Ilabaca manifestó su conformidad, pues los dos puntos que puso en la reclamación, la Caleta Sudamericana y el tema patrimonial, fueron acogidos.

"Esto quiere decir que la EPV y el concesionario nunca pusieron atención al estudio de impacto patrimonial que hizo Juan Luis Isaza. (...) Creo que no hay que seguir perdiendo tiempo en esto y aprovechar instancias como el Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto", subrayó, destacando la importancia y el potencial que tiene el patrimonio.

"Esperamos que la EPV no insista con un nuevo T2 en el mismo lugar, porque sería poner en riesgo nuevamente el proyecto", agregó.

En tanto, el alcalde Jorge Sharp dijo que "la resolución se ajusta al principal acuerdo que hoy por hoy tenemos con la EPV, que es superar definitivamente el T2 y avanzar hacia un nuevo proyecto de expansión portuaria, el cual es indispensable para el desarrollo de Valparaíso", agregando que "cualquier acuerdo de proyectos específicos que alcancemos con la EPV debe responder a dos condiciones: involucrar la participación de toda la ciudad y ajustarse a los más altos estándares ambientales".

"El propio ministro de Transportes dijo que la ampliación debe ser en armonía con la ciudad y este proyecto no tiene nada de eso".

Rosa Martínez, Reclamante

"La resolución se ajusta al principal acuerdo que hoy por hoy tenemos con la EPV, que es superar definitivamente el Terminal 2".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

A través de una declaración pública, la Empresa Portuaria de Valparaíso, titular del proyecto, se refirió a la sentencia que, precisó, "se da a conocer en el contexto de importantes avances por parte de EPV en la construcción de una mirada renovada sobre la relación ciudad-puerto", que es fruto de un proceso de diálogo que la empresa impulsa desde 2020.

Agrega que a partir de este proceso de diálogo "se están evaluando distintos escenarios posibles para concretar una ampliación portuaria que responda a las necesidades de la ciudad y, al mismo tiempo, permita atender los requerimientos del comercio exterior del país".

Por último, junto con valorar la aclaración respecto de la accesibilidad, reitera su "firme compromiso por seguir dialogando y trabajando para lograr una ampliación portuaria que sea consensuada con la ciudad y que sea vista como una oportunidad de crecimiento conjunto para toda la comunidad".

Ante el Consejo para Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se comprometió a que la recuperación de ambas comunas aquejadas por varios episodios de contaminación será una prioridad para el Gobierno.

La secretaria de Estado dijo que se implementará una estrategia multisectorial que busca el desarrollo sustentable en las llamadas "zonas de sacrificio". "Para esta administración, la recuperación social y ambiental de estas comunas es una preocupación de primer orden, no solamente porque está en nuestro plan de gobierno, sino que también porque esto ha sido una política de Estado que comenzó en el año 2014. No quisiéramos dejar de reconocer esto", expresó la ministra.

Agregó que "entendemos que en los últimos años este proceso no ha recibido ni el apoyo ni la preocupación suficientes. Se nos hace evidente que el avance del trabajo ha sido deficiente y lento. Por lo tanto, en ese contexto, como Ministerio del Medio Ambiente y también yo, personalmente, como ministra, me comprometo aquí a darle una prioridad a este trabajo, a promoverlo y apoyarlo decididamente".

En tanto, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, explicó que se está trabajando en la actualización de las normas de emisión para termoeléctricas y fundiciones, en la primera norma primaria de calidad de arsénico, en la revisión de la red de monitoreo, un cromatógrafo de gases para el monitoreo continuo de COVs y en el desarrollo de la norma para benceno.

En la reunión también participó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien dijo que "me parece que este es un hecho inédito cuando una ministra de Medio Ambiente, el subsecretario y el gobernador regional levantan las demandas desde el territorio. La lección más importante que hemos aprendido hoy es escuchar a las comunidades e insumar a la política pública desde las demandas de los territorios".

Esval llamó a sus clientes en mora a regularizar sus cuentas de agua potable e informarse sobre los beneficios y alternativas de pago para no perder el subsidio que se aprobó para apoyar a la comunidad a cubrir las deudas contraídas durante la pandemia. Al respecto, el gerente regional de la sanitaria, Alejandro Salas, recordó que el beneficio es automático, pero para mantenerlo es necesario que no haya más de dos periodos impagos. Hicimos un importante esfuerzo para que a ninguna familia le faltara el agua durante la pandemia. (...) Ahora es importante revisar la situación uno a uno para aprovechar los beneficios de la ley aprobada", dijo.