Sebastián Mejías O.

La propuesta de algunos convencionales para que el actual Parlamento, cuya vigencia se extendería hasta 2026, solo pueda hacer ajustes a la futura Constitución con el voto favorable de dos tercios de los actuales diputados y senadores, generó inmediatamente y de manera transversal reacciones negativas. El primero en dar su mirada vía Twitter fue el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien opinó que rigidizar el nuevo texto constitucional es una mala idea porque perjudica la opción Apruebo, (…) la nueva Constitución debe establecer mecanismos razonables de reforma para su permanente perfeccionamiento, conforme a las demandas ciudadanas".

En términos prácticos, en caso de que las indicaciones propuestas por la centroizquierda sean bien recibidas por la Comisión de Normas Transitorias, y de ganar el Apruebo en septiembre, solo con el voto de 103 diputados y 33 senadores se podrían hacer modificaciones a la nueva Constitución.

Tres razones polémicas

A juicio del analista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, la polémica se produce por tres razones. La primera de ellas, plantea, es que "hay un intento de instituir una suerte de "corralito constitucional" para evitar cambios o mejoras al texto una vez que sea aprobado, límite que regiría hasta 2026.

Lo segundo, para Morales, tiene que ver con que "este tipo de medidas debilitan la función representativa del Congreso". "Es correcto establecer un quorum de dos tercios para modificar capítulos o artículos centrales de una Constitución, pero hacerlo extensivo a toda la Constitución es análogo al ejercicio de Jaime Guzmán para instituir una democracia protegida", aseguró.

Como tercer punto relevante considera que es "demasiado evidente que parte de los convencionales teme una profunda reforma a la Constitución porque su distribución ideológica difiere de la que existe en el Congreso". A eso añade que los convencionales son "conscientes de que esta Constitución presenta debilidades que los legisladores intentarán corregir a la brevedad posible".

Estas son las razones que llevan al convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, a pensar que la nueva Constitución "será mucho más pétrea que la planteada por Jaime Guzmán, que propuso 2/3 para algunos capítulos y 3/5 para otros". "Me parece que es profundamente antidemocrático que el actual Parlamento no pueda hacer cambios", insistió.

"salvar al modelo"

Como contraparte a los planteamientos anteriores, el diputado Luis Cuello (PC) piensa que como "este Congreso tendrá la misión de implementar la Constitución, se hace necesario que sea estable y que toda reforma requiera un quorum más alto". En esa línea, considera que "la pretensión de algunos por reformar de inmediato la Constitución con un bajo quorum esconde el objetivo de salvar al modelo económico".

críticas de la oposición

Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) piensa que esta es "una trampa más de los constituyentes para dejar amarrado un texto". Lamentó que la idea de los convencionales "es no permitir ningún tipo de mejora o implementación".

"Le están poniendo un candado y todo lo negativo va a ser muy difícil de enmendar, porque las mayorías requeridas son demasiado altas. Aquí hay revanchismo hasta el final", aseguró.

Para Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) se trata, en la práctica, "de una trampa que impide la posibilidad de mejorar lo que salga de la Convención". Desde esa perspectiva, adelantó que si este quorum prospera "se podría pensar que es una decisión que favorece el Rechazo, por cuanto las probabilidades de reformar la propuesta, pensando en aquellos que no les gusta todo lo que está en el texto actualmente, son prácticamente nulas".

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, criticó que "la Convención pretenda pautear al Congreso". "Es sorprendente y reflejo del afán totalitario que los ha caracterizado", añadió.

"La Convención -continúa- hizo un pésimo trabajo y espero que esa nueva Constitución no se apruebe, porque en tal caso tendremos que hacerle muchos cambios en el Congreso, cambios que no pueden quedar amarrados a mayorías especiales como es la de 2/3".

"Los convencionales son conscientes de que esta Constitución presenta debilidades que los legisladores intentarán corregir a la brevedad posible".

Mauricio Morales, Analista de la U. de Talca

"El Congreso deberá implementar la Constitución y se hace necesario que sea estable y que toda reforma requiera un alto quorum".

Luis Cuello, Diputado PC

En medio del debate por las normas transitorias camino a la nueva Constitución, en caso de que se apruebe, surgió la idea de que en un plazo de seis meses el Presidente de la República envíe un proyecto de ley para el desarrollo de la Nueva Agencia Nacional del Agua, que deberá hacerse cargo, y de manera independiente al MOP, de la crisis hídrica.

Para el experto en derecho del agua, columnista en medios nacionales y profesor invitado de la Universidad Andrés Bello, Christian Rojas, que se fije la creación de una Agencia Nacional del Agua como una sola entidad que disponga o coordine a todas las administraciones públicas que tengan incidencia en materia de agua, "generará un proceso largo, pero de mejoras sustantivas de la gestión del agua".

En segundo término, considera que la existencia de organismos de cuenca hidrográficas, que es la unidad natural correspondiente a las fuentes -sean ríos o aguas subterráneas- es la gestión más eficiente, probadamente, para administrar un bien que cada vez se hace más escaso como es el agua.

"Las disposiciones constitucionales en torno a estos temas van en un camino correcto de innovación y de coordinación con la última reforma al Código de Aguas", subrayó el experto. A su juicio, la Agencia Nacional del Agua es el organismo técnico "adecuado para realizar una gestión muy compleja que hoy día, a duras penas, hace la Dirección General de Aguas, dada su competencia permanente con otras 40 agencias o servicios públicos".

Eso sí, como crítica al acuerdo y dada la delicadeza del tema, planteó que "es necesario detenerse un minuto para elaborar adecuadamente los instrumentos jurídicos que sirvan a esos fines". Christian Rojas lo plantea como cuestionamiento a la norma transitoria que mandata al Presidente de la República, en un plazo de seis meses, a enviar un proyecto de ley para la instalación de la agencia y los consejos de cuenca.

Progresividad y urgencia

Bajo la mirada de la convencional por el Distrito 6 e integrante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Carolina Vilches, el "acuerdo construido para la transitoriedad es producto de un diálogo transversal que atiende a los problemas hídricos que enfrenta Chile de manera progresiva, pero también con urgencia, en cuanto la necesidad de disponer de agua para el consumo humano". Agregó que para lograr esto último "es fundamental la redistribución".

"También se aborda la necesidad de regularizar todo el sistema de entrega de agua, a través de las autorizaciones de uso, las cuales tendrán un plazo para poder regularizarse ante la nueva Agencia Nacional del Agua", sostuvo la convencional.

En ese sentido, indicó que se da, además, "un mandato de tiempo para que se constituya esta Agencia Nacional del Agua y que pueda, bien, resolver los problemas institucionales en torno a la gestión hídrica, así como también la fiscalización y la renovación de permisos". El objetivo, remarcó Vilches, es generar "garantías por parte del Estado del derecho humano al agua".

"El objetivo es generar garantías por parte del Estado del derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas".

Carolina Vilches, Convencional Distrito 6